Las vidas que protegió Sujuy

Las deudas de la justicia ante el feminicidio en Yucatán

El feminicidio de la madre que dio la vida por defender a su hija desata indignación y enciende las alarmas ante una ola de violencia de género que dejó cinco víctimas en menos de cuatro días.
Por Claudia V. Arriaga Durán.

Sujuy Nicté Vega García era conocida por su ímpetu emprendedor y los ánimos inquebrantables con los que vivía. Atravesaba una etapa compleja, marcada por una batalla personal para denunciar una red de estafas Ponzi de la cual también había sido víctima, sin embargo, quienes la conocieron coinciden en que siempre mantenía una sonrisa en el rostro.

Hoy, los recuerdos de su alegría, su fuerza y su integridad son el tesoro más valioso para su familia y sus amistades, quienes se niegan a que su nombre sea reducido a una cifra más de la violencia de género.

El pasado 24 de mayo, Sujuy fue víctima de feminicidio. El agresor fue su expareja sentimental, Alberto, de quien se había separado aproximadamente dos meses atrás tras detectar dinámicas que fracturaron la tranquilidad del hogar. Aquella noche, bajo el argumento de no tener a dónde ir, él aprovechó la buena voluntad de Sujuy, quien le permitió pernoctar en la vivienda.

A la mañana siguiente, esa concesión se transformó en una emboscada: Alberto las agredió a ella y a sus hijas en el espacio que debió ser su refugio más seguro. Detrás de este desenlace mediaron casi diez años de relación y una hija en común.

“A Sujuy le gustaba pensar que hacía lo posible para hacer del mundo un lugar mejor. Le gustaba la crítica constructiva. Admiraba su manera de ser y pensar; era una mujer sumamente alegre e independiente”, recordó en entrevista su primo, David García.

Su voz oscila entre la nostalgia de evocarla viva y la indignación de saber cómo se enteraron de su partida. Ese domingo, la familia supo del ataque a través de una transmisión en vivo vía Facebook realizada por medios de nota roja. En medio de la confusión y el horror de las imágenes digitales, no tenían claridad sobre lo ocurrido ni sabían con certeza si se trataba de ella, hasta que las autoridades confirmaron el peor de sus temores.

Sujuy había cumplido 43 años el pasado 14 de febrero. Dividía sus jornadas entre el trabajo autónomo y el cuidado de sus dos hijas, por quienes luchó literalmente hasta el último aliento.

Su asesinato no es un hecho aislado: se suma a una escalada de crímenes de género en Yucatán que mantiene a las colectivas feministas y a la sociedad civil en una protesta permanente contra la normalización de la violencia vicaria y feminicida en el estado.

El día del feminicidio: los gritos que el Estado no escuchó

Alberto intentó ejercer violencia sexual contra Sujuy en la habitación principal, ubicada en la planta alta del domicilio. Las hijas de la víctima, de 16 y 8 años de edad, escucharon los gritos de auxilio de su madre y subieron de inmediato para intentar contener la agresión. La respuesta del sujeto fue arremeter contra la adolescente, intentando someterla y desviar el ataque sexual hacia ella.

Entre el forcejeo y el pánico, el agresor obligó a la menor a bajar las escaleras a la fuerza y se trasladó a la cocina, en la planta baja, donde tomó un cuchillo. Al percatarse de que la vida de su hija corría un peligro inminente, Sujuy se interpuso físicamente para recibir los impactos del arma blanca; fue en ese acto de protección materna donde Alberto la asesinó.

Posteriormente, en un macabro intento por exculparse y manipular la escena, el agresor le exigió a la hija menor, de apenas 8 años, que tomara el arma y le clavara el cuchillo. Ante la negativa y el llanto de la pequeña, el sujeto procedió a quitarse la vida en el lugar.

Durante el desarrollo del ataque, los gritos de auxilio de Sujuy y las menores alertaron a los vecinos, quienes se comunicaron de inmediato a la línea de emergencia 911. Una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribó al sitio. Los elementos policiales llamaron a la puerta principal, pero ante la falta de respuesta inmediata y la ausencia de ruidos perceptibles desde el exterior en ese instante, optaron por retirarse de la escena del crimen para trasladarse a otra ubicación relacionada con la familia, perdiendo minutos que pudieron ser vitales.

“Llegó la policía, pero él las amenazó con matarlas si hablaban. Como los agentes no escucharon nada desde la calle, vieron las placas del auto de mi tía y se fueron a la casa que ella tiene en la colonia San José Tecoh. No sabemos si para ese momento él ya la había asesinado o si seguían forcejeando adentro. Las niñas no salieron a abrir por puro miedo”, lamentó David García.

Los elementos de la SSP se dirigieron al predio de la madre de Sujuy, ubicado al sur de Mérida. Ahí preguntaron por ella y alertaron indirectamente a otro familiar, detonando una cadena de llamadas entre los integrantes de la familia.

Un hermano de ella vio que la información ya estaba circulando en redes sociales con imágenes de la casa y se fue de inmediato al lugar. «Me avisaron y le marqué a mi tía; cuando me respondió, noté que ya sospechaba algo, porque lo primero que me preguntó fue si el problema era con Alberto, ya que existían amenazas previas”, acotó el entrevistado.

