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¡En la mira de EE.UU.!
- Los ex gobernadores de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y su ahijado político, Roberto Borge Angulo, podrían ser de los funcionarios que requiera el gobierno de Donald Trump al haber sido vinculados con el crimen organizado.
- La FGR y la DEA, en su momento, advirtieron que investigaban de manera directa a ambos ex funcionarios públicos cozumeleños por sus evidentes relaciones con el narco y miembros de la mafia rumana.
- Sol Quintana Roo ha publicado los vínculos de González Canto y Borge Angulo, respectivamente, de la investigación realizada por parte de la agencia antidrogas estadounidense de hace 15 años.
Redacción/Sol Quintana Roo
Ciudad de México.- La Agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA), Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son algunas de las corporaciones de los Estados Unidos y mexicanas que, en su momento, han requerido la presencia o iniciado investigaciones en contra de los ex gobernadores quintanarroenses Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, por enriquecimiento ilícito y vínculos con grupos criminales del país.
Por es por ello, que desde que iniciaron una investigación en contra de Rubén Rocha Moya han vuelto a salir a la luz pública y se convirtieron, de nueva cuenta, en unos personajes que han quedado en la mira de los Estados Unidos. Los ex gobernadores de Quintana Roo podrían ser los próximos funcionarios que requiera el gobierno de Donald Trump al haber sido vinculados con el crimen organizado y en su momento, fueron mencionado en una declaración hecha por “Rey” Zambada en su proceso jurídico.
Estas dependencias investigadoras, en su momento, advirtieron que investigaban de manera directa a ambos ex funcionarios públicos cozumeleños por sus evidentes relaciones con el narco y miembros de la mafia rumana y, de acuerdo con investigaciones, las pesquisas no han quedado cerradas y continúan su legal proceso.
Sol Quintana Roo ha publicado, en diversas ocasiones, los vínculos de González Canto y Borge Angulo, respectivamente, con la investigación realizada por parte de la agencia antidrogas estadounidense desde el primer año que ambos funcionarios iniciaron su administración estatal.
VAN POR ELLOS
La Drug Enforement Administración (DEA), por sus sigles en inglés, y la Fiscalía General de la República, mediante investigación conjunta, en su momento dieron a conocer que afinaban detalles para proceder contra el ex gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, por sus presuntos nexos con diferentes organizaciones del narcotráfico.
La investigación por parte de la agencia antidrogas estadounidense no es nueva, data al menos de hace 15 años, justo cuando González Canto asumió la gubernatura del estado de Quintana Roo, la agencia alertó de los vínculos del entonces novel mandatario estatal con cárteles de la droga.
Días antes de que el martes 5 de abril de 2005, González Canto tomara posesión como gobernador del estado de Quintana Roo, la DEA alertó de sus nexos con el crimen organizado y lo hizo saber al gobierno de México, pero el aviso no contó para las autoridades federales, electorales y el cozumeleño asumió el cargo.
En su informe, la agencia antidrogas precisó que González Canto colaboraba con el crimen organizado, al igual que su entonces “delfín” político y sucesor, Roberto Borge Angulo, hoy preso en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos.
Según informes de inteligencia de la DEA, González Canto, que también es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por enriquecimiento ilícito, durante su gobierno realizó negociaciones con personajes del crimen organizado, además de incurrir en otros ilícitos que le redituaron miles de millones de pesos.
Fuentes de la FGR confiaron a Sol Quintana Roo que hay una investigación en curso al respecto, por lo que en breve el también ex senador podría ser citado para que responda por los señalamientos y la manera como ha acumulado su riqueza.
Las indagatorias en su contra son varias, incluso existe una que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la cual trascendió que se están bloqueando de manera paulatina sus cuentas, aunque el político cozumeleño haya declarado a medios afines que eso no es cierto.
Todo ello ha sido advertido por la DEA desde el año 2005 y hasta ahora, 21 años después, las autoridades mexicanas empiezan a investigar los actos de corrupción de los que tuvieron conocimiento desde hace más de cuatro lustros.
En el pasado, en el año 2019, Sol Quintana Roo retomó las investigaciones, luego de un nuevo reporte que hizo la DEA, pero no fue sino hasta noviembre de 2020, que comenzaron a acelerarse las pesquisas por parte del gobierno federal mexicano.
A través de investigaciones conjuntas de la DEA y la Fiscalía General de la República, se documentó que González Canto, Borge Angulo y otros políticos quintanarroenses sostuvieron vínculos con grupos criminales.
