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Los diezmos paran en tierras
- En un abrir y cerrar de ojos, el director del IDEFEEY, Gilberto Chan Padilla, adquirió tierras en Valladolid por un monto estimado en más de 4.4 millones de pesos solo en tierras
- Durante la actual administración de la 4T adquirió los de más alta plusvalía. No se trata de activos antiguos ni heredados: son adquisiciones recientes, hechas en serie, con superficies y ubicaciones precisas, registradas a su nombre.
- Comprar bienes raíces no es ilegal, hacerlo mientras se accede al poder exige transparencia reforzada
Redacción/Sol Yucatán
Entre septiembre de 2021 y marzo de 2025, Gilberto Chan Padilla, hoy director general del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (IDEFEEY), adquirió cinco predios por compraventa en el municipio de Valladolid, de acuerdo con folios del Registro Público de la Propiedad.
Las operaciones se concentran en un periodo corto y documentan un desembolso acumulado cercano a 1.7 millones de pesos, que hoy se traduce en un patrimonio inmobiliario con valor comercial estimado de hasta 4.4 millones de pesos, y que difícilmente podría comprar con su salario de funcionario público de 70 mil 500 pesos.
No se trata de activos antiguos ni heredados: son adquisiciones recientes, hechas en serie, con superficies y ubicaciones precisas, registradas a su nombre. La temporalidad importa porque estas compras se enciman con el tramo en que Chan Padilla comienza a ganar presencia en el entorno político de Morena en Yucatán y, posteriormente, llega a encabezar un organismo estatal con capacidad de ejecutar obra pública y administrar recursos vinculados a infraestructura educativa y eléctrica.
En un estado donde el crecimiento urbano y la inversión pública revalorizan el suelo, la acumulación patrimonial de un funcionario en ese mismo periodo deja un rastro que no es de rumores: es de folios, escrituras y fechas.
Gilberto Chan Padilla figura en directorios oficiales del Gobierno del Estado como titular del IDEFEEY, dependencia responsable de certificar y desarrollar infraestructura física educativa y eléctrica. Desde esa posición, su función se inserta en el circuito de la obra pública, la planeación de inversiones y la relación con proveedores y contratistas.
La relevancia pública del caso no descansa en el tamaño del patrimonio, moderado frente a otros perfiles, sino en cómo y cuándo se forma.
Los cinco predios fueron adquiridos por compraventa en Valladolid, entre 2021 y 2025. Dos operaciones se concretan en septiembre de 2021, una más en abril de 2023, y dos adicionales en diciembre de 2024 y marzo de 2025. Es decir, todas ocurren en un lapso en el que Chan Padilla consolida su presencia política y administrativa. Las superficies son pequeñas y medianas, las zonas, populares o de crecimiento moderado, y los precios, accesibles al momento de compra. Sin embargo, el valor comercial actual refleja la revalorización local y eleva el conjunto hasta 4.4 millones de pesos.
A diferencia de otros patrimonios analizados en la entidad, aquí no hay lujos ni enclaves premium. El patrón es otro: compras seriadas, cercanas en el tiempo, en un mismo municipio, con títulos claros y gravámenes liberados o en proceso de liberación. El dato duro es la aceleración: cinco adquisiciones en menos de cuatro años, todas posteriores a 2021.
El municipio de Valladolid ha experimentado un crecimiento sostenido impulsado por su conectividad, el turismo regional y la expansión de fraccionamientos populares organizados. Predios que en 2021 se compraron por 50 mil pesos hoy alcanzan valores varias veces superiores. En 2024 y 2025, las compras ya reflejan precios de mercado más altos, lo que sugiere continuidad en la estrategia patrimonial, no una operación aislada.
El interés público surge al cruzar calendarios. En 2021 se registran las primeras compras, en los años siguientes, Chan Padilla se integra al entorno político que impulsa a Joaquín “Huacho” Díaz Mena, y finalmente llega a la dirección general del IDEFEEY. No hay evidencia de ilegalidad en las escrituras revisadas. Tampoco existe, por sí sola, prueba de un beneficio indebido. Pero la coincidencia verificable entre compras recientes y acceso a una posición pública con control presupuestal amerita escrutinio.
El caso ilustra una constante en la discusión sobre ética pública y patrimonio: comprar bienes raíces no es ilegal, hacerlo mientras se accede al poder exige transparencia reforzada. Declaraciones patrimoniales claras, congruencia entre ingresos y adquisiciones, y mecanismos de prevención de conflictos de interés son la línea mínima para disipar dudas razonables.
Los documentos son públicos. Las fechas, precisas. Las direcciones, conocidas. La pregunta periodística no acusa, contextualiza. En Yucatán, donde la obra pública y la urbanización mueven millones, la vigilancia ciudadana empieza por lo básico: qué se compra, cuándo se compra y desde qué posición se compra.
Los documentos prueban compras con fechas y podrían acreditar, y más aún con un salario de 70 mil 500 pesos mensuales. Esto abre las sospechas de un uso indebido del cargo. Además, establecen una coincidencia verificable: mientras Gilberto Chan Padilla se incorporaba al proyecto político que llevó a Joaquín “Huacho” Díaz Mena al gobierno de Yucatán y era designado director general del IDEFEEY, su patrimonio inmobiliario crecía de manera sostenida mediante adquisiciones formales, recientes y plenamente registradas.
En un estado donde la infraestructura pública, la urbanización y la obra educativa mueven millones de pesos cada año, la pregunta no es si comprar terrenos es ilegal, no lo es, sino qué tan transparente resulta que un funcionario con control sobre obra e inversión pública consolide patrimonio justo en el tramo de acceso al poder.
Las fechas están ahí, los folios existen y las operaciones son públicas. Lo que falta no es documentación, sino una explicación completa: cómo se financian esas compras, cómo se reflejan en sus declaraciones patrimoniales y qué mecanismos de control existen para asegurar que la línea entre función pública y patrimonio privado no se vuelva, otra vez, invisible.
