Ex alcalde no pagó la deuda

PROFEPA exhibe irregularidades de Alfredo Fernández. El recinto ferial fue construido sobre más de 216 mil metros cuadrados de selva sin contar con la autorización federal para el cambio de uso de suelo. El Ayuntamiento enfrenta una multa de casi 800 mil pesos.

Redacción/Sol Yucatán

La obra que durante la administración de Alfredo Fernández Arceo fue presentada como uno de los principales proyectos de su gobierno, hoy se ha convertido en un problema legal y ambiental para el Ayuntamiento de Valladolid.

Documentos oficiales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) revelan que el recinto ferial de la ciudad fue desarrollado en una zona forestal donde se realizaron desmontes, rellenos y trabajos de urbanización sin contar con la autorización federal requerida para el cambio de uso de suelo.

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La situación derivó en una sanción económica por 799 mil 943 pesos con 76 centavos, cantidad que el Ayuntamiento de ese entonces no cubrió dentro de los plazos legales establecidos, por lo que actualmente enfrenta un procedimiento administrativo de ejecución para el cobro forzoso de la multa.

De acuerdo con el expediente PFPA/37.3/2C.27.2/011-24 y la resolución administrativa 135/2024, inspectores federales detectaron afectaciones ambientales en una superficie aproximada de 216 mil metros cuadrados de selva mediana subcaducifolia, equivalente a más de 21 hectáreas.

Durante las inspecciones fueron documentados trabajos de remoción de vegetación, nivelación de terrenos, rellenos, compactación de superficies, construcción de caminos de acceso y la instalación de diversas estructuras utilizadas actualmente como parte del recinto ferial.

La autoridad ambiental concluyó que dichas actividades requerían una autorización previa emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), documento que nunca fue acreditado durante el procedimiento administrativo.

Los informes señalan que en la zona existía vegetación forestal propia de la región, incluyendo árboles y especies características de la selva yucateca que fueron eliminadas para dar paso a la obra.

El caso adquiere mayor relevancia debido a que el propio Alfredo Fernández Arceo, entonces alcalde de Valladolid, compareció dentro del procedimiento iniciado por la PROFEPA en representación del Ayuntamiento.

A pesar de las observaciones realizadas por la autoridad federal, la construcción continuó y el recinto ferial siguió siendo promovido por la administración municipal como una de las obras insignia del gobierno de Fernández Arceo.

Ahora, la documentación oficial deja constancia de que las autoridades federales detectaron irregularidades ambientales relacionadas con el proyecto.

La situación también ha generado críticas debido al discurso público que durante años mantuvo el ex alcalde respecto a la protección ambiental y el desarrollo sustentable.

Mientras públicamente se impulsaban mensajes relacionados con el cuidado del entorno natural, los documentos federales describen la transformación de una extensa área forestal mediante trabajos realizados sin la autorización correspondiente.

La resolución emitida por PROFEPA fue notificada legalmente al Ayuntamiento el 23 de agosto de 2024. Conforme al Código Fiscal de la Federación, el pago debió realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores, plazo que venció el 7 de octubre de 2024.

Al no cubrirse el monto ni garantizarse el crédito fiscal, la deuda adquirió carácter de exigible, por lo que la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) inició el procedimiento de recuperación.

El documento oficial advierte incluso la posibilidad de ejecutar embargos y utilizar la fuerza pública en caso de ser necesario para garantizar el cobro del adeudo.

Asimismo, se establece que, de encontrarse resistencia para acceder a inmuebles o bienes susceptibles de embargo, las autoridades podrían solicitar apoyo policial e incluso proceder al rompimiento de cerraduras conforme a lo previsto por la legislación fiscal federal.

Más allá de la sanción económica, el caso deja en evidencia que una de las obras más promovidas por la administración anterior quedó marcada por observaciones ambientales federales relacionadas con la destrucción de vegetación forestal y la falta de permisos para modificar el uso del suelo.

Hoy, el recinto ferial continúa operando, pero los documentos oficiales de PROFEPA registran que su construcción se realizó en condiciones que derivaron en una multa federal cercana a los 800 mil pesos, una carga que ahora recae sobre las finanzas del Ayuntamiento de Valladolid.