Este medio de información en marzo de 2019 realizó un trabajo especial en el que se reveló que tras la llegada de González Canto al gobierno de Quintana Roo, se catapultó el fenómeno del tráfico de drogas y fue cuando se propaló la versión de que “la plaza” había sido vendida dos veces a organizaciones rivales del narco.
La infiltración del narcotráfico en el gobierno de González Canto llegó a tal grado, que el 3 de febrero de 2009 fue ejecutado el general retirado, Mauro Enrique Tello Quiñones, a menos de 24 horas de haber sido designado asesor en Seguridad Pública del entonces presidente municipal de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, “Greg”; Otro polémico personaje.
Trascendió que la designación del general causó molestias en una organización del narcotráfico, presumiblemente el Cártel de Juárez, por lo que decidieron que el militar fuera liquidado.
Se dieron las investigaciones que culminaron con la captura de Octavio Almanza Morales, “El Gori 4”; sucesor del militar en la Secretaría de Seguridad Pública; Francisco Velasco Delgado, “El Vikingo”; director de la Policía Municipal de Cancún y de Marco Antonio Mejía López, exdirector de la cárcel de Cancún.
González Canto sostuvo a lo largo de su mandato nexos con el clan de los Carrillo Fuentes, concretamente con Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, que se ostentaba como empresario de la construcción.
Bajo ese mote, Luis Carlos realizó millonarios negocios con González Canto, quien le otorgó diversas concesiones, entre ellas la construcción de la cárcel de Cancún, pero al descubrirse la relación entre mandatario y narcotraficante, el político se vio obligado a cancelarlas.
González Canto había otorgado el contrato para la ampliación de la cárcel municipal de Cancún, a través de la empresa SAFIE de Quintana Roo S.A de C.V., cuyos planos contemplaban incluso la construcción de pasadizos secretos, concebidos para eventuales fugas.
Pero hubo otras obras más, concretadas mediante licitaciones otorgadas por el gobierno, sin concurso, pese a que a Ricardo y Alfredo Carrillo Cano, hermanos de Luis Carlos, habían sido relacionados por la DEA como presuntos responsables de tráfico de drogas, “lavado” de dinero, extorsión y homicidio.
Esos vínculos con la delincuencia organizada y el parentesco, quedarían confirmados la tarde del 19 de octubre de 2011, cuando el empresario y amigo personal de González Canto, Luis Carlos Carrillo Cano, fue ejecutado en una de las principales avenidas de Cancún.
Una cartulina que fue dejada junto al cuerpo, contenía un amenazante mensaje del Cártel de Los Zetas que se adjudicó el crimen de Carrillo Cano: “Saludos, ya sabemos que están aquí y que los protege el cerdo del gobernador, pero ni con él nos van a frenar”, fue el narcomensaje.
Otro vínculo más de González Canto con el crimen organizado, fueron los nexos que mantuvo con Raúl Martins Coggiola, conocido en Quintana Roo como “El zar de la trata de Blancas”, de quien se dice que apoyó la campaña de Roberto Borge Angulo, por indicaciones del primero, ambos relacionados con miembros del Cártel de Juárez, del llamado “Señor de los Cielos”.
Contra viento y marea concluyó la gestión de González Canto, pero antes ya había tejido la trama para que su “alumno”, Roberto Borge Angulo, lo sucediera en el cargo y así fue.
Tras el arribo de Borge Angulo, el narcotráfico cobró un auge nunca antes visto en el Pasillo del Caribe Mexicano, más descarado que el que tuvo su antecesor.
Los vínculos criminales de González Canto y Borge Angulo, en opinión de autoridades antidrogas, se confirmaron a raíz de la captura en Panamá de Borge Angulo, con lo que comenzó a destaparse la cloaca que se gestó desde que González Canto asumiera la gubernatura.
Desde esa fecha, en abril de 2005, de acuerdo a la DEA, el gobernante entabló relaciones simultáneas con el Cartel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, cuyos sicarios, “Los Pelones” y “Los Zetas” y otros grupos, apéndices de los mismos, han mantenido y mantienen una permanente rivalidad y cruenta guerra por el control del territorio. Y el pasillo del Caribe Mexicano se hundió en la violencia y comenzó a teñirse de sangre.
Después vino la sucesión con Borge Angulo y como resultado de su captura en Panamá, quedaron al descubierto los nexos que sostuvieron ambos, durante su mandato, con Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, jefa del Cártel de Cancún, que operó libremente gracias a la protección de los mandatarios.
