Las dependencias más corruptas

• Diez dependencias estatales se encuentran bajo la lupa de la ASEY. Observaciones por más de 1,700 millones exhiben fallas en el manejo de recursos públicos.
• La percepción de corrupción aumentó con el gobierno de Morena, reportan cifras del INEGI, a pesar de que la administración asigna casi 300 MDP en el combate a las malas prácticas.
• Encabeza la lista la ATY, seguida por la JAPAY, IDEFEEY, IVEY, SSY, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Fomento Turístico, el Instituto del Deporte, el Instituto de Infraestructura Carretera y el programa Médico 24/7.

Redacción/Sol Yucatán

Mientras Yucatán mantiene una imagen nacional de estabilidad institucional y bajos índices de inseguridad, los informes de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) muestran una realidad distinta en el manejo de los recursos públicos.

Entre 2023 y 2024, que corresponden al gobierno de Mauricio Vila Dosal, la ASEY acumuló 4 mil 976 observaciones a dependencias estatales y programas gubernamentales, derivadas de auditorías practicadas al ejercicio del gasto público.

Los hallazgos involucran montos observados superiores a los mil 700 millones de pesos, recursos que presentan inconsistencias, falta de comprobación documental, deficiencias administrativas o posibles afectaciones al patrimonio estatal.

Las cifras reflejan una problemática que no solo se mantuvo durante la administración anterior, sino que continúa generando cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia y control interno en diversas áreas del gobierno estatal.

Los informes de auditoría colocan a diez organismos y dependencias entre las entidades con mayores señalamientos por parte del órgano fiscalizador.

Encabeza la lista la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), seguida por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), el Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado (IDEFEEY), el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), la Secretaría de Obras Públicas (SOP), la Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR), el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY), el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) y el programa Médico 24/7.

Las observaciones comprenden desde expedientes incompletos hasta deficiencias en la comprobación del gasto, pagos sin soporte documental suficiente, irregularidades en adquisiciones y contrataciones, así como inconsistencias en la aplicación de recursos públicos.

Aunque una parte de los señalamientos puede ser solventada por las dependencias auditadas, los informes muestran que año tras año se repiten observaciones similares, lo que evidencia problemas estructurales de control y supervisión.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2023, la ASEY emitió 2 mil 187 observaciones a 25 dependencias y cinco programas sociales, los hallazgos involucraron un presunto daño patrimonial cercano a los 817 millones de pesos.

Un año después, lejos de disminuir, las observaciones aumentaron. En la fiscalización correspondiente a 2024 se registraron 2 mil 789 observaciones por aproximadamente 890 millones de pesos.

En conjunto, ambos ejercicios arrojan observaciones por más de mil 700 millones de pesos y casi cinco mil irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador.

La información pública disponible no permite conocer con precisión cuántas de estas observaciones fueron solventadas totalmente, cuántas derivaron en procedimientos de responsabilidad administrativa ni cuántas fueron turnadas a instancias investigadoras para determinar posibles sanciones.

Las observaciones de auditoría coinciden con una creciente percepción ciudadana sobre la corrupción en el sector público.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, el 68.7 por ciento de los yucatecos mayores de edad consideró en 2023 que los actos de corrupción eran frecuentes o muy frecuentes en la entidad.

La cifra, aunque menor al promedio nacional, significa que prácticamente siete de cada diez ciudadanos perciben la corrupción como una práctica presente en la administración pública.

Con el cambio de gobierno, donde una de sus principales banderas políticas era el combate a la corrupción, la percepción ciudadana mostró un incremento, lo que se vio avalado por los datos estadísticos del INEGI, que señalaron que, en el 2025, es decir, en el primer año de gobierno de Joaquín Díaz Mena, la corrupción gubernamental pasó de 68.7% a 73.2%, un aumento del 4.5% en un lapso de un año.

Lo cual no corresponde con el monto asignado al combate a la corrupción. De acuerdo al presupuesto de egresos del año pasado, Yucatán asignó 294.1 millones de pesos para el combate a la corrupción y las malas prácticas gubernamentales, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Contraloría General del Estado (subsecretaría anticorrupción y buen gobierno), sin embargo, los resultados muestran que sus estrategias no han sido efectivas, ya que en lugar de disminuir, aumentó la presunta corrupción gubernamental en el ámbito estatal y municipal.

Las dependencias que encabezan las observaciones tienen una característica común: administran áreas estratégicas para la población.

La Agencia de Transporte de Yucatán maneja recursos destinados a la movilidad pública y al sistema de transporte estatal.

La JAPAY es responsable del suministro de agua potable para miles de familias.

La Secretaría de Salud administra programas médicos, hospitales y adquisiciones de insumos.

Mientras tanto, organismos como IDEFEEY, IVEY e INCAY gestionan inversiones millonarias en infraestructura educativa, vivienda y carreteras.

La concentración de observaciones en estos sectores genera preocupación debido al impacto directo que tienen sobre los servicios públicos y la calidad de vida de la población.

Uno de los elementos recurrentes en los informes de fiscalización es la falta de documentación suficiente para justificar el uso de recursos públicos.

Facturas incompletas, expedientes deficientemente integrados, contratos con información insuficiente, pagos cuya comprobación resulta limitada y deficiencias en procesos administrativos aparecen de manera reiterada en las auditorías.

Si bien una observación no constituye por sí misma una prueba de corrupción, sí representa una alerta sobre posibles riesgos en el manejo de recursos públicos y una obligación legal para las dependencias de aclarar el destino del dinero observado.

Cuando dichas aclaraciones no son satisfactorias, pueden derivar en responsabilidades administrativas, sanciones económicas o incluso denuncias ante las autoridades competentes.

Aunque en el caso de Yucatán, los presuntos actos de corrupción no se persiguen para castigar, sino como un activo político en los procesos electorales, aunado a que el delito no se encuentra tipificado como grave, por lo cual el acusado lleva el proceso en libertad, como ocurre en el caso concreto con al menos cinco funcionarios de la actual administración con procesos abiertos, pero que siguen en la función pública, el caso más emblemático es el del director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, Roger Aguilar Arroyo, quien se encuentra a la espera de fecha para el juicio.

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