Infonavit – notarios, red corrupta

• Un grupo de notarios vinculados al PRI y a Mauricio Sahuí Rivero ha monopolizado los servicios notariales del Infonavit, que significa un negocio de más de 480 MDP al año.

• El Gobierno, a través de la Consejería Jurídica, hace un millonario negocio, debido a que cobra 1.5 millones de pesos solo por incluir el nombre de litigantes en la lista de aspirantes a notarios.

• La semana pasada, abogados ligados a la mafia inmobiliaria, involucrados en presuntos casos de corrupción y con parientes políticos en Yucatán, fueron nombrados notarios públicos.

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán, ser notario público es sinónimo de sacarse la lotería y con ello asegurar de un tajo su futuro y el de sus hijos.

No es para menos, significa tal vez la profesión más lucrativa, ya que la patente es vitalicia, prácticamente hereditaria y los costos son de los más caros del país y más aún con el crecimiento del negocio inmobiliario.

Por ello, las notarías han sido monopolizadas por unas cuantas familias con nexos políticos y empresariales, sin tomar en consideración la cuestión profesional o ética, como realmente debería de ser.

Sin embargo, la falla viene desde la misma estructura, es decir, el gobierno a través de la Consejería Jurídica, donde existen señalamientos de cobros a litigantes que aspiran algún día a ser notarios.

Se señala que en la administración pasada y en la actual se pide un monto de 1.5 millones de pesos, tan solo por ser incluidos en la lista de aspirantes, como han denunciado abogados a Sol Yucatán.

Familias como la Castellanos, Victoria Maldonado, Monsreal, Correa, Aguilar, Granja, Cárdenas, Tappan, entre otros, han monopolizado las notarías públicas a sabiendas del millonario negocio que representa.

En el actual gobierno morenista, un grupo de notarios públicos vinculados con el PRI ha monopolizado los servicios notariales del Infonavit con la llegada de Mauricio Sahuí Rivero a la delegación federal.

Los trámites significan negocios por cientos de millones de pesos al año.

Sahuí Rivero ha montado una red de corrupción debido a que recibe un porcentaje por cada escritura asignada y firmada.

De acuerdo con las cifras, el año pasado el Infonavit colocó 11 mil 400 créditos en Yucatán, lo que necesariamente requirió los servicios notariales.

El costo promedio de escrituración en Yucatán oscila entre el 4 y el 7 % del valor de la vivienda.

Sin embargo, la dependencia federal cobra el 5% del valor de la vivienda que paga el derechohabiente, cuyo costo se incluye en el crédito otorgado, sin embargo, los fedatarios cobran al momento de la firma.

El costo promedio de la vivienda en Yucatán es de 850 mil pesos, por lo cual el promedio de escrituración es de 42 mil 500 pesos.

Por lo cual estaríamos hablando de que en trámites notariales el Infonavit pagó 484 millones 500 mil pesos el año pasado, que posteriormente le cobró al derechohabiente.

Entre los notarios privilegiados que han monopolizado los servicios en contubernio con Sahuí Rivero, se encuentra la notaría Priego-Cárdenas, despacho de la exmagistrada Ingrid Priego Cárdenas.

Héctor Victoria Maldonado, Fernando Castellanos Pacheco, Fernando Sauri Sánchez, Carlos Evia Salazar, Cleominio Zoreda Novelo, Carlos Alim Briceño Ramírez, Jorge Esquivel Millet, Eric Granja Sosa, Rolando Bello Mejía, entre otros.

Todos ligados al PRI y que formaron parte de alguna u otra forma en la fallida campaña de Mauricio Sahuí Rivero, cuando contendió por la gubernatura de Yucatán en el 2018.

Apenas la semana pasada, abogados ligados a la mafia inmobiliaria, involucrados en presuntos casos de corrupción y con parientes políticos en Yucatán, fueron nombrados notarios públicos.

Lo que llama la atención es que algunos de ellos tienen detrás antecedentes de corrupción o de pertenecer a la llamada mafia inmobiliaria.

Mariana Wabi González fue nombrada notario público 136 con sede en Kanasín, está vinculada con la mafia inmobiliaria de Yucatán. Durante años trabajó para el notario público Hugo Wilberth Evia Bolio, fedatario de cabecera del exgobernador Mauricio Vila Dosal, y es señalado como uno de los creadores de la red de empresas fantasmas de Mario Millet Encalada, donde algunas de las actas constitutivas fueron realizadas precisamente por Mariana Wabi, cuyo nombre aparece en la carpeta de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Rodrigo Seijo Peón recibió la notaría No. 137, ubicada en Conkal, es fedatario y miembro del grupo inmobiliario Seijo-Peón y Asociados, vinculado directamente con la mafia inmobiliaria del norte de Mérida.

El grupo, incluido Rodrigo Seijo, enfrenta varios litigios agrarios por el despojo ilegal de tierras.

A Farid Armando López Cano le fue otorgada la notaría 140 con residencia en Tixkokob. En el 2023, estuvo sujeto a investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado, debido a que su nombre apareció en la nómina del Ayuntamiento de Tekax, tenía un sueldo de cerca de 19 mil pesos.

José Manuel Gil Baeza trabajará en la notaría pública 143 con residencia en Valladolid.

Gil Baeza, que es actualmente el coordinador de gobierno y seguridad patrimonial del Ayuntamiento de Kanasín, ha sido señalado por una red de corrupción al interior de la dependencia municipal encargada de dar certidumbre a las propiedades.

Por la naturaleza de su nuevo encargado, por ley tendría que dejar su encomienda en el municipio de Kanasín.

Dianey Castillo Medina se le relaciona con parentesco con la directora del DIF Estatal, Shirley Castillo Sánchez, cercana al gobernador Joaquín Díaz Mena.

Por su parte, Daniela López Cantón fue nombrada titular de la notaría 142 con residencia en Tecoh, es hija del empresario José Manuel López Campos, ligado al ramo inmobiliario, de combustibles y de servicios, fue presidente nacional de la Concanaco, se vincula que empresas de su propiedad aportaron para la campaña morenista.

Aunque no es de extrañarse, ya que en el gobierno anterior se otorgaron patentes a notarios con vínculos a la mafia como Lino Magos Acevedo, señalado como prestanombres de Roberto Borge Angulo.

También existen notarios que se encuentran bajo la mira de autoridades federales por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, como Víctor Hugo Evia Bolio o Luis Silveira Cuevas, y otros con la mafia inmobiliaria, como Víctor Solís Pasos.

A la actual administración le quedan aún 11 patentes por asignar de las 150 establecidas en el gobierno anterior, aunque no se descarta que pudieran ampliar el número para realizar amarres políticos y hacer negocio.