La mujer, una ex agente de la desaparecida Policía Judicial Federal que fue dada de baja por pérdida de confianza, se aposentó en Cancún y tras reclutar a narcos desertores de otros grupos e incluso a agentes ministeriales de Quintana Roo, creó su propia organización y se adueñó del Estado.
Su relación se volvió tan estrecha, que Roberto Borge y Leticia Rodríguez, fueron vecinos en los exclusivos y suntuosos apartamentos en la Torre Majoris, en el fraccionamiento Villa Magna.
El cuartel de operaciones de la ex agente era el municipio de Alfredo V. Bonfil, y era un secreto a voces que en ese sitio tenía su centro de operaciones, todos sabían dónde estaba, menos aquellos que debían capturarla.
Ambos compartieron también las cajas de seguridad de la empresa Firts National Security, donde guardaban el producto de sus fechorías y que fueron aseguradas por la entonces Procuraduría General de la República.
Otras declaraciones que evidenciaban las relaciones de González Canto y Borge Angulo con el narco, fueron de uno de los ex asesores del mismo Borge Angulo, quien aseguró que en los gobiernos pasados hubo una especie de acuerdo entre los gobiernos estatal, municipal y los grupos delincuenciales para que los dejaran operar libremente.
Fue evidente que se permitió que pasaran los cárteles de la droga, pues el objetivo de ambos ex gobernantes no fue gobernar sino administrar el crimen, lo que originó que Quintana Roo ocupara uno de los primeros lugares en narcotráfico, pederastia, trata de personas, prostitución, extorsión, lavado de dinero.
LA DUPLA
La dupla Félix-Roberto, descubrió y explotó tres grandes fuentes de corrupción para dejar un Estado en decadencia: Los desvíos del erario, el apoderamiento de tierras de la reserva de Quintana Roo que fueron “rematados” a precios irrisorios a familiares, amigos e incondicionales y los millonarios sobornos del narco.
En otro aspecto, según reportes de inteligencia, tanto González Canto como Borge Angulo protegieron los desembarques de cargamentos de cocaína, procedentes de Colombia, siguieran llegando a Punta Pájaros, propiedad costera de un banquero, que se localiza en el centro de la Biosfera de Sian Ka´an.
Los nexos del ex senador Félix González Canto y del ex gobernador Borge Angulo con los cárteles del narcotráfico, y la venta de la reserva territorial de Quintana Roo, explicarían sobradamente el origen de sus fortunas.
La doble relación con cárteles de la droga, enemigos entre sí, dio paso a una imparable ola de violencia, transformando puntos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, cuyo principal atractivo era la tranquilidad, en verdaderos infiernos.
En la cadena de investigaciones no sólo figura González Canto y Borge Angulo, sino los de muchos más de sus colaboradores, familiares y allegados, como: José Luis Jonathan Yong Mendoza y su hijo José Luis Yong Cruz, de Morena; Silvia Susana González Franco, Remberto Estrada Barba y Gregorio Sánchez Martínez, “Greg”, entre otros políticos de Quintana Roo.
Entre otros polémicos personajes que, si bien no han sido ligados de lleno al narcotráfico, si están plenamente relacionados con otras actividades ilícitas, figuran Florian Tudor, mejor conocido como “El Tiburón” y jefe de la mafia rumana; Raúl Martins Coggiola, espía y proxeneta argentino, que radicaba en Cancún (hoy preso) e Isidro Santamaría Casanova, sempiterno secretario de la CTM en Quintana Roo, preso también por el delito de trata.
INTERPOL INVESTIGÓ EXCENTRICIDADES
En diciembre de 2018, de acuerdo con información obtenida de manera exclusiva, se supo que Félix Arturo González Canto contaba con un castillo en Francia que superaba los 2.5 millones de euros.
Un condominio de lujo en la torre Hutton Grand de Dubai, con valor superior a los 200 mil euros; un departamento en Miami, Florida, de 500 mil dólares; un yate de un millón de euros, entre otras propiedades.
Como se recordará, durante la comparecencia en la corte de los Estados Unidos, Jesús “El Rey” Zambada reveló los sobornos millonarios que los ex gobernadores priistas recibieron por parte del Cártel de Sinaloa.
En su declaración, Zambada detalló la estructura montada para sobornar a diversas autoridades federales, estatales y municipales mexicanas, bajo el mando de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada y Guzmán Loera, quienes se encargaban de comprar a los más altos niveles de gobierno, entre los que se encontraban las administraciones estatales del llamado triángulo dorado, compuesto por los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua; y otros como Quintana Roo, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Chiapas, Baja California Sur, Sonora, Morelos, Jalisco y Ciudad de México.
