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Los desaparecidos de Yucatán
- En Yucatán hay más de 300 personas desaparecidas, como si se las hubiera tragado la tierra. En el Estado existen madres y padres que tienen años buscando a sus hijos, y no pierden la esperanza de encontrarlos
- Hay indicios de que estas personas desaparecidas, en su mayoría menores de edad, pudieron ser enganchadas por alguna red de trata de personas y llevadas a otras partes del país o reclutados por el CJNG
- El Estado tiene cinco años en desacato. El gobierno de Mauricio Vila y ahora el de Joaquín Díaz Mena no cumplieron con un mandato federal donde especifican sobre la necesidad en todos los estados del país de una Fiscalía Especializada
Redacción/Sol Yucatán
María Gutiérrez Centeno, fundadora del colectivo «Madres Buscadoras de Yucatán», aseguró que en Yucatán existe un padrón de poco más de 300 personas que no han podido ser localizadas.
Indicó que no se cuenta con mucha ayuda por parte de las autoridades, debido a que solo se hacen esfuerzos para encontrarlas tras el reporte de desaparición y luego queda en el olvido.
En Yucatán, existen madres y padres que tienen años buscando a sus hijos, y no pierden la esperanza de encontrarlos.
«Es un verdadero infierno tener a un hijo perdido y no saber nada de él, yo lo viví en carne propia y lo encontré, aunque sea sin vida», relató la mujer.
Las autoridades de Yucatán de las diferentes administraciones se hacen a los oídos sordos y hasta ejercen violencia institucional con los familiares de mis desaparecidos.
A pesar del alto número de desaparecidos en Yucatán, no existe una unidad de búsqueda de personas, a pesar de que desde el 2019 se debió de establecer.
En la entidad, los encargados de hacer las investigaciones de búsquedas son los elementos de la Policía Estatal de Investigación y las personas asignadas a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía, sin embargo, estos últimos carecen de capacitación en el ramo y recursos.
Yucatán es uno de los 11 estados del país que no cuenta con una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, de acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Yucatán.
Desde el 2020 debió de contar con la unidad o comisión para la búsqueda de personas desaparecidas, la cual se debe de enfocar exclusivamente en la investigación y localización de personas desaparecidas.
La Unidad estará directamente bajo la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno y trabajaría de la mano con la Fiscalía General del Estado para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
El gobierno de Mauricio Vila Dosal emitió dos decretos para su creación, el 177/2020 y el 347/2020; el primero fue en febrero del 2020, un mes antes de la pandemia por el coronavirus, y el segundo en agosto de ese mismo año. Luego guardaron silencio.
Hoy en día, la búsqueda de personas está a cargo de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS) y de la Policía Estatal Investigadora.
De acuerdo con el organismo, la Fiscalía Especializada debe de contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requiera para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.
Deberá de enfocarse exclusivamente en la búsqueda, localización de personas reportadas como desaparecidas y su posterior atención.
El año pasado en Yucatán, se denunció el extravío de 236 personas, de las cuales 122 (51.69%) pertenecen a hombres y 114 (48.31%) a mujeres.
Se pudieron localizar a 225 personas, es decir, al 95.34 por ciento de las personas que fueron reportadas como desaparecidas en todo el territorio yucateco.
La activista Dariana Quintal Narváez aseguró que el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía, maquilla cifras de sus desaparecidos.
Explicó que en Yucatán hay más de 300 personas desaparecidas con nombre y apellido, quienes no han sido localizadas y no se tienen datos sobre su paradero, es como si se los hubiera tragado la tierra, porque no existen datos de ellas a pesar de la globalización a través de las telecomunicaciones y redes sociales.
Sin embargo, la Fiscalía y el propio Gobierno del Estado indican que la cifra de desaparecidos o personas no encontradas es de 78, es decir, apenas el 36%.
Hay la sospecha de que estas personas desaparecidas, en su mayoría menores de edad, pudieron ser enganchadas por alguna red de trata de personas y llevadas a otras partes del país.
Hay indicios de que personas con reporte de desaparecidos en Yucatán, ante organismos o la autoridad, habrían sido enganchados por grupos de la delincuencia ofreciéndoles trabajos bien remunerados en el norte del país, es decir, el mismo modus operandi como el Cártel Jalisco Nueva Generación enganchaba a jóvenes para llevarlos al campo de exterminio o adiestramiento en Jalisco.
Hay evidencias de que yucatecos pudieron haber estado en el rancho de Teuchitlán, por lo cual la Fiscalía de ese estado ha emitido un oficio con las evidencias encontradas en el rancho del terror como parte de las investigaciones y para avanzar en los trabajos de identificación, lo cual no quiere decir que las personas que estuvieron en ese lugar estén muertas.
El estado tiene cinco años en desacato; el gobierno de Mauricio Vila Dosal y ahora el de Joaquín Díaz Mena se niegan a cumplir un mandato federal donde especifican sobre la necesidad en todos los estados del país de una Fiscalía Especializada para la investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
La unidad estaría bajo la responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno y trabajaría de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el organismo, la Fiscalía Especializada debe de contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requiera para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.
Deberá enfocarse exclusivamente en la búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas.
Sin embargo, ambos gobiernos no han querido cumplir con este mandato, por lo cual están en desacato y lo más grave es que la lista de personas no encontradas sigue en aumento y se desconoce si fueron víctimas de algún delito.
