Magistrado metido en megadesarrollo

• El desarrollo “IZANA–MONTEBLANC” contempla la lotificación y urbanización de más de 2.6 millones de metros cuadrados, equivalentes a unas 260 hectáreas, con una inversión estimada extraoficialmente en al menos 3 mil millones de pesos.

• Mario Israel Correa Ríos desapareció del reparto accionario visible, sin embargo, entre los documentos disponibles no aparece ninguna cesión explícita de acciones del magistrado.

• La empresa fue creada con un objeto social extremadamente amplio, pero con un fuerte componente inmobiliario: urbanización, construcción de fraccionamientos, condominios, obras de ingeniería civil y participación en licitaciones públicas.

Redacción/Sol Yucatán

La empresa ODI Products S.A. de C.V., originalmente vinculada corporativamente al hoy magistrado estatal Mario Israel Correa Ríos, impulsa uno de los proyectos inmobiliarios de mayor escala recientemente ingresados a evaluación ambiental en Yucatán: el desarrollo “IZANA–MONTEBLANC”, en el municipio de Hunucmá.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada ante SEMARNAT, el proyecto contempla la lotificación y urbanización de más de 2.6 millones de metros cuadrados, equivalentes a aproximadamente 260 hectáreas, con una inversión estimada extraoficialmente en al menos 3 mil millones de pesos.

La historia del megaproyecto inmobiliario IZANA–MONTEBLANC no comienza en Hunucmá ni en la Manifestación de Impacto Ambiental presentada en 2026 ante SEMARNAT. Comienza varios años antes, dentro de una pequeña sociedad mercantil constituida en Mérida bajo un esquema aparentemente ordinario, pero que con el tiempo terminaría conectando a empresarios inmobiliarios, operadores corporativos, constructores, acumuladores de tierra y a un personaje que después alcanzaría uno de los cargos más delicados del Poder Judicial yucateco: el magistrado estatal Mario Israel Correa Ríos.

ODI Products S.A. de C.V. fue creada el 23 de junio de 2015 en Mérida, Yucatán. El acta constitutiva revela que la empresa nació prácticamente bajo el control de dos personas: el ciudadano panameño Abdiel Arturo Juárez Cerezo, propietario del 98% de las acciones, y Mario Israel Correa Ríos, quien poseía el 2% restante. Sin embargo, el porcentaje accionario no reflejaba necesariamente el peso operativo de Correa Ríos dentro de la estructura.

El documento muestra que recibió facultades amplísimas para representar a la sociedad: actos de dominio, apertura y cancelación de cuentas bancarias, contratación con entidades públicas, representación ante autoridades, suscripción de títulos de crédito, manejo fiscal y administración general de bienes.

La empresa fue creada con un objeto social extremadamente amplio, pero con un fuerte componente inmobiliario: urbanización, construcción de fraccionamientos, condominios, obras de ingeniería civil y participación en licitaciones públicas. En ese momento, Mario Israel Correa Ríos aún no era magistrado, pero años después sería nombrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, identificado públicamente como cercano al grupo político del exgobernador Mauricio Vila Dosal.

Con el paso de los años, la empresa sufriría una transformación profunda. Una asamblea protocolizada posteriormente muestra que Mario Israel Correa Ríos desapareció del reparto accionario visible, mientras el control de ODI Products pasó a manos de nuevos socios encabezados por Antonino Cascio González y José Manuel Ríos Rendón.

Sin embargo, entre los documentos disponibles no aparece ninguna cesión explícita de acciones del magistrado, tampoco una renuncia formal como accionista ni un instrumento público donde se revoquen expresamente los poderes que originalmente recibió. Lo único visible es que dejó de figurar en la estructura societaria justo cuando comenzó a consolidarse su carrera judicial y cuando ODI Products empezó a perfilarse como vehículo de un megaproyecto inmobiliario.

La nueva integración accionaria no pasó desapercibida. El principal accionista pasó a ser Antonino Cascio González, con 36.72% de participación, seguido por José Manuel Ríos Rendón, con 32.12%. También ingresaron Ramiro Paredes Cervera, Juan Rafael Molina Rodríguez y la empresa “Construyendo Ideas S.A. de C.V.”. A partir de ese momento, ODI Products dejó de parecer una empresa genérica para convertirse claramente en una estructura inmobiliaria.

El nombre más sensible dentro de este grupo es Antonino Cascio González. Su nombre aparece reiteradamente en investigaciones periodísticas y reportes agrarios relacionados con la concentración masiva de tierra en Yucatán. Medios regionales y publicaciones especializadas lo han vinculado con operaciones inmobiliarias sobre suelo ejidal, acumulación de solares y reservas territoriales en municipios estratégicos del estado.