Lo anterior puso en evidencia la corrupción permitida por las administraciones estatales de las entidades antes mencionadas, entre las que se incluye la gestión de los ex gobernadores quintanarroenses: Roberto Borge Angulo y a su antecesor Félix González Canto.
Como se sabe, los sobornos permitían también desviar o paralizar cualquier investigación en marcha por las autoridades sobre asesinatos a rivales. “Se entraba en contacto con el mando para entender la línea de investigación y se le pedía directamente al comandante que actuara”, señaló Zambada.
Dicha acusación contra el ex senador Félix Arturo González Canto se sumó a las otras cinco denuncias en su contra, una de ellas de estatal y cuatro del fuero federal como lo ha publicado oportunamente Sol Quintana Roo.
Entre las del orden federal está la que interpuso una organización no gubernamental estatal ante la Procuraduría General de la República (PGR) misma que ha sido ratificadas por la venta a precios subvaluados de 41 predios, más lo que resulte, para que se ejerza acción penal en su contra.
Como se sabe, a Félix González Canto se le atribuye la deuda en 10 mil 500 millones pesos al Estado y se ha dicho que se corre el riesgo de que huya a un país donde no se tenga tratados de extradición.
A Félix González se le ha denunciado ante la PGR por haber vendido el patrimonio del Estado a empresarios, funcionarios y amistades cercanas a él, tal y como lo hizo Roberto Borge.
Además, pesan sobre él dos denuncias más ante la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República), en la Ciudad de México, por el delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el estado de Quintana Roo. Y una más que está en marcha de periodistas de Quintana Roo que han recibido amenazas por parte del ex senador y ex mandatario estatal.
González Canto nació en Cozumel, Quintana Roo, en 1968. Fue presidente municipal de la misma ciudad, después diputado federal, luego gobernador de Quintana Roo y por último senador.
Antes de que llegara a la gubernatura, el patrimonio familiar de González Canto era una casa modesta en la isla caribeña, sin nada que denotara lujos o derroche; sin embargo, al concluir su gestión se hablaba de lujosos departamentos, residencias, pent-houses, cuentas bancarias en paraísos fiscales y un sinfín de propiedades que de ninguna manera correspondían a lo que había percibido como servidor público.
Durante el gobierno estatal de González Canto, también se vendieron a precios irrisorios mil 754 predios a familiares y amigos: 877 en Quintana Roo, 406 en Playa del Carmen, 176 en Cozumel, 156 en Cancún y 139 en Chetumal.
Por lo que respecta al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, este se consumó por medio de la creación de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V. (Barcos Caribe), fundada por Roberto Borge Martín, padre de Roberto Borge y por Franco González Padrón, otro de los tíos de González Canto.
EN 2011 FUE CONSIDERADO EL MÁS RICO
Al término de su mandato, en abril de 2011, González Canto, fue considerado como el político más rico de todo el Estado, aunque para ello heredara a los quintanarroenses una enorme deuda que sólo podría pagarse hasta los siguientes 20 años, es decir hasta el 2031, aunque con el aumento de la deuda en el sexenio de Borge Angulo se estima que será hasta después del 2050.
Con una especial visión para las finanzas, fue más empresario que gobernante y mediante una y mil formas amasó su fortuna desde el gobierno, con lo que pudo hacerse dé, al menos, una veintena de propiedades, además del control monopólico de diversos negocios, desde franquicias de la cadena Oxxo, Alpura, Italian Coffe, gasolineras, constructoras, inmobiliarias, notarías, plazas comerciales, empresas de transporte (terrestre, marítimo y aéreo) y hasta el mercado negro de las placas de taxi.
Para entonces ya había sospechas de que se había enriquecido de manera ilícita, pues pese a su sociedad con el poderoso empresario libanés Isaac Hamuil, era un secreto a voces que el verdadero dueño de empresas, hoteles y plazas comerciales era González Canto.
Esas fortunas solamente fueron posibles, mediante los nexos con los ex gobernadores Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, así como por los vínculos entre Natividad González Parras, ex mandatario de Nuevo León y Luis Francisco Enríquez, operador financiero de su hermano Felipe.
Enríquez, con la complicidad de González Canto creó la empresa Raíces Consultoría, S.A. de C.V., por medio de la cual se apropió de 40 hectáreas en Isla Blanca y de otras cuatro en Mérida, Yucatán, así como de otras tres para negociar las tierras que han estado en litigio desde hace años, porque el Ejido José María Pino Suárez de Quintana Roo reclama su posesión en «Punta Piedra”.
