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Municipios

HISTORIA DE CORRUPCIÓN

JORGE DÍAZ LOEZA, SIN PROYECTO DE GOBIERNO

* El candidato panista a la alcaldía de Tizimín, Jorge Díaz Loeza, está gastando millones de pesos en su campaña política, que no se explica su procedencia. Obviamente ya ha rebasado el tope de campaña que marcan las autoridades electorales, pero el IEPAC no ha intervenido para investigar la procedencia del dinero.

*no tiene un proyecto de gobierno, sólo anda ofreciendo en sus caminatas y giras obras de calles, repavimentación, parques, mejor iluminación…, Son promesas únicamente para ganar votos, pero no hay plan integral que fomente el desarrollo del municipio

* También llama la atención que no haya propuesto alguna estrategia para combatir el tráfico de drogas , los clandestinos o el abigeato que tiene asolada a la comunidad.

Redacción/Sol Yucatán

El candidato panista a la alcaldía de Tizimín, Jorge Díaz Loeza, está gastando millones de pesos en su campaña política, que no se explica su procedencia.

Obviamente ya ha rebasado el tope de campaña que marcan las autoridades electorales, pero el IEPAC no ha intervenido para investigar la procedencia del dinero.

Ha generado tantos compromisos con sus patrocinadores, ganaderos y empresarios que lo apoyan, por lo que las promesas que está haciendo a los pobladores difícilmente podrá cumplir.

Además no tiene un proyecto de gobierno, sólo anda ofreciendo en sus caminatas y giras obras de calles, repavimentación, parques, mejor iluminación etc., pero esto no sacará de la pobreza a los miles de tizimileños.

Son promesas únicamente para ganar votos, pero no hay plan integral que fomente el desarrollo del municipo ni de las comisarías que están totalmente abandonadas.

También llama la atención que no haya propuesto alguna estrategia para combatir el tráfico de drogas , los clandestinos o el abigeato que tiene asolada a la comunidad.

El narcotráfico es uno de los principales de Tizimín, pues cobran cuotas, se han registrado ejecuciones, vienen sicarios de Quintana Roo para esconderse en la ciudad, esto lo sabe Jorge Díaz Loeza, pero en sus discursos no toca el tema.

Díaz Loeza, tiene una larga cola de corrupción, que si se aplicara la ley como debiera ser hoy no estuviera andando en las calles pidiendo el voto a los ciudadanos prometiendo transparencia y honestidad.

Historia de corrupción

A su paso por la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza dejó una estela de corrupción y millonarios desvíos de recursos, como un faltante de 2.2 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Algunas de las razones por las que el alicaído sector rural yucateco no encuentra una salida rumbo al desarrollo sustentable, son los desatinos del actual gobierno y su mal manejo de los recursos públicos.

Tan solo en el segundo informe de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), se informó sobre un faltante de 2.2 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (SEDER), más lo acumulado.

Dicho desvío de recursos públicos se dio a través de diversos montos claramente identificados y por los cuales la ASEY emitió una observación en cada uno de ellos, más otras observaciones por diversas irregularidades encontradas.

Tras las irregularidades detectadas y señaladas en el Control Interno de la Secretaría de Desarrollo, se procedió a hacer la revisión de las cuentas por pagar, que es donde se encontraron distintos pagos por diversos conceptos, que no fueron comprobados debidamente.

En total habrían sido 8 pagos derivados de la cuenta por pagar No.81 por 187 mil 900 pesos, la No.82 por 256 mil 800 pesos; la No.211, 269 y 384 por 130 mil 500 pesos cada una; y las 210, 275 y 383 por 94 mil pesos cada una de ellas.

LA CORRUPCIÓN LO SIGUE

La necesidad de la población más marginada en la entidad se ha convertido en un gran negocio para poderosos empresarios yucatecos que forman parte de la cúpula política y económica estatal, pues mientras el gobierno del estado presume apoyos que en realidad son dádivas, los verdaderos beneficiados no son los ciudadanos, sino los dueños de las empresas a las cuales se les compran millones de pesos en insumos que luego son entregados como “apoyo social”.

Así ocurrió con el Programa de Seguridad Alimentaria operado por la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), mediante el cual se hace entrega de sacos de fertilizante y otras semillas, principalmente maíz.

Sin embargo, durante 2022 este estímulo social acabó beneficiando a uno de los empresarios del club de los privilegiados, se trata de Daniel Ernesto Rodríguez Gasque, quien a través de su empresa Be Gan S.A. de C.V. recibió 25 millones 882 mil 500 pesos mediante un contrato amañado por parte del ex titular de la Seder, Jorge André Díaz Loeza.

El 27 de abril del año pasado, desde la Secretaría de Desarrollo Rural se firmó el contrato con número de expediente SDR/DJ/CCV/0016/2022, con Be Gan S.A. de C.V., representada en el acto por su apoderado legal Daniel Ernesto Rodríguez Gasque.

