Estados Unidos cerca a gobernadores de la 4T

• En breve, los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pedirán licencia debido a las investigaciones realizadas por el Gobierno de los Estados Unidos, por nexos con el narcotráfico. Esto, tal y como lo dimos a conocer en nuestra portada del pasado 4 de mayo de 2026, titulada ¡LOS QUIERE EE. UU.!. En la que informamos:

• La administración Trump endurece su postura frente a la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, señalando una supuesta protección oficial a grupos criminales que pone en jaque la soberanía nacional

• Los expedientes del Departamento de Justicia apuntan a figuras clave de la 4T, incluyendo a Adán Augusto López y Mario Delgado, por presuntos vínculos con el tráfico de combustible y financiamiento ilícito

• Las investigaciones de EE. UU. se centran en una red transfronteriza de robo de hidrocarburos que afecta la hacienda norteamericana, rompiendo la pasividad judicial y amenazando con extradiciones de alto nivel

Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

LOS ANTECEDENTES

LOS JUGOSOS NEGOCIOS DE MARINA DEL PILAR ÁVILA, CON EL NODO MORELOS

La administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que el Nodo Morelos ha costado más de 936 millones de pesos. A pesar de la magnitud de la inversión, la obra ha sido duramente criticada por residentes locales, quienes denuncian que el tráfico no ha mejorado y que la infraestructura carece de iluminación y señalización adecuada, presentando fallas estructurales a poco tiempo de su apertura.

Investigaciones de Grupo Sol Corporativo señalan que el financiamiento de este proyecto ha dejado las finanzas estatales en «números rojos». Lo más alarmante, según el reporte, es la presunta adjudicación de contratos millonarios a un grupo selecto de empresas que han sido señaladas como las «favoritas» del actual gobierno, acumulando recursos públicos a pesar de contar con antecedentes de irregularidades ante la Auditoría Superior.

La primera etapa de la obra fue otorgada en 2023 a la empresa Cinco Contemporánea S.A. de C.V. por un monto superior a los 356 millones de pesos. Esta compañía, representada por el empresario Rodrigo Ramos Garibi —quien ha sido vinculado anteriormente a redes de financiamiento político—, se ha consolidado como el principal brazo constructor de la administración, acumulando 25 convenios que superan los 1,286 millones de pesos entre 2022 y 2025.

Por otro lado, la segunda fase del proyecto, valorada en 580.6 millones de pesos, fue entregada al consorcio formado por Corporativo Integral de Vivienda S.A. de C.V. y Trituasfaltos S.A. de C.V. La elección de estas firmas ha levantado sospechas debido a que Corporativo Integral de Vivienda cuenta con reportes de la Auditoría Superior del Estado por pagos en exceso y obras no ejecutadas en años anteriores, además de enfrentar demandas mercantiles.

La participación de Trituasfaltos S.A. de C.V. añade un matiz político al caso, al ser propiedad de Guillermo Beltrán Urquijo, exalcalde sinaloense y figura influyente en el sector ganadero. Según la investigación, la empresa no contaba con un historial sólido en obras de esta envergadura en la región, habiendo obtenido previamente contratos significativamente menores antes de recibir el proyecto del Nodo Morelos.

El reporte periodístico también vincula estos movimientos financieros con un contexto político turbulento. Se menciona que la gobernadora ha sido objeto de señalamientos delicados, incluyendo la supuesta suspensión de su visa y presuntos nexos con grupos delictivos, acusaciones que enmarcan la entrega de estos contratos como parte de una red de intereses económicos y políticos con los «caciques de la construcción» en el estado.

Para los ciudadanos de Tijuana, la realidad del Nodo Morelos dista mucho de los beneficios prometidos en los discursos oficiales. Los constantes cierres por reparaciones post-inauguración y las deficiencias técnicas visibles sugieren que la urgencia por entregar la obra superó la calidad de la ejecución, dejando a la zona con afectaciones viales severas en lugar de soluciones integrales.

Las cifras presentadas por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) muestran un crecimiento exponencial en los montos otorgados a las empresas señaladas. Empresas que iniciaron con contratos de 12 millones de pesos han saltado a manejar presupuestos de casi 600 millones en un solo proyecto, lo que expertos en transparencia consideran un patrón de favoritismo que amerita una investigación profunda.

Hasta el momento, la administración estatal no ha emitido una respuesta detallada que desmienta las inconsistencias financieras presentadas en los contratos C-SIDURT/OPP-23-TIJ-05 y sus derivados. Mientras tanto, el costo total de la modernización del Nodo Morelos sigue ascendiendo, alimentado por convenios adicionales y reparaciones de emergencia que se cargan al erario público de Baja California.

