Investigado en Estados Unidos

• El nuevo delegado de Bienestar en Yucatán, Rafael Marín Mollinedo, es investigado por la DEA y el Departamento del Tesoro, relacionadas con presuntos vínculos con narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos.

Redacción /Sol Yucatán

Rafael Marín Mollinedo fue designado como nuevo delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, cargo que quedó vacante tras la salida de Rogerio Castro Vázquez a inicios de febrero. Su llegada no pasa desapercibida, pues arrastra antecedentes de corrupción, cuestionamientos y polémicas en distintos cargos públicos.

El movimiento también llama la atención por el contexto en el que ocurre. Marín Mollinedo deja la Agencia Nacional de Aduanas de México en un momento clave, cuando el organismo enfrenta la necesidad de consolidar su infraestructura y operación. Su relevo sugiere que su perfil dejó de ser funcional para la estrategia de centralización y control técnico en una de las áreas más sensibles del gobierno federal.

Pese a ello, fue presentado oficialmente por la titular de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, como parte de un supuesto fortalecimiento institucional en Yucatán. Desde este nuevo encargo, tendrá bajo su responsabilidad la operación de los programas sociales federales en el estado, con el discurso de garantizar su entrega directa y sin intermediarios, una promesa que contrasta con los señalamientos que han rodeado su trayectoria.

Su arribo reaviva las dudas sobre el uso de estos cargos como plataformas políticas. En un estado donde los programas federales tienen alto impacto social, la designación de un perfil con aspiraciones políticas y antecedentes controvertidos anticipa un escenario donde el bienestar podría mezclarse con intereses electorales.

INVESTIGADO POR LA DEA

La salida de Rafael Marín Mollinedo de la ANAM ocurre en medio de señalamientos por investigaciones en Estados Unidos, lo que coloca su movimiento político bajo una nueva lectura.

De acuerdo con reportes, es investigado por la DEA y el Departamento del Tesoro en indagatorias relacionadas con presuntos vínculos con narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos.

Las investigaciones, que se han desarrollado durante al menos dos años, analizan operaciones ligadas a puertos mexicanos, considerados puntos clave para el tráfico de drogas, precursores químicos y combustibles ilegales.

Este contexto cobra relevancia debido al papel estratégico de las aduanas y del sistema portuario, que desde 2021 quedó bajo control de la Secretaría de Marina, como parte de la estrategia para frenar la infiltración del crimen organizado.

Sin embargo, puertos como Manzanillo y Veracruz continúan bajo señalamientos por actividades ilícitas, mientras que el huachicol fiscal se ha consolidado como una de las principales fuentes de corrupción en el sector aduanero.

A la par, investigaciones internas han alcanzado a funcionarios del propio sistema, como Alex Tonatiuh Márquez Hernández, señalado por presuntas irregularidades financieras detectadas por el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

En ese entramado también aparece un excolaborador cercano de Marín Mollinedo, lo que refuerza las sospechas sobre posibles redes de corrupción dentro de la estructura aduanera durante su gestión.

Su salida se da en un momento político clave, marcado por ajustes en el gabinete y una aparente pérdida de influencia de figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador dentro de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo. Aunque no existe una postura oficial que vincule directamente su renuncia con las investigaciones en curso, el momento y las circunstancias han intensificado las dudas sobre su gestión y sobre el papel que jugarán estos perfiles en la nueva etapa del gobierno federal.