Exediles se llevaron 56 MDP

• os exalcaldes de Motul, Roger Aguilar Arroyo y Julián Pech Aguilar, tendrán que devolver millonarias sumas de dinero tras comprobarse sus actos de corrupción detectado por la ASEY.

• Una auditoría arrojó que Aguilar Arroyo, actual funcionario estatal, habría ocasionado un daño patrimonial de al menos 40 millones de pesos, quien tiene siete denuncias penales.

• La ASEY detectó mediante auditorías un presunto daño patrimonial por al menos 288 millones de pesos, sin embargo, los alcaldes se escudan en las leyes frágiles que les dan impunidad.

Redacción/Sol Yucatán

Motul, tierra de Felipe Carrillo Puerto, considerado como uno de los mejores gobernadores de la historia de Yucatán, se ha visto sacudido en los últimos años por acusaciones de saqueo y desvío de recursos públicos que han afectado la percepción de la ciudadanía sobre el manejo del dinero municipal.

Uno de los casos más sonados es el de Roger Aguilar Arroyo, quien fue presidente municipal en dos ocasiones, del 2018 al 2024 (por el PRI y posteriormente por Morena).

Su gestión ha sido objeto de múltiples señalamientos por daño patrimonial y posibles desvíos de recursos, lo que ha motivado siete denuncias penales.

Además, recientemente, durante la visita del gobernador a Motul, enfrentó críticas públicas y protestas de habitantes que le exigieron devolver recursos.

Dos exalcaldes de Motul, quienes llegaron a la alcaldía por el PRI, tendrán que pagar millonarias sumas de recursos por los históricos daños patrimoniales al municipio durante sus períodos como alcaldes.

En primera instancia, el exalcalde y actual director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal de Yucatán, Roger Aguilar Arroyo, pagará 6 millones de pesos, con lo cual se dará por terminada una de las siete carpetas de investigación que tiene vigentes por presuntos actos de corrupción, lesiones y violencia.

Aguilar Arroyo busca limpiar su nombre, debido a que es señalado como una de las fichas de Morena para ocupar una curul, ya sea en el Congreso local o federal, por lo cual una sentencia podría truncar sus aspiraciones políticas.

Es uno de los protegidos del Gobernador, ya que se dice que fue su prestanombres en el desvío de recursos que realizó cuando fue el delegado de la Secretaría del Bienestar Federal.

El daño patrimonial que ocasionó a los motuleños sería mayúsculo, debido a que auditorías internas señalan que a lo largo de sus 6 años de gobierno habría incurrido en el desvío de al menos 40 millones de pesos.

Además, al final de su gobierno, vació el Palacio Municipal, incluida una caja fuerte de tesorería que tenía más de 50 años de antigüedad.

Es considerado como uno de los ediles que mayor daño patrimonial le causó a los motuleños.

A pesar de ello, se dice protegido por las propias autoridades estatales, incluido el sistema de justicia de Yucatán.

Julián Pech Aguilar, tío político de Rommel Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional del Deporte, quien gobernó Motul en el trienio 2012-2015, bajo las siglas del PRI, fue acusado por actos de corrupción, paradójicamente por el exalcalde Roger Aguilar Arroyo.

Luego de 10 años de proceso judicial, ahora tendrá que restituir 16 millones de pesos a las arcas municipales.

Sin embargo, el proceso no solo involucra a Pech Aguilar, sino también a su extesorera Beatriz del Carmen Chi Campos, quien actualmente es la directora del sistema municipal de agua potable de Motul, en la administración del panista Lucio Estrella Canul, por lo cual sería inminente su remoción.

Pech Aguilar, tras su gestión, adquirió múltiples propiedades en el municipio y en Mérida, entre ellas el rancho «Los Girasoles», localizado en Kiní.

Por su parte, la extesorera adquirió propiedades en Motul y montó varios negocios, no acordes a sus ingresos como funcionaria municipal.

Los efectos de los actos de corrupción no son solamente políticos o administrativos, sino que también tienen impacto directo en la población.

La falta de recursos se traduce en menor inversión en servicios públicos, infraestructura urbana, seguridad y programas sociales y, con ello, el rezago del municipio.

Las irregularidades en Motul no son casos aislados, sino que se están presentando de manera casi sistemática.

En informes recientes de la ASEY, varios ayuntamientos, incluido Motul, fueron señalados por desvíos y daños patrimoniales que en conjunto suman más de 288 millones de pesos.

Sin embargo, en muchos casos no han derivado en sanciones firmes, lo que ha generado un fuerte debate sobre la eficiencia de los mecanismos de fiscalización y la rendición de cuentas en la entidad.

El Congreso del Estado ha estado envuelto en señalamientos de utilizar políticamente las presuntas irregularidades administrativas para doblegar a adversarios políticos en lugar de procurar actuar conforme a la ley.

Otro de los problemas radica en que el delito de corrupción y peculado es considerado como un delito no grave en el código penal, el cual no ha sido reformado desde hace ya 30 años, por lo cual el acusado, en caso de ser procesado, lleva al proceso en libertad y en cualquier momento del proceso puede llegar a un acuerdo con la parte afectada para extinguir la acción penal, como ocurre con los dos exediles antes mencionados, lo que genera impunidad.