Aunque no existen sentencias judiciales firmes en su contra, diversos reportes lo colocan entre los principales actores de la transformación inmobiliaria agresiva que vive Yucatán desde hace varios años.

Investigaciones periodísticas publicadas en medios regionales han señalado que Cascio González estaría relacionado con procesos de adquisición masiva de parcelas y solares ejidales en municipios cercanos a Mérida y a zonas de expansión urbana.

Algunos reportes incluso lo describen como uno de los mayores acumuladores de tierra del estado, asociado a estructuras inmobiliarias y vehículos corporativos utilizados para integrar reservas territoriales. El fenómeno se volvió particularmente visible tras el anuncio de proyectos de infraestructura federal como el Tren Maya, que dispararon la especulación inmobiliaria en corredores logísticos y periurbanos.

El contexto agrario de Yucatán ayuda a entender la magnitud del fenómeno. Gran parte del territorio yucateco sigue bajo régimen ejidal, una figura de propiedad social surgida tras la reforma agraria cardenista. Durante décadas, el suelo ejidal permaneció relativamente aislado del mercado inmobiliario formal, pero en los últimos años la presión urbana, la expansión de Mérida y los megaproyectos federales transformaron radicalmente el valor de esas tierras.

Municipios como Hunucmá, Ucú, Kanasín y la franja costera comenzaron a experimentar procesos acelerados de compra, regularización y especulación.

Es en ese escenario donde aparece IZANA–MONTEBLANC. El proyecto fue ingresado a evaluación ambiental ante SEMARNAT bajo la clave 31YU2026UD048 por ODI Products S.A. de C.V. y contempla la lotificación y urbanización de más de 2.6 millones de metros cuadrados en Hunucmá, equivalentes a aproximadamente 260 hectáreas.

El desarrollo incluye infraestructura urbana, apertura de vialidades y grandes extensiones destinadas a comercialización inmobiliaria, aunque también incorpora un polígono de conservación ambiental de más de 537 mil metros cuadrados. Por dimensiones y ubicación, especialistas estiman que el proyecto podría representar una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos y convertirse en uno de los mayores desarrollos privados de la zona poniente del área metropolitana de Mérida.

Hunucmá se ha convertido en uno de los territorios más codiciados del nuevo boom inmobiliario yucateco. La expansión de Mérida hacia el poniente, el crecimiento de Caucel, la valorización de la costa y el impacto indirecto del Tren Maya detonaron una carrera por el control de tierra periurbana. En esa disputa participan desarrolladores, constructoras, fondos privados y operadores territoriales especializados en integrar reservas inmobiliarias antes de que el crecimiento urbano eleve todavía más los precios.

El patrón que aparece alrededor de ODI Products coincide precisamente con ese modelo. José Manuel Ríos Rendón parece operar como articulador jurídico y corporativo del grupo; Ramiro Paredes Cervera y Juan Rafael Molina Rodríguez aparecen vinculados a empresas constructoras y de urbanización; mientras Antonino Cascio González representa el perfil de operador territorial relacionado con acumulación de tierra y expansión inmobiliaria. El resultado es una estructura empresarial capaz de controlar desde la adquisición del suelo hasta la urbanización y comercialización final.

La coincidencia temporal resulta políticamente incómoda. Mario Israel Correa Ríos aparece en el origen de la empresa y desaparece formalmente justo cuando la sociedad comienza a reconfigurarse alrededor de un grupo de operadores inmobiliarios y cuando él mismo consolida su posición dentro del Poder Judicial yucateco.

Aunque no existe evidencia pública de que actualmente mantenga participación en ODI Products ni de que participe directamente en IZANA–MONTEBLANC, los documentos corporativos sí acreditan una relación histórica y legal directa con la empresa que hoy impulsa el megaproyecto.

En Yucatán, donde el crecimiento inmobiliario se ha mezclado cada vez más con estructuras políticas, notariales, agrarias y empresariales, el caso de ODI Products refleja cómo los grandes desarrollos territoriales suelen construirse a partir de redes corporativas complejas, donde convergen operadores jurídicos, desarrolladores, constructores y acumuladores de tierra.

El megaproyecto IZANA–MONTEBLANC aparece así no solo como una urbanización de gran escala, sino como la expresión más reciente de un modelo inmobiliario que avanza aceleradamente sobre el territorio yucateco mientras crecen también los señalamientos sobre concentración de tierra, especulación y desplazamiento agrario.