Tras el desalojo y despojo de las tierras se iniciaron operaciones en varios predios en la zona de Punta Piedra, un paraje de costa ubicado entre las ruinas de Tulum y la reserva de biosfera de Sian Ka’an. El área total del terreno, con unos 300 metros de frente al mar Caribe, es de 31 mil 274 metros cuadrados.
Lo mismo hizo el regiomontano en Isla Blanca, con el apoyo de González Canto, donde sabedor de una serie de litigios sobre la tenencia de la tierra se apropió de 30 kilómetros de terrenos de playas vírgenes.
También se dio a conocer que Enríquez Hernández participó en la construcción de un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dólares, a construir en los siguientes 12 años, es decir los trabajos concluirán, en teoría, hasta el 2022, en el que 9 mil 600 cuartos de hotel, quedarían en 221 hectáreas en el municipio Isla Mujeres, de Quintana Roo.
En esa trama inmobiliaria, jugó un papel preponderante el ex gobernador Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales del 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Enríquez, además de que “ayudó” a que adquirieran otras 21 hectáreas, para hacer el total de 40.
Cómo Villanueva estaba preso, los compradores decidieron darle sólo una parte y no toda la millonada prometida, por lo que, desde su celda, los demandó por fraude, presiones y amenazas, ya que, al ser enterados de la denuncia, sus abogados fueron intimidantes para que se desistieran de su acusación contra González Canto y Enríquez Hernández.
Fue, durante más de 11 años quien mandaba en el Estado; incluso, puso a Roberto Borge Angulo en su lugar, quien al tener lealtad incondicional cargó con los delitos de su antecesor y eso, más sus saqueos personales, lo mantienen preso en Ayala, Morelos.
Hoy está cercado, está siendo mermado, sin fuero legislativo, y en cualquier momento podría ser detenido y encarcelado o llevado ante el banquillo de los acusados para que rinda su declaración y aclare todos lo puntos anteriores. Félix Arturo González Canto está a punto de caer.
DATOS HISTÓRICOS
El gobierno de Quintana Roo inició sus indagaciones justo en el momento en que perdió su fuero legislativo, y desde ese momento, trabajan para echarle el guante y sea procesado por tres órdenes de aprehensión que ya existen en su contra en la Fiscalía General del Estado.
No hay que olvidar que los saqueos a grande escala iniciaron en el sexenio de Joaquín Hendricks Díaz, quien puso en su relevo a Félix González Canto, quien encabezó a su vez a un grupo de funcionarios, empresarios, clérigos, entre otras personalidades de la política nacional, realizar un desfalco organizado.
INVESTIGADO POR LA UIF
El 20 de enero de 2020, también se dio a conocer que luego de las declaraciones de Jesús Reynaldo “El Rey” Zambada García durante el juicio a Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, en las que relacionó a Roberto Borge y Félix González Canto, respectivamente, con dicho capo se reactivaron denuncias “congeladas” en la desaparecida Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y encontraron elementos suficientes para que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) iniciara investigaciones en contra del segundo, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Las autoridades hacendarias y la Fiscalía General de República (FGR), retomaron denuncias existentes en contra de González Canto por delitos del fuero federal, además de otra carpeta de investigación en la Fiscalía General de Quintana Roo formulada por periodistas de dicha entidad, quienes dijeron haber sido amenazados por el también ex senador priísta.
Las denuncias, señalamientos y acusaciones contra el polémico político cozumeleño no son nuevas, datan desde el principio de su gestión en el servicio, cuando era presidente municipal de Cozumel al ser acusado del asesinato de una jovencita de 15 años, a la que embarazó y mandó matar para que no se viera afectada su carrera política que apenas comenzaba.
Empero, gozaba de la protección de su partido, el PRI, al que se había incorporado a los 20 años, de tal suerte que a los 31años había sido encumbrado como alcalde de la isla caribeña, puesto en que se mantuvo hasta concluir su mandato, en el 2002 y desde entonces, merced a su fuero político por sus encargos públicos, primero como diputado, luego gobernador y por último senador, se había tornado prácticamente intocable.
Esa situación cambió en el 2018, cuando el tricolor fue aplastado en las elecciones quedando reducido a la cuarta fuerza, con lo que Félix perdió toda oportunidad para incrustarse en el Poder Legislativo y conservar el fuero legislativo y dado el cúmulo de acusaciones en su contra y las derivadas por las declaraciones del “Rey” Zambada, hermano del “Mayo” Zambada, verdadero jefe del Cártel de Sinaloa, correspondió a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda realizar las investigaciones correspondientes.
