Fiscalía del fraude en Yucatán

• Protegen a financiera denunciada por fraude. Acusan fabricación de expedientes, testigos falsos y encubrimiento de fiscales para beneficiar a Préstamos Auto Fin y a su propietario, Pedro Francisco Echeverría Caro.

•  La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción se niegan a proceder penalmente contra los funcionarios denunciados, el caso ya se encuentra en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

• Fuentes de la Fiscalía aseguraron a Sol Yucatán que a lo largo de los años la misma empresa ha sido denunciada por fraude, sin embargo, ninguna ha prosperado y las acusaciones terminan en el archivo.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

Lo que comenzó como una denuncia por un presunto fraude de poco más de 19 mil pesos terminó por exhibir lo que podría ser una de las más graves redes de corrupción e impunidad que han operado al interior de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Fiscales del Ministerio Público son señalados de presuntamente fabricar expedientes, utilizar testigos falsos, ocultar información procesal y operar acuerdos de no ejercicio de la acción penal para beneficiar a la empresa Préstamos Auto Fin, antes Word Capital Autofin, propiedad de Pedro Francisco Echeverría Caro, quien durante años ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntos fraudes que misteriosamente terminan archivadas.

La denuncia es aún más grave porque apunta a que la propia institución encargada de procurar justicia habría sido utilizada para garantizar la impunidad de particulares con presuntas influencias al interior de la dependencia.

El caso se remonta al año 2014, cuando Tomás Garrido acudió a las oficinas de la financiera ubicadas en el Centro de Mérida en busca de un préstamo por 250 mil pesos para invertir en un proyecto personal.

Según su testimonio, la empresa le aseguró que el crédito sería autorizado si realizaba pagos mensuales por mil 300 pesos. Después de siete mensualidades y un pago adicional de 10 mil pesos, le prometieron entregarle el dinero solicitado, pero el préstamo jamás llegó.

Al sentirse engañado, decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado, sin imaginar que su denuncia lo llevaría a enfrentarse con una presunta estructura de protección institucional que habría operado durante más de una década.

La carpeta de investigación 813/2015, abierta tras denunciar incluso su presunta privación ilegal de la libertad al acudir a notificar un oficio ministerial, habría sido utilizada por funcionarios ministeriales para fabricar el expediente 585/2014, con la finalidad de favorecer al propietario de la financiera y neutralizar las denuncias en su contra.

El denunciante asegura que jamás fue informado de la existencia de dicho expediente y que se enteró años después, cuando una notificación fue abandonada en la reja de su domicilio.

La presunta fabricación del expediente involucra a diversas fiscales del Ministerio Público que fueron denunciadas formalmente por los hechos.

Uno de los aspectos más delicados del caso es la aparición de testigos cuya participación ha sido severamente cuestionada.

Tres personas declararon ante las autoridades que el denunciante nunca presentó la querella del 20 de mayo de 2014 que obra dentro del expediente ministerial.

Pero el caso tomó tintes aún más escandalosos cuando apareció la declaración de una mujer maya hablante del municipio de Tekit que supuestamente había participado como testigo de los hechos.

Al ser localizada personalmente por el afectado, la mujer aseguró no conocerlo y negó haber rendido declaración alguna relacionada con el caso.

Posteriormente, compareció ante las autoridades ministeriales y reiteró bajo protesta de decir verdad que no conocía al denunciante, ni había participado en los hechos investigados.

Su declaración derrumbó una de las principales pruebas contenidas en el expediente ministerial.

A pesar de las pruebas presentadas, la Fiscalía General del Estado determinó no ejercer acción penal contra las fiscales denunciadas.

El afectado interpuso posteriormente una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción bajo la carpeta 1067/2022.

Sin embargo, el resultado fue exactamente el mismo: el Ministerio Público decretó nuevamente el no ejercicio de la acción penal en favor de los funcionarios señalados.

Es decir, la Fiscalía investigó a la Fiscalía y concluyó que no existía responsabilidad alguna.

Actualmente, el caso se encuentra impugnado mediante un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que el litigio continúa abierto.

Fuentes consultadas al interior de la propia Fiscalía General del Estado revelaron a Sol Yucatán que este no sería un caso aislado.

Según las fuentes, a lo largo de los años la financiera ha enfrentado numerosas denuncias por presuntos fraudes cometidos contra ciudadanos y empresarios, sin embargo, las carpetas de investigación terminan sistemáticamente archivadas mediante acuerdos de no ejercicio de la acción penal.

Los testimonios recabados apuntan a la existencia de una presunta red de protección institucional que impediría que los asuntos relacionados con la empresa lleguen a los tribunales.

La gran interrogante es quién o quiénes han protegido durante más de una década a la empresa y a sus propietarios.

Las acusaciones involucran presuntas irregularidades cometidas por funcionarios ministeriales, omisiones por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la falta de acciones contundentes por parte del titular de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel León León, quien conoce las denuncias y los expedientes relacionados con el caso.

Mientras las víctimas continúan litigando para obtener justicia, las denuncias permanecen archivadas, los funcionarios denunciados han sido exonerados y la financiera continúa operando.