Escándalo y embargo en puerta

• El diputado de Morena, Samuel Lizama Gasca, enfrenta un pleito judicial tras ser demandado civil y mercantilmente por deudas e incumplimientos financieros.
• La demandante exige que el legislador “morenista” y su constructora rindan cuentas y respondan por presuntos daños, afectaciones económicas y probables deudas contractuales no liquidadas.
• Para lavarse las manos y evadir sus responsabilidades económicas, el legislador intentó recurrir a recursos legales ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Redacción/Sol Yucatán

La farsa de la “honestidad valiente” y la “austeridad republicana” volvió a desplomarse en Yucatán. El legislador local de Morena, Samuel de Jesús Lizama Gasca, enfrenta un pleito judicial tras ser demandado civil y mercantilmente por deudas e incumplimientos financieros.

De acuerdo con los estrados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, bajo el expediente 00189/2025, derivado del oficio 2SPC 137/2025 y del expediente original 637/2024 del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial, el flamante diputado guinda fue sentado en el banquillo de los acusados junto con su empresa Edificaciones y Urbanización S.A. de C.V.

La demanda fue promovida por la ciudadana María Arcelia Zamora Bonilla a través de un Juicio Ordinario Civil, donde exige que el legislador “morenista” y su constructora rindan cuentas y respondan por presuntos daños, afectaciones económicas y probables deudas contractuales no liquidadas.

Para lavarse las manos y evadir sus responsabilidades económicas, el legislador intentó recurrir a recursos legales ante la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sin embargo, la justicia le dio la espalda, remitiendo los autos para continuar el proceso judicial en su contra.

No cabe duda de que Samuel Lizama Gasca encarna la verdadera esencia del morenismo local: impunidad, pleitos legales por dinero y negocios al amparo del poder. Mientras predica discursos de “pueblo sabio” en la tribuna del Congreso del Estado, en las salas judiciales acumula expedientes y expedientes por moroso

El diputado de Morena, que desde la tribuna presume discursos de transformación y defensa del pueblo, enfrenta ahora un nuevo conflicto relacionado con una de sus empresas: una trabajadora denuncia que fue despedida cuando se encontraba en medio de una emergencia médica, sin seguro social y a días de someterse a una cirugía de urgencia.

Necesitaba una operación de urgencia, no tenía IMSS y pidió permiso para atenderse. Al día siguiente, la despidieron. Así comenzó el pleito laboral que hoy enfrenta a Jennifer Ojeda Arcila contra Edificaciones y Urbanización S.A. de C.V., empresa vinculada al diputado local de Morena, Samuel de Jesús Lizama Gasca.

La trabajadora asegura que fue dejada sin empleo justo cuando enfrentaba una emergencia médica, después de que la empresa no la tuviera asegurada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pese a que su contrato establecía que debía contar con esa prestación. La cirugía se realizó dos días después del despido.

Ahora, Ojeda Arcila reclama alrededor de 70 mil pesos por gastos médicos y prestaciones laborales, mientras el expediente 4422026 permanece activo ante el Tribunal Segundo Laboral de Asuntos Individuales de Yucatán.

Y el caso no llega solo. La misma empresa vinculada al diputado ya enfrenta otro procedimiento judicial, de naturaleza civil, promovido por María Arcelia Zamora Bonilla, bajo el expediente 00189/2025.

El nombre de Lizama Gasca vuelve así a aparecer ligado a un conflicto judicial relacionado con su empresa, mientras la trabajadora que reclama sus derechos sostiene que tuvo que enfrentar una cirugía de urgencia, la pérdida de su empleo y los gastos médicos de su bolsillo.

Jennifer Ojeda Arcila denunció que fue despedida de su trabajo como auxiliar administrativa el pasado 13 de junio, después de solicitar permiso para ausentarse debido a que requería una cirugía de urgencia. La afectada se encontraba trabajando en Edificaciones y Urbanización S.A. de C.V., empresa vinculada al legislador de Morena, integrante de la LXIV Legislatura por el Distrito X, con cabecera en Kanasín.