Como se recordará, durante su comparecencia ante la corte de los Estados Unidos, “El Rey” Zambada reveló sobornos millonarios que los ex gobernadores priístas, entre ellos Borge y González Canto recibieron del Cártel de Sinaloa.
Jesús Zambada detalló en su testimonial la manera como el cártel sobornaba a diversas autoridades mexicanas, entre federales, estatales y municipales, por instrucciones de su hermano “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán, que eran los que se encargaban de coptar a funcionarios del más alto nivel de gobierno, entre los que se encontraban los referidos gobernantes.
Como se sabe, los millonarios sobornos no sólo permitían el libre trasiego de la droga, sino también desviar o paralizar cualquier investigación en marcha por las autoridades sobre asesinatos en contra de narcos rivales, “se entraba en contacto con el mando que tenía el caso para indicarle la línea que debería tomar la investigación y se le pedía directamente al comandante que actuara en tal o cual sentido”, señaló Zambada.
Pero, además de esas últimas imputaciones fueron reactivadas al menos media docena más de averiguaciones previas, ahora convertidas en carpetas de investigación, por diversos delitos, entre ellos: Homicidio, peculado, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y otros.
Las investigaciones hechas por la desaparecida PGR, antes de que se transformara en Fiscalía General de la Nación, tras el intercambio de información con los gobiernos de varios países, señalaron que González Canto posee un castillo en Francia con valor de más de 2.5 millones de euros; un condominio de lujo en la torre Hutton Grand de Dubai, cuyo precio supera los 200 mil euros; un departamento en Miami, Florida, de 500 mil dólares y un yate de un millón de euros, entre otras propiedades.
El ex senador por Quintana Roo posee además de una mansión inteligente en Andara, un exclusivo conjunto residencial, una casa en el fraccionamiento La Herradura y otra residencia en la calle Armada de México, donde convive con su familia cuando coinciden en la ciudad de Chetumal.
La casa de Andara es una verdadera fortaleza de dos hectáreas, que obtuvo en regalo por autorizar y pagar el subsidio de las instalaciones de Radio Maya Internacional, un medio creado por Zapata Vales nada más para tener el acercamiento con González Canto y así conseguir todos los permisos para edificar Andara.
Como pago a esos “favores” a González Canto le edificaron su fortaleza. Dos hectáreas con campo de golf, cancha de tenis, alberca, la lujosa edificación con ventanas blindadas, gigantesca cochera donde presumía su colección de autos.
A un costado de su mansión, construyó un helipuerto con todos los implementos de aeronáutica civil para tener comunicación con la torre de control de mando del aeropuerto internacional de Chetumal, cuyo costo fue superior a los 10 millones de pesos.
La actual acusación contra el ex senador González Canto se suma a media docena de denuncias en su contra, tanto del fuero común, en el ámbito estatal, como en el fuero federal, de las que ha dado cuenta Grupo Sol desde hace varios años.
Una de las denuncias correspondiente al fuero estatal está documentada y en manos de la Fiscalía General de Quintana Roo, como es el expediente por homicidio de la menor de 16 años de edad, Mayra Beatriz Ayuso Rodríguez.
Entre las del orden federal figura la que interpuso una organización civil, Transparencia por Quintana Roo, ante la ahora Fiscalía General de la República (PGR) por la venta a precios subvaluados de predios a empresarios, funcionarios y amistades cercanas a él, tal y como lo hiciera su sucesor Roberto Borge Angulo, actualmente en prisión.
En ese momento se presentó su denuncia el 14 de septiembre de 2016, por un total de mil 754 predios desincorporados en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres durante la administración de González Canto y vendidos a precios irrisorios a familiares y amigos.
Además, pesan sobre él dos denuncias más ante la FGR por el delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el estado de Quintana Roo y una más por periodistas de Quintana Roo que han recibido amenazas por parte del ex senador.
DECLIVE POLÍTICO
Como se recordará, en septiembre de 2024, esta Casa Editorial dio a conocer una larga lista de acusaciones a cuestas por los presuntos delitos de despojo de grandes extensiones de tierra en los 11 municipios de Quintana Roo, fraudes a ejidatarios y enriquecimiento ilícito.
Así como el multimillonario empresario, exgobernador y exsenador Félix González Canto pretende reagrupar, para su beneficio, a varios de sus discípulos ahora incrustados en diversos partidos con cargos públicos en todo el Estado.
