Extorsionan a ganaderos

• Los hechos violentos ligados al narco en Sucilá, aunados a llamadas de extorsión a nombre de células de la delincuencia organizada, están generando miedo y psicosis entre los productores de esa región.

• Al menos unos 20 productores de la zona oriente del estado han recibido llamadas de supuestos grupos criminales, lo cual es una situación grave.

• Mientras en los pasillos de palacio el discurso oficial presume una transformación del campo basada en la entrega de sacos de alimento y herramientas de mano, la realidad en los potreros del oriente del estado es de emergencia nacional

Redacción/Sol Yucatán

Los hechos de la semana pasada en Sucilá, ligados a células de la delincuencia organizada, están generando temor e incertidumbre entre productores de la región.

El sector ganadero es uno de los más inquietos, ya que temen que esta situación escale y estos grupos comiencen a extorsionar y a cobrar derecho de piso, como ocurre en las zonas productivas de Michoacán.

Desde marzo, tras un atentado contra un productor en la llamada “cuenca lechera” de Sucilá, el temor se ha extendido entre quienes trabajan en ranchos de la región.

El ataque armado y las amenazas contra la alcaldesa de Sucilá se suman a reportes de llamadas de extorsión a comerciantes y ganaderos, a quienes les han pedido dinero a nombre de células de la delincuencia organizada a cambio de protección.

Al menos unos 20 productores de la zona oriente del estado han recibido llamadas de supuestos grupos criminales, lo cual es una situación grave.

Ganaderos consultados señalan que el simple rumor de intento de cobros ilegales o presencia de grupos organizados es suficiente para frenar inversiones, limitar la movilidad en caminos rurales y alterar las rutinas de trabajo.

Las amenazas no son un hecho aislado; días previos, fuerzas estatales y federales realizaron operativos en la zona tras cateos a predios presuntamente vinculados con el cártel Milenio o los “Michoacanos”, cuya agrupación opera en al menos seis municipios de la zona oriente del estado.

La percepción de inseguridad coincide con la llegada de Morena al poder, ya que, si bien en los anteriores gobiernos había evidencia de la presencia de grupos criminales, estos operaban de manera silenciosa; hoy lo hacen de manera abierta, generando temor y psicosis entre la población.

Lo más lamentable es que no existe un plan de contingencia o reacción y, en su lugar, minimizan la situación.

Ganadería en bancarrota

Una de las regiones más productivas de Yucatán es el oriente; específicamente, entre los municipios de Buctzotz, Sucilá, Panabá y Tizimín se concentra el 56% de la actividad ganadera bovina de toda la entidad.

Esos municipios son el motor de la actividad pecuaria, con unas 15 mil unidades de producción que albergan razas bien adaptadas al clima tropical (Brahman, Nelore, Gyr, Guzerat e Indubrasil, así como Brangus, Beefmaster, Simbrah y Suizo Americano).

En estos 4 municipios, alrededor de 81 mil personas dependen directa o indirectamente de la ganadería bovina. De ahí la preocupación por la actual crisis que enfrenta esa actividad ante el anuncio de que, a partir del 1 de abril de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) degradó el estatus sanitario de Yucatán en materia de tuberculosis bovina, bajando la clasificación de nivel 3 a nivel 4, como resultado de auditorías realizadas por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), que detectaron irregularidades críticas en el control de la movilización de los animales, protocolos mal ejecutados por veterinarios, así como movimientos ilegales de ganado, falta de coordinación institucional y personal insuficiente en áreas de epidemiología.

Como suele suceder, todo lo que toca Morena lo descompone y, con la llegada de Joaquín Díaz Mena al Gobierno del Estado, el estatus sanitario no fue la excepción.

En consecuencia, los ganaderos (chicos, medianos y grandes) enfrentarán bloqueos y restricciones para vender y exportar, así como aumentos en los costos de operación, en papeleo administrativo y pérdida del valor de sus animales.

Es decir, la ganadería yucateca está ya en bancarrota, por obra y desgracia de “Huacho” Díaz.

Campo yucateco en cuarentena

Mientras en los pasillos de palacio el discurso oficial presume una transformación del campo basada en la entrega de sacos de alimento y herramientas de mano, la realidad en los potreros del oriente del estado es de emergencia nacional.

La degradación sanitaria impuesta por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no es un error de trámite; es la confirmación del abandono institucional que tiene a los ganaderos yucatecos con la soga al cuello.

En municipios como Tizimín, Panabá y Sucilá, el corazón ganadero de la entidad, la noticia de la caída al Nivel IV, el más restrictivo para las exportaciones, cayó como un balde de agua fría. Para un pequeño productor, esto no se traduce en gráficas o niveles técnicos, sino en dinero que no llegará a la mesa de su familia.

A partir de abril de 2026, exportar un becerro será un calvario burocrático y económico. Estados Unidos ahora exige pruebas individuales y de hato mucho más rigurosas. El problema es que en el estado no hay personal, no hay presupuesto y, al parecer, no hay voluntad política para solucionar el fondo del asunto.

“De nada nos sirve que vengan a tomarnos la foto entregando un bulto de melaza si no hay médicos veterinarios suficientes para certificar que nuestros animales están limpios. El gobierno regala el anzuelo, pero deja que el río se seque”, comenta un productor de la zona oriente que prefirió el anonimato por temor a represalias en los programas estatales.

La crítica más severa recae en la incapacidad operativa. El informe internacional es letal: Yucatán no ha cumplido con las recomendaciones mínimas desde 2023. Pero lo más alarmante es el silencio ante la plaga del gusano barrenador.

Mientras las autoridades estatales mantienen un perfil bajo, los reportes en las comisarías indican que la plaga no solo está diezmando al hato ganadero, sino que ya representa un riesgo sanitario directo para la población local. La falta de control epidemiológico es, a estas alturas, una negligencia que rebasa lo económico y toca lo humano.

Las fallas que hoy exhiben a Yucatán ante el mundo son claras: irregularidades detectadas en el seguimiento de tuberculosis bovina, escaso control en la movilización de ganado entre estados vecinos y una estructura de salud animal desmantelada por la austeridad, dejando al estado sin gente capacitada para las investigaciones.

Para el sector ganadero, la estrategia del gobierno estatal ha sido errónea. Se ha priorizado la entrega directa de apoyos, que sirven para el alivio inmediato y la propaganda, por encima de la inversión en infraestructura sanitaria que permita cumplir con los estándares internacionales.

Hoy, el ganadero yucateco enfrenta una tormenta perfecta: costos disparados por las nuevas exigencias de pruebas, precios a la baja por la dificultad de exportar y plagas activas que amenazan la vida del animal y del humano.

La próxima revisión será en tres años, pero el daño económico ya está hecho. Mientras el gobierno estatal no asuma que la sanidad animal es un tema de seguridad y no un evento para colgarse medallas, los ranchos del oriente seguirán viendo cómo sus animales y su patrimonio se mueren en el corral. En Yucatán, el estatus sanitario ya no es un orgullo, es una herida abierta.