La situación del Nodo Morelos se perfila como un caso emblemático de los retos que enfrenta la infraestructura en el norte del país, donde la opacidad en las licitaciones y la mala planeación urbana terminan por impactar directamente en la calidad de vida de los contribuyentes, quienes exigen claridad sobre el destino de los 936 millones de pesos invertidos.

ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, BAJO LA LUPA DE LA DEA

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se encuentra bajo una presión sin precedentes tras ser señalado por agencias de inteligencia de Estados Unidos como una pieza clave en el entramado criminal que domina Michoacán. Los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder limonero Bernardo Bravo, han encendido las alarmas de la DEA, colocando la administración estatal bajo la lupa por presunta colusión con grupos delictivos para facilitar el control territorial y económico de la entidad.

La sombra de la ilegalidad ha acompañado a Ramírez Bedolla desde su ascenso al poder en 2021, cuando surgieron denuncias sobre el respaldo logístico y financiero del Cártel de Sinaloa en su campaña. Según investigaciones de Grupo Sol Corporativo, esta alianza habría permitido que Michoacán se convirtiera en un «Estado mafioso», donde la violencia no es un efecto colateral, sino una herramienta de gobernanza utilizada para desplazar familias y acaparar las riquezas mineras y agrícolas del estado.

Un evento que ha sacudido las estructuras militares fue el hallazgo de una «narcomanta» del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dirigida al general Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez. En el mensaje, el grupo criminal reclama el incumplimiento de acuerdos que presuntamente permitirían su libre entrada a diversos municipios. Esta revelación sugiere que la corrupción no solo alcanza las esferas civiles, sino que ha penetrado profundamente en los mandos militares encargados de la seguridad en la región.

El asesinato de Carlos Manzo en Uruapan ejemplifica la peligrosa mezcla entre política y crimen. El alcalde, quien mantenía diferencias públicas con el gobernador y el diputado Leonel Godoy, fue ejecutado por sicarios menores de edad en pleno festejo de Día de Muertos. Este crimen se inscribe en una lucha encarnizada entre La Familia Michoacana, el CJNG y Los Viagras, grupos que han sido catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas internacionales que operan con total impunidad.

En el plano económico, el llamado «oro verde» se ha convertido en una maldición para los productores locales. El cobro de piso y las extorsiones han asfixiado a las industrias del aguacate y el limón; quienes se niegan a pagar las cuotas impuestas por los cárteles enfrentan el decomiso de su mercancía o la muerte. Esta economía de guerra ha generado un éxodo masivo, con cifras que, según líderes religiosos, alcanzan los 125,000 desplazados forzados que huyen de la «ley del gatillo».

Voces críticas, como la del sacerdote Gregorio López, conocido como el «Padre Goyo», han señalado directamente a Ramírez Bedolla y a su secretario de Seguridad, José Alfredo Ortega, como los principales responsables del caos. El clérigo sostiene que el gobierno estatal protege a capos específicos, como los líderes de Los Viagras, mientras encarcela a trabajadores agrícolas. Para muchos, Michoacán ya es un territorio «invivible«, comparable con las épocas más oscuras de la violencia en Colombia.

La impunidad se manifiesta con una crueldad extrema en eventos como el fusilamiento de diez personas durante un velorio, donde los perpetradores tuvieron el tiempo suficiente para limpiar la escena con detergente antes de que llegaran las autoridades. Ante tales atrocidades, la respuesta del gobierno federal ha sido criticada por su falta de contundencia, reforzando la percepción de que el crimen organizado funciona como un brazo armado del Estado en las zonas donde impera el vacío institucional.

A nivel local, las corporaciones policiacas municipales han dejado de servir a la ciudadanía para convertirse en apéndices de los cárteles. Muchos comandantes operan como jefes de plaza, utilizando los recursos oficiales para secuestrar y asesinar bajo las órdenes de las mafias. Esta descomposición estructural ha anulado cualquier intento de reforma policial, dejando a los habitantes de los 113 municipios del estado en un estado de total indefensión.

La ubicación estratégica de Michoacán, con el puerto de Lázaro Cárdenas como puerta de entrada para precursores químicos y cocaína desde Sudamérica, lo mantiene como el botín más preciado del narcotráfico. La guerra entre «El Mencho» (CJNG) y sus rivales por el control de esta ruta de exportación hacia Estados Unidos no muestra señales de tregua, alimentada por una maquinaria criminal que utiliza vehículos artillados y drones contra la población civil.

Finalmente, la narrativa de pacificación impulsada por el gobierno estatal y federal parece derrumbarse ante la realidad de los hechos. Con seis cárteles disputándose el territorio y un gobernador señalado por organismos internacionales, Michoacán cierra ciclos de violencia que se han extendido por décadas. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más podrá sostenerse una administración que, según las investigaciones, ha entregado las llaves del Palacio de Gobierno a la delincuencia organizada.