Todo comenzó el pasado 10 de marzo, cuando Ojeda Arcila fue contratada con un contrato indefinido para el puesto antes mencionado. Durante los meses siguientes, todo transcurrió con normalidad, hasta que comenzó a presentar malestares y acudió al Seguro Social con la esperanza de recibir atención.

Sin embargo, señala que esto no fue posible porque la empresa no la tenía asegurada ante el IMSS.

La situación, de acuerdo con la afectada, contrasta con el contrato que firmó al comenzar a laborar en la empresa. En la cláusula décimo segunda se establece que “la empresa inscribirá al empleado en el Instituto Mexicano del Seguro Social”. En dicha sección no se establece un periodo determinado de prueba para que la persona comenzara a contar con esa prestación.

Debido a esto, el 12 de junio acudió con un médico particular, quien le indicó que tendría que operarse de urgencia debido a que presentaba piedras en la vesícula.

Jennifer Ojeda solicitó permiso para ausentarse unos días debido a su diagnóstico y próximo procedimiento. Al día siguiente, el 13 de junio, fue despedida, según su denuncia. La operación se realizó el 15 de junio.

La trabajadora pasó así de enfrentar una emergencia médica a enfrentar también un problema laboral y económico: sin empleo, sin el seguro social que establecía su contrato y con gastos médicos que tuvo que cubrir de manera particular.

Tras semanas de recuperación postoperatoria, el 10 de julio la afectada tenía pactada una cita con la empresa Edificaciones y Urbanización S.A. de C.V. en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Yucatán (CECOLEY), para intentar llegar a un acuerdo sobre su situación laboral, la retención salarial y los gastos adicionales.

Sin embargo, la cantidad que le ofrecían era mínima y, de acuerdo con Ojeda Arcila, no cubría los gastos que realizó durante la intervención, por lo que el caso fue marcado como no conciliación.

Debido a ello, procedieron con una demanda laboral en la que exige a la empresa una indemnización constitucional, que contempla diferentes conceptos, entre ellos el pago de salarios caídos y, sobre todo, los gastos médicos realizados de forma particular por no contar con seguro social.

El costo estimado es de 70 mil pesos, dinero que la demandante busca utilizar para cubrir los gastos médicos derivados de su intervención.

Actualmente, el expediente número 4422026 permanece activo en el Tribunal Segundo Laboral de Asuntos Individuales de Yucatán, con sede en Mérida, a la espera de que el caso sea resuelto.

Pero el conflicto laboral no es el único expediente que involucra al diputado y a la empresa.

De acuerdo con los estrados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, bajo el expediente 00189/2025, derivado del oficio 2SPC 137/2025 y del expediente original 637/2024 del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial, Samuel de Jesús Lizama Gasca y Edificaciones y Urbanización S.A. de C.V. fueron señalados como parte demandada en un juicio promovido por María Arcelia Zamora Bonilla.

La demanda fue promovida mediante un Juicio Ordinario Civil, en el que se reclaman presuntos daños, afectaciones económicas y obligaciones contractuales que, de acuerdo con la parte actora, no habrían sido cubiertas.

El asunto llegó a la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de recursos relacionados con el procedimiento, y los autos fueron remitidos para que el proceso continuara.

Así, la empresa vinculada al legislador acumula al menos dos frentes judiciales de distinta naturaleza: uno por una controversia civil y otro por el reclamo de una trabajadora que asegura haber sido despedida cuando enfrentaba una emergencia médica.

En el caso laboral, será la autoridad competente la que determine si existieron las violaciones reclamadas por Jennifer Ojeda Arcila y qué responsabilidades, en su caso, corresponden.

Mientras tanto, la afectada busca recuperar los gastos que tuvo que realizar para atenderse y, sobre todo, que el hecho de haber necesitado una cirugía de urgencia no terminara costándole también su empleo y su derecho a la seguridad social.