Marín deja rastro de huachicol

• El exdirector de Aduanas dejó el cargo rodeado de investigaciones por presunto contrabando de combustible, evasión fiscal y omisiones millonarias.

Redacción/Sol Yucatán

La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) no ocurrió en silencio. El exfuncionario federal, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó el cargo el pasado 31 de marzo de 2026 envuelto en señalamientos por el crecimiento del llamado huachicol fiscal, considerado ya como uno de los mayores esquemas de saqueo y evasión en la historia reciente del país.

Ahora, como delegado de la Secretaría del Bienestar en Yucatán, resurgen investigaciones, reportes y cuestionamientos que apuntan directamente a su paso por las aduanas mexicanas, una etapa marcada por decomisos insuficientes, presuntas omisiones, irregularidades financieras y sospechas de protección a redes de contrabando de combustibles.

Durante su gestión al frente de la ANAM, diversas investigaciones periodísticas exhibieron cómo el ingreso ilegal de hidrocarburos se disparó mediante esquemas de simulación fiscal. Uno de los casos más escandalosos ocurrió en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron un buque en el puerto de Tampico con más de 10 millones de litros de diésel.

La embarcación había declarado la carga como “aditivos para lubricantes”, presuntamente para evitar el pago de impuestos federales. El caso detonó investigaciones sobre una red que operaba mediante empresas fachada, funcionarios aduanales y operadores portuarios ligados al tráfico ilegal de combustibles.

Reportes de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que el esquema tenía conexiones con Reynosa y presuntos vínculos con funcionarios del Sistema Portuario Nacional. El escándalo derivó incluso en la caída de mandos navales y personal portuario en Tamaulipas.

Sin embargo, las críticas más fuertes apuntan a la actuación de la propia Agencia Nacional de Aduanas durante el periodo de Marín Mollinedo. Datos periodísticos señalan que entre 2024 y 2025 al menos 31 buques ingresaron combustible al país sin declararlo correctamente ante autoridades fiscales y aduaneras.

A pesar de que la Secretaría de Marina había alertado desde 2021 sobre operaciones de huachicol fiscal en puertos mexicanos, reportes indican que la ANAM prácticamente no realizó aseguramientos relevantes de hidrocarburos durante ese periodo, limitándose únicamente a decomisos menores en ciertas aduanas específicas.

El tema tomó mayor dimensión cuando comenzó a manejarse una cifra alarmante: pérdidas estimadas de hasta 600 mil millones de pesos derivadas del contrabando de combustibles y evasión fiscal. Aunque posteriormente ese cálculo desapareció de documentos oficiales, el dato encendió aún más la polémica alrededor del exdirector de Aduanas.

Paradójicamente, el propio Rafael Marín Mollinedo aseguró durante su gestión que gracias a operativos coordinados con el Gobierno Federal se habían recuperado alrededor de 200 mil millones de pesos vinculados al combate al huachicol fiscal.

Aun así, las dudas crecieron.

Diversos medios también revelaron que la Fiscalía General de la República presuntamente solicitó información específica a la ANAM sobre operaciones relacionadas con el tráfico ilegal de hidrocarburos, pero bajo la dirección de Marín Mollinedo no se habría entregado toda la documentación requerida por el Ministerio Público.

Los cuestionamientos no se limitan únicamente al tema aduanero.

Antes de llegar a la ANAM, Marín Mollinedo tuvo un papel central en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos prioritarios del gobierno obradorista entre 2018 y 2022.

Durante ese periodo, la Auditoría Superior de la Federación detectó presuntas irregularidades financieras, daños patrimoniales y anomalías en licitaciones vinculadas a la rehabilitación ferroviaria. Parte de esas observaciones ocurrieron tras el descarrilamiento de un tren que dejó 14 personas fallecidas y más de cien lesionadas.

A ello se suma que, según publicaciones, contratos y expedientes relacionados con ese periodo habrían quedado reservados.

En paralelo, el patrimonio del exfuncionario también comenzó a llamar la atención pública.