La trama de corrupción del escudo C4

EXALCALDESA DE CONKAL ESTAFÓ A CIUDADANOS

• Desvío de recursos públicos para la infraestructura de seguridad en predios, cuya posesión y titularidad legal carecían de los procesos de expropiación y desincorporación formal del patrimonio municipal en su debido momento.

• Hasta la fecha, Díaz del Castillo no ha presentado una aclaración transparente, documentada y cara a cara con la ciudadanía sobre el destino de dichos recursos ni sobre los permisos bajo los cuales se rigieron estas instalaciones.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

La sombra del desvío de recursos públicos y el uso patrimonialista del poder vuelve a colocarse sobre Hisselle Díaz del Castillo. Mientras circulan versiones sobre sus aspiraciones de retornar a la alcaldía, una jugada que críticos y opositores señalan como un intento desesperado por conseguir fuero y evadir la rendición de cuentas, documentos oficiales revelan un entramado en el que se entrelazan propiedades ejidales, adjudicaciones presidenciales y la presunta utilización de terrenos particulares o desincorporados para obras de seguridad pública, como la instalación de centros de monitoreo tipo C4.

El misterio legal en torno al predio donde se edificó infraestructura estratégica de seguridad sin una justificación transparente, un nuevo flanco crítico en la trayectoria de la exfuncionaria, evidenciando cómo el patrimonio municipal y ejidal parece haber sido manejado a discreción.

El expediente del INSEJUPY, Propiedades, nombres y adjudicaciones a vapor

Documentos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY), obtenidos a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, exponen los movimientos jurídicos de predios clave en la región de Conkal, Yucatán.

De acuerdo con el folio electrónico 1664923 y la constancia de inscripción vigente emitida el 17 de enero de 2025, se detalla el estatus legal del tablaje catastral 11931, correspondiente a la parcela número 326 Z-9/P1 del Ejido Conkal.

 Superficie: 0 hectáreas, 51 áreas, 68.316 centiáreas.

 Antecedente propietario: El municipio de Conkal, Estado de Yucatán.

 La adjudicación: Por medio del documento número 1006690 de fecha 14 de agosto de 2024, expedido por la jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional (RAN), Lic. Elsie Ileana Martínez Osante, bajo instrucciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se otorgó la adjudicación a título gratuito.

Titular actual: El ciudadano Juan Gené Anay, de 81 años de edad, bajo la figura de adquisición de propiedad plena fraccionada en partes iguales (7 porciones que amparan los porcentajes de 14.28% y 14.32% respectivamente).

Sin embargo, detrás de este engranaje legal agrario y registral surge la pregunta central que las autoridades no han querido responder.

¿Cómo se autorizó la construcción de infraestructura de seguridad pública, específicamente instalaciones vinculadas al esquema de vigilancia C4, en terrenos cuyas transiciones de propiedad y destino final han estado envueltas en opacidad?

El modus operandi

Infraestructura pública sobre predios de dudosa legalidad

El núcleo de la acusación contra Hisselle Díaz del Castillo radica en el presunto desvío de recursos públicos para la edificación de infraestructura de seguridad (C4) en predios cuya posesión y titularidad legal no estaban claras o carecían de los procesos de expropiación y desincorporación formal del patrimonio municipal en su debido momento.

Construir obra pública de alto impacto tecnológico y presupuestal en predios ajenos o mediante figuras jurídicas a modo no es solo una pifia administrativa, constituye, de acuerdo con especialistas en derecho fiscal y penal, un presunto desvío de recursos públicos, ya que se destinó presupuesto etiquetado para la seguridad de los ciudadanos en inmuebles cuya propiedad legal recae en particulares o cuyas transacciones presentan inconsistencias graves.

Hasta la fecha, Díaz del Castillo no ha presentado una aclaración transparente, documentada y cara a cara con la ciudadanía sobre el destino de dichos recursos ni sobre los permisos bajo los cuales se erigieron estas instalaciones.

¿El retorno para la impunidad?

Ante la falta de rendición de cuentas y con carpetas y observaciones administrativas latentes en el tintero, versiones dentro de la grilla política local apuntan a que Hisselle Díaz del Castillo busca desesperadamente regresar a competir por la alcaldía.

Para analistas políticos consultados, la estrategia responde a un manual viejo pero efectivo en la política mexicana, la búsqueda de cargos de elección popular para obtener fuero constitucional, blindarse ante posibles órdenes de aprehensión o requerimientos de la fiscalía anticorrupción y usar el poder político como un escudo protector frente a los escándalos del pasado.

La ciudadanía de Yucatán se encuentra ante una encrucijada donde la memoria histórica y la revisión documental de instituciones como el INSEJUPY y el RAN demuestran que los desvíos y el manejo patrimonialista no son percepciones aisladas, sino un patrón documentado folio por folio. La pregunta final sigue en el aire: ¿permitirá la ley y la sociedad que el poder sea el refugio de la impunidad?