Y es que el priísta cozumeleño vislumbra como se derrumba su imperio de corrupción, forjado a lo largo de más de 25 en los que hizo del poder su mayor fuente de riqueza, sin importarle dejar en el desamparo a miles de familias quintanarroenses.
PROPIETARIO DE FRANQUICIAS
Propietario de al menos el 30 por ciento de las 441 tiendas Oxxo que hay en Quintana Roo, es decir de más de 130 tiendas de conveniencia distribuidas principalmente en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Akumal y Tulum, el exmandatario estatal también enfrenta acusaciones de fraude a ejidatarios de todos los municipios, principalmente en Puerto Morelos y José María Morelos.
No hay que olvidar que en sociedad con el “zar gasolinero”, Ricardo Antonio Vega Serrador, el también expresidente municipal de Cozumel, González Canto se convirtió en un empresario abarrotero por medio de las franquicias de tiendas de conveniencia GoMart.
Aunque esta sociedad ahora libra la batalla por emprender el proyecto residencial y hotelero Península Cancún en Pok Ta Pok de la Zona Hotelera de Cancún, donde Félix González Canto y Ricardo Antonio Vega Serrador buscan doblar a las autoridades ambientales para salirse con la suya.
Por medio de la sociedad Hazama Corporation Desarrollo de Turismo S.A. de C.V., los dos empresarios pretenden corromper a las autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno para que les aprueben la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional que actualmente se encuentra en trámite.
IMPERIO OCULTO
En mayo de 2025, Sol Quintana Roo dio a conocer que durante su gestión como gobernador de Quintana Roo (2005–2011), Félix González Canto consolidó un entramado de propiedades, empresas y concesiones que aún hoy despiertan sospechas de enriquecimiento ilícito, uso de prestanombres y favoritismo con grupos sindicales aliados. Su legado no sólo está marcado por su influencia política, sino por una red patrimonial que se extiende desde Chetumal hasta Miami.
González Canto posee varias Residencias y propiedades en zonas exclusivas de Quintana Roo, la Ciudad de México y Nuevo León. A continuación, enumeramos algunas de ellas.
Residencia en Chetumal (Col. 20 de Noviembre): Casa de lujo de dos plantas con jardín, vigilancia privada y acabados de mármol. Dirección aproximada: Calle Lázaro Cárdenas entre Isla Cancún y Laguna Bacalar. Valuada en aproximadamente 8 millones de pesos. Figura a nombre de su primo Humberto González Góngora.
Departamento en Cancún (Zona Hotelera): Ubicado en el condominio Bay View Grand, con vista panorámica al mar Caribe. Figura a nombre de un tercero, presuntamente el empresario Eduardo Ramírez Gamboa. Valor estimado: 12.5 millones de pesos.
Casa en Playa del Carmen (Playacar Fase II): Vivienda en fraccionamiento exclusivo con campo de golf, seguridad 24 horas y alberca privada. Ubicación: Calle Gloxinia. Valor estimado: 10 millones de pesos. Registrada a nombre de la empresa Grupo Turquesa del Caribe.
Fraccionamiento Fovissste: Casa moderna de tres recámaras, jardín trasero y cochera techada. Valor: 4.8 millones de pesos. Fraccionamiento Milenio: Propiedad de dos plantas, con diseño contemporáneo. Valor: 5.2 millones de pesos. Ambas propiedades figuran a nombre de su exsecretario privado, Manuel Magaña González.
Departamento en Torre Reforma 222: Ubicado en el piso 28 de este exclusivo complejo vertical que alberga oficinas y residencias de alto nivel. El departamento cuenta con 280 m² habitables, tres recámaras, acabados de lujo, terrazas con vista al Bosque de Chapultepec, sistema inteligente de iluminación y vigilancia privada 24/7. Fue adquirido a través de la empresa Inmobiliaria Cancún Verde, S.A. de C.V., una firma que ha sido vinculada en múltiples ocasiones a González Canto. El valor comercial de esta propiedad ronda los 14 a 16 millones de pesos.
Los ranchos en Nuevo León son “La Esperanza”, ubicado en el municipio de Montemorelos con una extensión de 180 hectáreas, y cuenta con instalaciones para crianza de ganado, presa artificial y casa de descanso. Registrado a nombre de la empresa Agropecuaria del Sureste, presuntamente manejada por el contador Mario Lizárraga, ligado a la red de prestanombres del exmandatario quintanarroense. El valor aproximado es de 25 millones de pesos.
