Inmobiliaria familiar

• Varios de los municipios priorizados en programas de vivienda y regularización coinciden con zonas donde la familia Cervera posee ranchos y predios heredados.

Redacción /Sol Yucatán

Felipe Cervera Hernández llegó al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán no como un funcionario común, sino como un actor con intereses profundamente arraigados en el territorio que ahora administra.

Cuando asumió en 2024 la dirección general del IVEY, ya era heredero de una extensa fortuna inmobiliaria y rural, y socio de una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de carne, un negocio cuya base material es el ganado y la tierra donde éste se cría.

Hoy, el responsable de ordenar el suelo público del estado mantiene vínculos directos con actividades privadas que dependen del uso productivo y de la valorización de ese mismo suelo.

Los registros oficiales del Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán confirman que Cervera Hernández controla, junto con su familia, un patrimonio territorial integrado por al menos 23 inmuebles distribuidos en Mérida, Progreso, Telchac, Dzemul, Buctzotz, Cenotillo y Sucilá. No se trata de propiedades aisladas ni de adquisiciones recientes, sino de un entramado territorial construido a lo largo de más de dos décadas, con raíces en el poder político y económico del cerverismo.

Más de 600 hectáreas corresponden a predios rústicos, históricamente destinados a ganadería, agricultura y reserva territorial. El resto son propiedades urbanas ubicadas en zonas de alta plusvalía, principalmente en Mérida, que con el paso del tiempo han multiplicado su valor.

El cálculo combinado de estos bienes supera los 130 millones de pesos. De acuerdo con referencias catastrales y precios de mercado, la mayor parte de este patrimonio no fue adquirida en el mercado abierto, sino transferida dentro del núcleo familiar mediante donaciones y herencias otorgadas por el exgobernador Víctor Cervera Pacheco y su esposa, la abogada Aída Amira Hernández Guerra.

Las escrituras revisadas muestran un patrón sostenido: los bienes no se dispersan ni se venden a terceros. Permanecen dentro de la familia, circulando entre padres, hijos y copropietarios, consolidando una reserva territorial privada que se ha beneficiado de los procesos de urbanización, infraestructura y expansión económica del estado. La tierra, en este caso, no es sólo patrimonio: es una base estratégica de poder.

Ese control territorial se proyecta hacia el ámbito empresarial. Con un salario de 86 mil pesos mensuales en el IVEY, Felipe Cervera Hernández figura como socio de Cortes Modernos, S.A. de C.V., una empresa constituida en 2002 en Mérida, dedicada al procesamiento, empaque y distribución de carne para supermercados, restaurantes y hoteles, con posibilidad de exportación. La empresa opera dentro de la cadena agroindustrial del estado, transformando productos derivados del campo en mercancía con valor agregado.

La participación de Cervera Hernández en esta sociedad no es testimonial. Aparece como socio relevante en una compañía cuyo giro depende directamente de la disponibilidad de ganado y de tierra ganadera.

En ese mismo entorno empresarial aparece Roger Eduardo Zapata Rubio, socio de Cervera Hernández en Cortes Modernos y, al mismo tiempo, socio fundador y administrador de BEEFZA, S.A. de C.V., una empresa constituida en 1997, también en Mérida.

El objeto social de BEEFZA es amplio y explícito: compra y venta de animales, engorda, sacrificio, procesamiento, industrialización y comercialización de productos agropecuarios. En los hechos, cubre prácticamente toda la cadena productiva cárnica, desde el rancho hasta el mercado.

Ambas empresas operan en un mismo circuito económico, basado en el aprovechamiento del ganado y del suelo rural del estado. No son marcas visibles para el consumidor final ni compañías con una presencia pública robusta. Carecen de páginas institucionales activas, reportes públicos de operación, información accesible sobre instalaciones o volúmenes de producción.

Su existencia se conoce, principalmente, a través de actas notariales y registros mercantiles, no por mecanismos de transparencia voluntaria ni por exposición pública sostenida.

Ese bajo perfil contrasta con el peso estratégico del sector en el que operan y con la posición pública que hoy ocupa uno de sus socios. El IVEY, bajo la dirección de Felipe Cervera Hernández, es la institución encargada de regularizar predios, definir polígonos de vivienda social, impulsar la expansión urbana y canalizar inversión pública que incrementa el valor del suelo.

No se trata de una dependencia administrativa menor: desde ahí se toman decisiones que transforman el uso del territorio y reconfiguran el mapa del crecimiento estatal.

El cruce entre patrimonio, empresa y función pública no es abstracto. Se materializa en decisiones administrativas que convierten ranchos en reservas estratégicas, tierras rurales en activos revalorizados y zonas históricamente ganaderas en espacios con potencial urbano, agroindustrial o turístico. Cada programa de regularización, cada obra pública, cada anuncio de expansión de servicios tiene un impacto directo en el valor de la tierra.

Fuentes internas del propio instituto señalan que varios de los municipios priorizados coinciden con zonas donde la familia Cervera posee ranchos y predios heredados. Como Buctzotz, Telchac, Dzemul y Sucilá, antes eran tierras de bajo valor comercial; hoy se encuentran dentro de corredores de crecimiento y áreas estratégicas para el desarrollo. La transformación no es casual: responde a políticas públicas que reordenan el territorio y redistribuyen valor.

No existe evidencia pública de que las empresas vinculadas a este entramado empresarial tengan contratos directos documentados con el gobierno estatal, ni de que las escrituras patrimoniales contengan ilegalidades explícitas. Sin embargo, el caso expone con claridad una tensión ética: la coexistencia entre la función pública y un conjunto de intereses empresariales y patrimoniales ligados al territorio sobre el cual el funcionario tiene capacidad de decisión.

Las escrituras más antiguas describen casas de mampostería sencilla y predios rústicos con infraestructura mínima. Dos décadas después, muchos de esos mismos terrenos se encuentran dentro de zonas revalorizadas por pavimentaciones, ampliación de servicios y planes de desarrollo urbano. La tierra cambia de uso, el precio se multiplica y el patrimonio se consolida. El Estado es el principal catalizador de ese proceso.

El caso de Felipe Cervera Hernández no surge en el vacío. Es hijo de uno de los personajes más influyentes del priismo yucateco durante más de veinte años y heredero de una estructura de poder que combina política, control territorial, redes notariales y operadores económicos. Su madre continúa apareciendo como copropietaria recurrente en los bienes familiares, reforzando la continuidad patrimonial y la cohesión del grupo.

Así, el tránsito de la herencia territorial a la participación empresarial en el sector cárnico, y de ahí al control institucional sobre la vivienda y el suelo público, no representa una ruptura, sino la evolución de un mismo modelo. La tierra como origen del poder, la empresa como vehículo de acumulación y el Estado como multiplicador del valor.

En Yucatán, el ordenamiento del territorio no es sólo una cuestión técnica o administrativa. Tiene nombres, apellidos y antecedentes patrimoniales. Y hoy, ese poder se ejerce desde una oficina pública que decide cómo y hacia dónde crece el estado.