El objeto del contrato fue para la adquisición de 2 mil 465 toneladas de maíz en presentación de 20 kilos por bulto, con el logotipo del programa seguridad alimentaria del gobierno de Mauricio Vila, dejando en claro que toda la intención de este proyecto es el clientelismo político y la compra de voluntades de uno de los sectores más necesitados de la entidad, los campesinos.

El monto total ascendió a 25 millones 882 mil 500 pesos, con un plazo de entrega a partir del día de la firma y hasta la entrega de la totalidad de los bienes el 4 de mayo del 2022.

Cabe mencionar que esta multimillonaria contratación se realizó mediante adjudicación directa, por un monto estratosférico que sobrepasa el tope e incluso omitieron el documento de suficiencia de recursos para esta compra.

La justificación fue que, “por razón del monto de la adquisición, arrendamiento o servicio, resultase inconveniente llevar a cabo el procedimiento de licitación pública por el costo que represente, podrán celebrarse contratos sin ajustarse a dicho procedimiento siempre que el monto de la operación no exceda de los límites de los montos máximos establecidos en el presupuesto de egresos”.

No obstante, se trató de un monto estratosférico, superior a los 25 millones de pesos por adjudicación directa a favor de uno de los empresarios más cercanos al gobernante Mauricio Vila Dosal.

NEGOCIAZO VEHICULAR

El ahora candidato panista a la alcaldía de Tizimín, Jorge Díaz Loeza, tiene una larga cola de corrupción, que si se aplicara la ley como debiera ser hoy no estuviera andando en las calles pidiendo el voto a los ciudadanos prometiendo transparencia y honestidad.

El ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán, Jorge André Díaz Loeza, no sólo lucró con la necesidad de la población mediante programas clientelares de entrega de apoyos cuando fue titular de la SEDER, también realizó negociazos vehiculares por el arrendamiento de unidades a una de las empresas más cuestionadas en el sector, LUMO Financiera del Centro, la cual cuenta con sospechas de tráfico de influencias en varios estados del país, especialmente aquellos gobernados por el panismo.

Desde esta Secretaría del Gobierno Estatal se pagaron 6 millones 531 mil 419 pesos a LUMO Financiera para la renta de dos camiones con unidad perforadora, así como 6 camionetas de la marca Toyota, mediante dos procedimientos de adjudicación directa, en los cuales hay opacidad por mantenerse ocultas las versiones públicas de los contratos.

Información de Transparencia presentada parcialmente por la Seder revela que esta empresa se benefició de forma directa, sin un análisis previo del mercado para elegir la opción que más convenía al interés público.

Además, se pasaron por alto el historial empresarial de LUMO Financiera del Centro, la cual ha estado involucrada en contrataciones en varias entidades del país, dependencias federales y hasta ha sido vinculada al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien les renta unidades de lujo con el presupuesto de su partido.

LUMO Financiera del Centro fue creada por el ex vicecoordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Luis Humberto Montaño García, quien es señalado por simular prácticas de competencia para obtener contratos gubernamentales.

Nada de esto importó al entonces titular de la Seder Yucatán, Jorge André Díaz Loeza, quien el 15 de mayo del 2022 entregó el primero de los contratos de adjudicación directa a favor de LUMO Financiera del Centro, con el expediente número SDR/DJ/CA/0002/2022, por un monto de 604 mil 942.56 pesos, para el arrendamiento a favor de la Seder para el uso temporal de 6 vehículos de la marca Toyota tipo Hilux modelo 2019, con un plazo de un año a partir de la firma del documento y hasta el 15 de mayo del 2023.

CORRUPCIÓN, NEPOTISMO Y AMIGUISMO EN SEDER

Por si fuera poco, durante su paso como titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Jorge Díaz Loeza, gastó más de medio millón de pesos para la adquisición de material de papelería, durante 2019, beneficiando a la empresa Distribuidora Mayorista de Oficinas, Sociedad Anónima de Capital Variable.

En medio de diversas irregularidades se realizó el respectivo proceso de licitación, lo cual demostró la corrupción que prevaleció, en la cual se favoreció al propietario de dicho negocio, quien a sabiendas que ganaría la convocatoria, no acudió a la respectiva actividad.

El 5 de abril de 2019, en el auditorio de la SEDER se presentó el fallo de la licitación pública número Seder-LP-Papelería-001-2019, referente a la “Adquisición de material de papelería”.

El director de Administración y Finanzas de la SEDER, Ricardo Javier Peón Medina, emitió el fallo y la adjudicación del servicio a favor de Distribuidora Mayorista de Oficinas, SA de CV.

Por tal motivo, se le adjudicó el contrato de prestación de servicios, por un importe total de 567 mil 38.19 pesos, cuyo contrato se firmó días después, bajo el compromiso de entregar todo el material correspondiente, entre el 15 de abril y el 10 de diciembre de 2019.

En ningún momento se especifica el número de licitantes y mucho menos se detalló el producto que la dependencia requería para tal año, entre otras anomalías, por lo que fue evidente la violación a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

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