Rancho “El Refugio”, ubicado en el municipio de Linares, con una extensión de 95 hectáreas, utilizado para recreación familiar. Registrado a nombre de Víctor Manuel Alcocer, identificado como prestanombre en múltiples registros. Valor es de 12 millones de pesos.
Las propiedades en el extranjero de González Canto, la encabeza la ubicada en Miami, Florida. Se trata de un condominio en Brickell Avenue, en el complejo Reach at Brickell City Centre, y cuenta con dos recámaras, vista a la bahía, comprado a través de una offshore en Islas Vírgenes Británicas. Valor: 1.5 millones de dólares. Operado por la firma Trust Financial Services LLC, relacionada con Félix González Góngora.
En Nueva York, Manhattan tiene un departamento en la calle 58th Street entre la 5ta y 6ta avenida, cerca de Central Park. Registrado a nombre de la firma Mayan Investments NY LLC, también relacionada con el exgobernador. Con un precio de más de 2.1 millones de dólares.
El valor total de las propiedades de Félix González Canto es de 154.5 millones de pesos mexicanos.
Para el mandatario no había límites en los negocios que le dejaran dividendos. También cuenta con franquicias comerciales, entre ellas destacan tiendas Oxxo (en Playa del Carmen y Cancún.
Tres de ellas están en zonas turísticas, registradas a nombre de familiares del político cozumeleño. Starbucks (Chetumal): Una sucursal operada a través de un consorcio local donde figura como socio minoritario Juan Carlos Hernández, quien también figura como socio en la empresa “Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V.”, la cual obtuvo una concesión para la instalación y operación de parquímetros en el municipio de Solidaridad (hoy Playa del Carmen).
Farmacias Similares (Chetumal): Dos sucursales registradas a nombre de Carlos Manuel Magaña, presunto prestanombre.
El exmandatario que dejó la deuda más dolorosa para Quintana Roo, ha sido señalado como propietario o beneficiario indirecto de varias empresas, utilizadas presuntamente para obtener contratos y concesiones, entre ellas TYA del Sureste, S.A. de C.V.: Ha recibido contratos gubernamentales en Quintana Roo y Yucatán.
Operaba con prestanombres como Jorge Luis García Zapata. Aldeas de la Costa Maya, S.A. de C.V.: Desarrollos turísticos en Mahahual; asociada con fideicomisos privados encabezados por Pedro Meza Rejón. Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V. (Barcos Caribe): Operaba rutas Cozumel-Playa del Carmen. Investigación federal por incidente de explosión en 2018. Se vincula a los hermanos Martín y Miguel González Canto.
Comercializadora Villaflor, S.A. de C.V. (Socio: Iván Zapata Caamal); Operadora Chetumal, S.A. de C.V. (Socio: Patricia Gómez Casanova); Grupo Turquesa del Caribe, S.A. de C.V. (Presidida por el empresario radicado en Cancún, Óscar Muñoz Díaz); Constructora Inmobiliaria del Sur, S.A. de C.V. (Vinculada a José Manuel Peña Pérez); Transportes Marítimos del Caribe, S.A. de C.V.; Distribuidora del Caribe Maya, S.A. de C.V.; Servicios de Transportación Turística del Caribe, S.A. de C.V.; Mares del Caribe, S.A. de C.V.; Inmobiliaria Cancún Verde, S.A. de C.V.
La ambición del también expresidente municipal de Cozumel, como gobernador obtuvo concesiones de transporte: Durante su sexenio, González Canto otorgó miles de concesiones de taxi, muchas de ellas a sus aliados políticos: Concesiones en Cancún: Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”: Recibió al menos 85 concesiones. Total estimado de concesiones entregadas en Cancún: 1,500.
Concesiones en Playa del Carmen: Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”: Más de 400 concesiones entregadas durante su mandato. De estas, al menos 75 se encuentran a nombre de familiares directos y empleados del exgobernador.
También se agenció 59 concesiones marítimas, Transportes Marítimos del Caribe y Servicios de Transportación Turística del Caribe, cubriendo Playa del Carmen- Cozumel, Cancún-Isla Mujeres y Tulum-Cozumel.
En fin, Félix González Canto hasta ahora sigue en la impunidad, pues ha logrado mantener un bajo perfil desde que dejó la gubernatura, pero las huellas de su influencia siguen visibles en la configuración económica de Quintana Roo.
Propiedades de lujo, empresas favorecidas y un amplio esquema de concesiones revelan una estructura de poder y riqueza que parece haber sobrevivido al escrutinio público. La falta de investigaciones profundas y sanciones ejemplares plantea dudas sobre la eficacia.
