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JAPAY: 100 MDP para minibaños
- El negocio es a través de la construcción de minibaños en zonas rurales de Yucatán, obras que debería realizar la Secretaría del Bienestar Estatal como parte del combate al rezago social.
- La Japay, que encabeza Francisco Torres Rivas, ha favorecido con contratos a empresas ligadas a operadores políticos y firmas con dudosa reputación.
- “Panchito” Torres posee un patrimonio tan solo de terrenos y casas de al menos 60 millones de pesos, entre las que se incluyen dos casas en la playa.
Redacción/Sol Yucatán
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) se ha convertido en una verdadera mina de oro para su director Francisco Torres Rivas.
El también expresidente estatal del PRI y exsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, está operando de manera similar a como lo hizo en el gobierno ivonista.
Torres Rivas asigna obras pequeñas a diversas empresas a cambio de moche y de obras inexistentes, esto con la finalidad de evitar procesos de licitación.
En la presente administración, el negocio es a través de la construcción de minibaños en zonas rurales de Yucatán, obras que debería realizar la Secretaría del Bienestar Estatal como parte del combate al rezago social.
Tan solo en el 2025 la JAPAY destinó cerca de 100 millones de pesos, entre recursos del presupuesto y otros de partidas federales, a este tipo de obras es donde habría cobrado alrededor de 15 millones de pesos por “gratificación”.
Lo que llama la atención es que para su operación utiliza empresas constituidas de manera legal en Quintana Roo, con lo cual es complicado su rastreo y vinculación.
En las operaciones tendrían participación otros expriístas vinculados al bloque ivonista, es decir, Dafne López Martínez y Luis Hevia Jiménez, coordinador de asesores, director de proyectos estratégicos y titular de la secretaría técnica, planeación y evaluación, respectivamente.
Francisco Torres Rivas está favoreciendo con millonarios contratos a un operador político ligado a Movimiento Ciudadano.
Torres Rivas ha asignado en menos de un año más de 10 contratos a la empresa “Chechén S.A. de C.V.”, propiedad de Guillermo Zapata Vales.
La firma tiene como domicilio fiscal Playa del Carmen, en Quintana Roo. En la pasada elección movilizó gente de Quintana Roo a Yucatán, es decir, incurrió en turismo electoral a favor de Morena.
La empresa le construye minibaños con un marcado sobrecosto.
De acuerdo al contrato OP/JAPAY/019/2025, le fue contratada la construcción de 12 sanitarios de 2.5 metros por 1.55 metros, por un monto global de un millón 236 mil 903 pesos.
El tiempo de ejecución de la obra es del 13 de agosto del 2025 al 10 de diciembre del 2025, sin embargo, no se especifica el lugar de ejecución de la obra, lo cual levanta sospechas.
Otra de las empresas favorecidas con este tipo de contratos es la empresa Conase Construcción y Mantenimiento del Sureste S.A. de C.V., quien, durante el gobierno de Mauricio Vila, recibió varias sanciones económicas por infringir el reglamento fiscal federal.
La firma ha sido favorecida con siete contratos para la edificación de baños por un monto unitario de 103 mil pesos por pieza.
Tan solo al contrato OP/Japay/009/2025 se le otorgó la edificación de 29 baños por un monto global de 7 millones 99 mil 341 pesos, tampoco señala el lugar de ejecución de obra.
Lo que genera controversia es que, mientras la Japay se enfoca en la construcción de minibaños, la red de sistema de agua potable de Mérida, en especial en la zona poniente y norte, está colapsada por el crecimiento de la ciudad.
Es decir, la dependencia no reporta inversión en infraestructura para tratar de encontrar una solución a los problemas de suministro y presión, el cual se agravará en los meses de mayor calor, es decir, abril, mayo y junio.
El actual director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) tiene un historial de señalamientos, acusaciones de mal manejo de recursos y corrupción.
Es dueño de múltiples propiedades en Mérida, Conkal, Tetiz, Ucú, Progreso y Telchac.
Además, utiliza como prestanombres a sus hermanos Verónica y Augusto para esconder sus propiedades.
Tan solo en bienes inmuebles, entre terrenos y casas, su fortuna ascendería a cerca de 60 millones de pesos.
A pesar de ser funcionario estatal y manejar presupuesto, su declaración patrimonial está catalogada como reservada, con lo cual no es posible conocer sus propiedades, lo que demuestra la poca transparencia y rendición de cuentas.
Es señalado como el artífice de la debacle del PRI, al vender las candidaturas al mejor postor en la elección del 2021, que ha sido una de las peores derrotas del partido en la historia reciente de Yucatán.
En el 2027 asegura que será candidato por Morena y que llegará al Congreso del Estado.