Las secuelas: la orfandad y la rapiña mediática

La hija mayor de Sujuy, Valentina, resultó con lesiones de gravedad que requirieron intervención quirúrgica y una hospitalización prolongada. Mientras la adolescente luchaba por su recuperación física, la familia materna inició de inmediato los trámites legales para asegurar la guarda y custodia provisional de las dos menores, con el fin de evitar que fueran institucionalizadas por el Estado. Actualmente, ambas se encuentran bajo el resguardo de uno de los hermanos de Sujuy, cobijadas por su entorno familiar.

Respecto a los niveles de violencia que presenciaron y sufrieron las niñas, la organización Investigación y Educación Popular Autogestiva (IEPAAC) alzó la voz para exigir a las autoridades estatales una atención integral, inmediata y con una rigurosa perspectiva de género e infancia. La colectiva advirtió que las menores no solo fueron testigos del feminicidio de su madre, sino que fueron víctimas directas de una tentativa de feminicidio y de agresiones físicas graves.

“La niña grande estaba en urgencias por la herida con arma blanca y la más pequeña en urgencias pediátricas, presentaba lesiones contundentes en las manos producto del forcejeo”, relató el primo de la víctima.

A la par del duelo y el proceso legal, la familia tuvo que enfrentarse a la revictimización y a intentos de fraude por parte de terceras personas. Denunciaron públicamente que supuestas amistades de Sujuy utilizaron su imagen en redes sociales para solicitar colectas económicas de apoyo que jamás llegaron a los familiares ni a las menores. Asimismo, señalaron que personas ajenas al círculo cercano ofrecieron entrevistas a medios locales difundiendo versiones falsas sobre la vida privada de la víctima.

Para la familia García, las especulaciones en torno a la situación financiera de la pareja o los niveles de estrés derivados de las estafas Ponzi en las que se vieron involucrados no justifican de ninguna manera el crimen. David García aclaró que, si bien la pareja perdió cerca de un millón de pesos en dichos fraudes, ese factor no detonó la separación. La ruptura se debió a que las hijas manifestaron no sentirse cómodas ni seguras ante las conductas de Alberto.

“Sentíamos que tenían pleitos normales, pero la última vez ella nos confesó que él la había amenazado y que incluso entró a escondidas a la casa; fue ahí cuando decidió cortar todo vínculo. A él le afectó mucho la caída económica; antes trabajaba en PEMEX y, al terminar esa relación laboral, puso un negocio propio de lavado de salas y colchones, pero sus expectativas eran irse a Estados Unidos para generar ingresos, pues tenía además tres hijas mayores de otro compromiso que mantener”, explicó David.

Hoy, la exigencia de la familia es unánime: respeto a la memoria de Sujuy, cese a las especulaciones sobre su vida privada y un acompañamiento digno para las infancias sobrevivientes.

Yucatán: el mito de la seguridad frente a las cifras de la violencia

El feminicidio de Sujuy fractura la narrativa institucional que posiciona a Yucatán como un oasis de paz inalterable. Hasta la primera mitad de junio de 2026, las cifras oficiales registran de manera formal tres feminicidios en el estado, sumados a tentativas que evidencian un patrón geográfico y conductual donde los hogares se convierten en los sitios de mayor riesgo para las mujeres. La cronología de las últimas semanas del corte epidemiológico de violencia arroja un panorama alarmante:

Primer reporte de junio: Una mujer sobrevivió a un ataque armado perpetrado por su expareja en la capital del estado, quien le disparó a quemarropa en al menos dos ocasiones en la vía pública. Elementos de la SSP atendieron el reporte alrededor de las 7:00 horas. El agresor logró huir a bordo de una motocicleta con la complicidad de otro sujeto. La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital público, mientras la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierto el protocolo de búsqueda.

Miércoles 27 de mayo: En el fraccionamiento San José Tecoh, en el sector sur de Mérida, una mujer fue asesinada en el interior de su vivienda. Su pareja sentimental la degolló tras una discusión. Elementos policiacos confirmaron el deceso en el lugar y lograron detener al presunto feminicida cuando intentaba darse a la fuga por los techos colindantes. El sujeto ya enfrenta un proceso penal bajo la medida de prisión preventiva.

Domingo 24 de mayo: Feminicidio de Sujuy Nicté Vega García. Asesinada por su expareja tras intervenir para salvar la vida de su hija adolescente, quien era objeto de una agresión física y sexual por parte del agresor. El autor material se suicidó en la escena del crimen tras consumar el ataque.

A diferencia de los casos donde los presuntos responsables ya fueron aprehendidos y presentados ante los tribunales locales, el expediente de Sujuy encaja en una vertiente compleja del sistema de justicia: aquella donde el agresor extingue su responsabilidad penal mediante el suicidio. Para las colectivas de acompañamiento a víctimas, este escenario no debe significar el archivo del caso. La exigencia radica en que el Estado asuma la reparación integral de los daños para las hijas huérfanas y garantice que la memoria de Sujuy sea honrada como la de una madre que entregó su vida para evitar un doble feminicidio en su propio hogar.