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Millonario fraude inmobiliario
- El fraccionamiento Las Acacias, un proyecto vendido como desarrollo habitacional que nunca se construyó. Lotes comercializados sin certeza jurídica y compradores que pagaron terrenos que no pudieron habitar ni escriturar.
- Luis Fernando Pino Barrera, hoy director del Archivo Notarial, fue quien dio fe de los contratos del fraccionamiento que terminó en denuncias por fraude inmobiliario que ha dejado a decenas de víctimas con pérdidas millonarias.
- Ya hay denuncia penal contra la empresa. Se han detectado hasta 60 víctimas potenciales en distintos desarrollos vinculados al mismo promotor.
Redacción/Sol Yucatán
La promesa de compraventa del desarrollo inmobiliario Las Acacias, en Chichí Suárez, fue protocolizada en la Notaría 20, a cargo de Luis Fernando de Jesús Pino Barrera, hoy director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, un detalle que hoy cobra relevancia en medio de una denuncia penal por presunto fraude inmobiliario que habría dejado a decenas de víctimas con pérdidas millonarias.
El contrato, firmado en 2024, dio apariencia de legalidad a una operación que, según las denuncias, nunca se concretó: las viviendas no fueron construidas, los terrenos estaban comprometidos y los compradores entregaron fuertes sumas de dinero sin recibir el patrimonio prometido.
La víctima relató a Sol Yucatán que en mayo de 2024 firmó una promesa de compraventa con el empresario Ángel Santos Moisés, quien se presentaba como responsable del proyecto. La operación fue ofrecida como preventa, con entrega pactada para el 30 de junio de 2025, bajo un esquema de enganche del 25 por ciento del valor del inmueble.
La compradora entregó 20 mil pesos de apartado y 195 mil pesos iniciales, además de pagos mensuales hasta completar 539 mil pesos, equivalentes al 25 por ciento del valor total de la vivienda, estimada en 2.15 millones de pesos.
Sin embargo, al llegar la fecha de entrega, el terreno seguía baldío, sin obra alguna iniciada.
Contrato notariado y prórroga “legalizada”
Tras los retrasos, el desarrollador solicitó una prórroga y ofreció compensaciones, lo que derivó en la firma de un addendum el 28 de julio de 2025 en la Notaría 20, con penalización del 10 por ciento si no entregaba la vivienda en diciembre de ese año.
La vivienda jamás fue construida.
La víctima asegura que el esquema fue diseñado para generar confianza: visitas al fraccionamiento, casas muestra, calles trazadas, personas viviendo en la zona y presencia de asesores inmobiliarios certificados. “Todo parecía real, legal y en operación. Esa era la trampa”, explicó en entrevista.
Al investigar el caso con abogados, la afectada descubrió que los terrenos estaban hipotecados y no plenamente a nombre del desarrollador, lo que implica que habría vendido propiedades sin ser el legítimo propietario del suelo.
Incluso, parte de los predios aparece a nombre de terceros, identificados como David, Joel y Manuel Quiñones Osorio, presuntamente vinculados a grupos empresariales de Tizimín, según registros revisados en el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY).
El esquema, según testimonios, consistía en recibir anticipos de compradores, hipotecar los terrenos como garantía de préstamos privados y continuar vendiendo propiedades sin capacidad real de entrega.
La denunciante asegura que ha identificado al menos a 10 personas afectadas, aunque un abogado involucrado en el caso habría detectado hasta 60 víctimas potenciales en distintos desarrollos vinculados al mismo promotor.
Además de Las Acacias, se mencionan otros proyectos:
• Privada Las Acacias
• Gladiolas
• Townhouses en Chuburná
Incluso hay denuncias de personas en otros estados, como Guanajuato, que aseguran haber perdido hasta dos millones de pesos en operaciones similares.
El impacto no fue solo financiero. La víctima explicó que el fraude destruyó un plan de vida que había construido junto con una familiar, con quien pretendía vivir en casas contiguas.
Además del dinero entregado, tuvo que pagar renta durante meses, contratar abogados y enfrentar daños emocionales severos. “No es solo dinero, es el patrimonio, el futuro y los sueños que te arrebatan”, declaró.
El caso pone en entredicho el papel de intermediarios, asesores inmobiliarios, instituciones registrales y notarías, que habrían permitido que las operaciones aparentaran legalidad.
La denunciante cuestiona si hubo omisiones o complicidades:
“Todo estaba notariado, todo parecía en regla. ¿Quién revisa realmente estos proyectos?”, cuestionó.
La afectada confirmó que ya presentó denuncia penal en enero de 2026 en la carpeta identificada como FGE/ORIENTE/UNADT-187/2025, con desahogo de pruebas y comparecencia de testigos programados para finales del mismo mes.
Su objetivo, dijo, no es solo recuperar su dinero, sino evitar que más personas caigan en esquemas similares, en un contexto donde los fraudes inmobiliarios se han multiplicado en Yucatán con el boom de la construcción y la llegada de inversionistas externos.
El caso de Las Acacias se suma a una lista creciente de desarrollos denunciados por preventas fraudulentas, hipotecas ocultas y contratos sin respaldo real.
Especialistas advierten que el auge inmobiliario ha sido aprovechado por desarrolladores sin solvencia, que utilizan estrategias de marketing, brokers certificados y contratos notariados para captar recursos, sin capacidad de cumplir.
La víctima ha comenzado a visibilizar el caso en redes sociales y ante legisladores, buscando impulsar reformas para endurecer la regulación del sector inmobiliario y evitar que las preventas sin respaldo sigan devastando patrimonios.
“Si no recupero mi dinero, al menos quiero que esto no vuelva a pasarle a nadie más”, afirmó.