VILLARREAL, SOLAPADOR DEL NARCO

A dos años de haber asumido la gubernatura de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya enfrentó una crisis de legitimidad marcada por crecientes evidencias que lo vinculan con grupos de la delincuencia organizada. Investigaciones de agencias internacionales como la DEA y el FBI han puesto al descubierto una red de financiamiento ilícito que involucra no solo a su equipo de campaña, sino también a su círculo familiar más cercano, en un estado que se desangra por la disputa territorial entre cárteles.

Uno de los señalamientos más graves se deriva del caso «El Gerry», donde fotografías filtradas muestran al gobernador en una reunión privada con Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, identificado como operador del Cártel del Noreste. Tras dicho encuentro, Vázquez Barrera y dos marinos que presuntamente transportaban activos ilícitos para las campañas de Morena desaparecieron sin dejar rastro, un hecho sobre el cual el mandatario estatal ha evitado profundizar, calificando los informes como falsos.

Documentos clasificados de la DEA revelan que esta relación habría tenido un impacto financiero directo en la familia del gobernador. Se reportaron transferencias por al menos siete millones de dólares —aunque se estima que la cifra podría ser mucho mayor— a una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Humberto Villarreal Santiago, hijo del mandatario. Estos fondos, procedentes de paraísos fiscales, habrían sido inyectados para asegurar el control político del cártel en el noreste mexicano.

A esta red de financiamiento se suma el vínculo con el fallecido «Rey del Huachicol», Sergio Carmona Angulo. Antes de ser asesinado en 2021, el empresario habría otorgado 35 millones de pesos para la precampaña de Villarreal. Investigaciones posteriores sugieren que el apoyo económico fue una constante, ligan al hijo del gobernador con depósitos adicionales por 20 millones de dólares destinados a financiar diversas campañas de Morena bajo el auspicio de la red de contrabando de combustible de Carmona.

Mientras las finanzas del poder florecen, la seguridad en Tamaulipas ha sufrido un retroceso alarmante. La irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha desatado una guerra abierta contra el Cártel del Golfo, organización con un siglo de hegemonía en la zona. Convoyes de camionetas artilladas han sido avistados en municipios estratégicos como San Fernando, evidenciando que la estrategia de «Paz y Justicia» prometida por Villarreal no ha pasado de ser una consigna de campaña.

Esta guerra por el territorio ha generado una distorsión económica sin precedentes en el mercado de las drogas. La sobreoferta causada por la disputa territorial ha desplomado los precios de la metanfetamina y la cocaína en la frontera, mientras que los decomisos por parte de las autoridades estadounidenses en sectores como el Río Bravo se han disparado en un 200%. Tamaulipas se ha convertido en el principal embudo de estupefacientes hacia Texas, operando bajo un aparente vacío de autoridad estatal.

Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) respaldan la percepción de inseguridad ciudadana. Durante el primer año de gobierno de Villarreal, la incidencia delictiva general aumentó un 12.03% en comparación con la administración anterior. Delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el uso de armas de fuego, muestran un crecimiento sostenido que contradice los discursos oficiales de pacificación.

Especialmente preocupante es el repunte en delitos contra la libertad personal. El secuestro ha alcanzado niveles críticos, registrando 685 casos en el primer año de mandato, lo que representa un aumento de 274 expedientes en relación con el cierre del sexenio pasado. Asimismo, los delitos de abuso y acoso sexual han llegado a sus cifras más altas, dejando a las poblaciones vulnerables de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa en una situación de indefensión total.

La corrupción también se ha manifestado en el personal de confianza y aliados políticos del gobernador. Casos como el de Carlos Cantú Rosas, exalcalde de Nuevo Laredo y operador de Villarreal, quien cuenta con ficha roja de Interpol por el desvío de 47 millones de pesos, subrayan la falta de escrúpulos en la selección de su equipo. Incluso la familia del gobernador carga con sombras del pasado, con acusaciones de vínculos históricos entre su padre y el Cártel del Golfo durante los años ochenta.

El panorama para Tamaulipas al cierre de este segundo año de gestión es de incertidumbre y violencia. Con el control de los productos básicos en manos de la delincuencia y un gobierno estatal señalado por colusión con el narcotráfico y el huachicol, la entidad se perfila como un territorio donde la ley es dictada por el mejor postor. La administración de Américo Villarreal enfrenta ahora el reto de responder ante las evidencias internacionales o seguir permitiendo que los cárteles gobiernen el noreste del país.