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La ruta del dinero que pone bajo la lupa al sector salud
El secretario de salud, operador de Mario Millet
Redacción/Sol Yucatán
Mérida.— Investigaciones periodísticas de Sol Yucatán han colocado en el centro del debate público la relación entre el empresario Mario Millet Encalada y el secretario estatal de Salud, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, una conexión que, según los reportes, podría explicar parte de los movimientos políticos y administrativos ocurridos dentro del Gobierno estatal.
Aunque ninguna autoridad judicial ha emitido resolución que determine responsabilidades o conductas ilícitas, la acumulación de señalamientos, cifras y contratos revelados ha generado una pregunta que cada vez se escucha con más frecuencia en los círculos políticos y empresariales de Yucatán:
¿Quién ejerce realmente el control de las decisiones económicas en algunas de las áreas más importantes del gobierno?
LOS 417 MILLONES QUE ENCENDIERON LAS ALERTAS
De acuerdo con investigaciones empresas vinculadas a Mario Millet Encalada y personas de su círculo habrían obtenido 121 contratos públicos por aproximadamente 417 millones de pesos entre 2018 y 2024.
Los reportes señalan que dichas adjudicaciones abarcaron diversas dependencias y niveles de gobierno, alimentando la percepción de que el empresario mantiene una influencia significativa en la asignación de obra pública y servicios gubernamentales.
La cercanía de Millet con actores relevantes de la actual administración habría aumentado desde el proceso electoral que llevó a Joaquín Díaz Mena a la gubernatura.
EL ASCENSO DE ALCOCER
El 16 de marzo de 2026, Miguel Alberto Alcocer Gamboa fue designado Secretario de Salud del Estado.
Su nombramiento llamó la atención porque previamente ocupaba posiciones estratégicas relacionadas con la planeación y administración del sector salud.
Sin embargo, se comenzaron a plantear cuestionamientos sobre presuntos vínculos empresariales previos y posibles relaciones con compañías dedicadas a servicios médicos y hospitalarios.
Algunas de estas empresas habrían participado en esquemas de prestación de servicios de salud subrogados, un modelo que históricamente ha representado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
LOS CONTRATOS DE SALUD BAJO ESCRUTINIO
La parte más sensible de las investigaciones difundidas se encuentra en el sector salud.
Diversos reportes sostienen que empresas relacionadas con grupos empresariales cercanos a Millet habrían acumulado contratos de prestación de servicios médicos y hospitalarios por montos que, de acuerdo con las investigaciones, superarían los 1,193 millones de pesos.
La cifra no ha sido confirmada oficialmente por autoridad alguna, pero ha sido utilizada por diversos analistas y observadores para ilustrar la magnitud económica de los intereses que convergen alrededor de la Secretaría de Salud.
Precisamente por ello, el arribo de Alcocer al máximo cargo de la dependencia ha sido interpretado por algunos sectores como un movimiento que consolidaría una estructura de poder previamente existente.
LA TEORÍA DEL “GOBIERNO PARALELO”
Las investigaciones coinciden en un elemento recurrente: la existencia de un supuesto grupo informal de influencia que operaría alrededor de decisiones administrativas, contratos y nombramientos.
En esa narrativa aparece constantemente el nombre de Mario Millet Encalada.
El empresario tendría interlocución con funcionarios de alto nivel y capacidad para influir en decisiones estratégicas del aparato gubernamental.
Hasta el momento no existe información oficial que confirme tales afirmaciones, sin embargo, tampoco se han presentado explicaciones públicas detalladas que disipen completamente los cuestionamientos.
RESTAURANTES, INSPECCIONES Y PRESIÓN ECONÓMICA
Otro de los temas que ha generado controversia es la difusión de denuncias relacionadas con presuntas presiones administrativas sobre establecimientos comerciales.
Diversas denuncias han señalado la existencia de denuncias y testimonios de empresarios del sector restaurantero que afirman haber enfrentado revisiones, inspecciones y procedimientos considerados inusuales.
No obstante, hasta ahora no se conocen sentencias, denuncias penales concluidas ni resoluciones firmes que permitan acreditar la existencia de una estructura de extorsión organizada.
Lo que sí existe es una creciente inquietud entre diversos sectores económicos que demandan mayor transparencia sobre los criterios utilizados para inspecciones, verificaciones y procedimientos administrativos.
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS
Mientras las cifras continúan circulando en el debate público, persisten interrogantes fundamentales:
- ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre Mario Millet y Alberto Alcocer?
- ¿Qué papel desempeñan los grupos empresariales cercanos a ambos dentro del sector salud?
- ¿Cómo se asignan los contratos de servicios médicos y hospitalarios?
- ¿Existen mecanismos suficientes para evitar conflictos de interés?
- ¿Quién supervisa efectivamente las decisiones económicas de una de las dependencias con mayor presupuesto del Estado?
TRANSPARENCIA O SOSPECHA
La discusión de fondo trasciende nombres y cargos.
La verdadera exigencia pública es la transparencia.
Porque mientras no se esclarezcan plenamente las relaciones entre funcionarios, empresarios, proveedores y contratistas, seguirán creciendo las dudas sobre la existencia de una estructura informal de influencia detrás de decisiones que involucran miles de millones de pesos del erario.
Y en esa historia, los nombres de Mario Millet Encalada y Miguel Alberto Alcocer Gamboa continúan apareciendo en el centro de una controversia que está lejos de concluir.
