Empresarios como ejidatarios

Los nombres de Mario Millet Encalada y María Cristina Beatriz Azarcoya Paoli, ambos relacionados con el sector de la construcción, aparecen en el  padrón ejidal de Yaxcopoil

Redacción/Sol Yucatán

Mérida, Yucatán.— Un hallazgo encendió la inconformidad en comunidades del sur de Mérida: empresarios vinculados a contratos de obra pública y al Tren Maya aparecen registrados como ejidatarios en Yaxcopoil, en medio de denuncias por extracción de materiales pétreos y afectaciones ambientales.

La detección fue realizada por el Comité de Defensores del Territorio de Yaxcopoil, como parte de una revisión interna del padrón ejidal. Los nombres identificados son Mario Millet Encalada y María Cristina Beatriz Azarcoya Paoli, ambos relacionados con el sector de la construcción.

Para los habitantes, su presencia dentro del ejido no es un hecho aislado, sino parte de un proceso que ha permitido el control de tierras de uso común para actividades extractivas, especialmente en zonas cercanas al trazo del Tren Maya.

Millet Encalada ha sido señalado como beneficiario de contratos de obra pública en la región y vinculado con la empresa Sumainsa, mencionada en reportes por presuntos daños a viviendas en el fraccionamiento Santa Ana, en Kanasín, entre 2022 y 2023, derivados de la extracción de material pétreo.

En tanto, María Cristina Beatriz Azarcoya Paoli, ligada a un entorno empresarial con participación en obra pública y combustibles, ha sido relacionada con la empresa Agregados y Bloques del Carmen (ABC), cuyos bancos han sido señalados por afectaciones en municipios de Quintana Roo, como Playa del Carmen, Puerto Morelos y Benito Juárez.

Las comunidades sostienen que este tipo de perfiles dentro de los ejidos evidencia un esquema de acaparamiento de tierras, donde superficies comunales terminan siendo utilizadas para la explotación de recursos naturales.

Este señalamiento se da en el contexto de la movilización realizada en la Plaza Grande de Mérida, donde comunidades de distintos puntos del estado hicieron pública su preocupación por la expansión de bancos de materiales.

Durante la protesta, integrantes de la red de pueblos contra la minería expusieron que la apertura de estos bancos ha provocado afectaciones directas a viviendas, caminos, flora y fauna, además de conflictos sociales en las comunidades cercanas.

También denunciaron que muchas de estas operaciones se realizan sin cumplir con los requisitos en materia de uso de suelo y permisos ambientales, lo que, aseguran, ha sido tolerado por las autoridades.

Tras la manifestación, una comisión fue recibida en el Palacio de Gobierno, donde se planteó la necesidad de establecer una mesa de diálogo con autoridades y representantes de las empresas involucradas.

El compromiso fue claro: instalar un espacio de negociación para atender el problema. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado.

A dos semanas del encuentro, no hay avances ni postura oficial, mientras las actividades extractivas continúan en distintos puntos de la zona metropolitana.

Las comunidades advierten que la falta de acción institucional ha permitido que los bancos de materiales operen sin sanciones, pese a las denuncias acumuladas.

Además, alertan sobre el impacto ambiental, ya que la extracción en suelo kárstico incrementa el riesgo de contaminación de los mantos acuíferos, un recurso vital para la región.

Frente a este panorama, la exigencia se mantiene: cancelación de autorizaciones, freno a la expansión de bancos pétreos y cumplimiento del diálogo prometido.