Extorsión en salubridad

• Denuncian cobros ilegales a brigadistas, manejo discrecional de vacunas antirrábicas y posible utilización de recursos públicos para favorecer intereses políticos.

Redacción/Sol Yucatán

Lo que inicialmente trascendió como un conflicto entre cinco supuestas enfermeras del Centro de Salud de Mérida podría revelar irregularidades de mayor gravedad: presuntos cobros ilegales a brigadistas, manejo discrecional de vacunas antirrábicas y posible utilización de recursos públicos para favorecer intereses políticos particulares.

De acuerdo con señalamientos respaldados, según las fuentes denunciantes, quienes solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias, las protagonistas del altercado registrado la semana pasada no fueron profesionales de enfermería, sino brigadistas voluntarias del área de zoonosis, encargadas de aplicar vacunas a perros y gatos en recorridos domiciliarios.

La diferencia resulta fundamental, pues integrantes del gremio de enfermería, que son trabajadoras sindicalizadas, rechazan que se les atribuya un incidente relacionado con presuntas irregularidades administrativas que, sostienen, deben investigarse desde los niveles de coordinación y dirección.

Uno de los principales señalados es Mario Rodríguez, identificado como coordinador de las brigadistas, a quien se atribuye la presunta exigencia de cuotas de 100 pesos diarios por voluntaria para permitirles participar en las jornadas y acceder a las vacunas.

Según las denuncias, entre 15 y 20 personas realizan diariamente estas actividades, lo que representaría cobros de hasta dos mil pesos por jornada, siempre que se confirme que todas entregan la cantidad señalada.

Las brigadistas, que no forman parte de la plantilla regular, dependen de las aportaciones voluntarias de los ciudadanos, situación que presuntamente las coloca en condiciones de vulnerabilidad frente a quienes administran las rutas y asignan las dosis.

Los señalamientos también alcanzan a Domitilo Carballo, identificado como responsable del área de Riesgos Sanitarios, por una supuesta participación en el esquema de cobros. Asimismo, se cuestiona que Rodríguez pudiera desempeñar simultáneamente actividades laborales en una empresa privada del aeropuerto de Mérida, circunstancia que amerita revisar sus horarios y responsabilidades institucionales.

Otra línea de denuncia involucra al director del Centro de Salud Urbano de Mérida, Mario Cuevas Tzuc, por su presunto conocimiento de estas prácticas y la posible canalización de recursos hacia Domitilo Carballo, ya que su permanencia (a pesar de este y otros escándalos) en el cargo se debe a él y a su amistad con Miguel Moreno Camelo.

La controversia adquiere, además, una dimensión política ante los señalamientos sobre el supuesto traslado de vacunas, medicamentos y personal del Centro de Salud hacia Chocholá, donde presuntamente habrían sido utilizados para favorecer actividades relacionadas con las aspiraciones políticas de la esposa del director, Mario Cuevas, quien recientemente se registró para participar en la coordinación municipal de los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación. Así que Rodríguez coordina la campaña anticipada en Chocholá los fines de semana, con recursos y personal del Centro de Salud.

De acreditarse, estas conductas podrían constituir faltas administrativas y dar lugar a investigaciones por el posible uso indebido de recursos públicos.

Las denuncias también hacen referencia a antecedentes de presunto acoso sexual contra voluntarias, cuya documentación y seguimiento institucional requieren revisión.

Todas estas irregularidades, de no intervenir las autoridades, continuarán ocurriendo en la Secretaría de Salud, rumbo a las elecciones de 2027.

El caso plantea interrogantes sobre la supervisión de las brigadas, el control de los biológicos, las condiciones de trabajo de las voluntarias y la responsabilidad de los funcionarios involucrados.

Corresponde a la Secretaría de Salud de Yucatán esclarecer los hechos, revisar los registros de distribución de vacunas y determinar si existieron cobros indebidos o utilización de recursos sanitarios con fines ajenos al servicio público.