El silencio del adultocentrismo

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN YUCATÁN TAMBIÉN SON ASESINADOS

• El adultocentrismo institucional condena a las víctimas a la indefensión: de 10 menores asesinados entre 2018 y 2026 por crímenes clasificados como homicidios culposos, en razón de parentesco y feminicidios infantiles velados bajo asfixia o desnutrición. La Fiscalía judicializó 10 denuncias, sin embargo, de 20 juicios históricos, solo 10 personas cumplen una condena en la cárcel.

Por Claudia V. Arriaga Durán.

Las niñas, niños y adolescentes (NNA) en Yucatán también son asesinados. Entre 2018 y abril de 2026, al menos 10 menores de edad fueron víctimas de homicidio, o al menos, ese es el número de carpetas de investigación que ha iniciado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán. Sin embargo, la información proporcionada por las propias autoridades vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) sugiere la existencia de un subregistro flagrante cuando se trata de niñas y mujeres adolescentes: los feminicidios infantiles.

El adultocentrismo, que asume que las infancias carecen de capacidad para tomar decisiones, y el machismo estructural son los principales obstáculos para que las voces de niñas y niños sean escuchadas. Buscar ayuda o denunciar a sus agresores ante las autoridades, pese a que la legislación mexicana no se los prohíbe, deja de ser una opción real bajo la falsa creencia de que obligatoriamente deben estar acompañados por una persona adulta.

“No hay una prohibición para que los menores denuncien, sino que existen ciertos requisitos para cumplir con las diligencias. Por ejemplo, no se puede entrevistar a las niñas y niños sin un asesoramiento previo para establecer si la o el menor se encuentra orientado en sus intereses (…). No hay una regla general como tal, hay que analizar cada caso. Lo que sí es una realidad es que la legislación protege a las infancias en casi todos los delitos y no condiciona la procedencia a que el menor denuncie formalmente”, explicó el abogado David Dorantes.

Por un lado, las 11 Unidades de Investigación y Litigación adscritas a la Dirección de Investigación y Litigación (DIL) “A” en las Unidades Regionales de la FGE aseguraron que se denunciaron seis homicidios de menores de edad entre 2018 y 2026. No obstante, no especificaron las causas de muerte, las edades ni el desglose por sexo.

Caso contrario, la FGE en su unidad Mérida detalló que, en ese mismo lapso, cuatro NNA fueron asesinados: tres niñas y un niño. Las causas de los crímenes, según determinó el Servicio Médico Forense (Semefo), exponen la crueldad de la violencia física: asfixia mecánica por estrangulamiento, traumatismo encefálico, traumatismo craneofacial y neumonitis asociada a desnutrición severa.

El mismo número de denuncias interpuestas entre 2018 y 2026 es el que logró ser judicializado, según afirmó la FGE.

Los municipios en los que las niñas y niños fueron asesinados, de acuerdo con la DIL Mérida, son la capital yucateca, Izamal y Kanasín. Aquí es importante precisar que las 11 fiscalías del interior del estado no especificaron en qué pueblos o comunidades mayas ocurrieron los crímenes de sus carpetas de investigación. Es decir, la radiografía de la violencia institucional es parcial debido a la opacidad en las respuestas de la autoridad.

Pero ¿el Estado realmente protege a los menores?

“Hay una verdadera desatención hacia las niñas, niños y adolescentes porque la sociedad está construida de tal manera que todo favorece a los adultos. Hay un adultocentrismo tan grande que genera contradicciones que, finalmente, afectan a la infancia. No solo en la violencia, también en la educación y el cuidado diario; en todo esto, las niñas y los niños sufren amenazas y sus derechos son vulnerados”, expresó en entrevista Guillermo Alonso, integrante de Investigación y Educación Popular Autogestiva, A.C. (IEPAAC).

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán establece con claridad el reconocimiento de este sector “como titulares de derechos, con capacidad de goce, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. Sin embargo, esto casi nunca se traduce en la práctica. Son las personas adultas las que, sin escuchar a las infancias, les coartan las garantías que la misma legislación les otorga.

Otra de las obligaciones estatales es adoptar medidas de protección especial para NNA en situaciones de vulnerabilidad por circunstancias socioeconómicas, alimentarias, psicológicas, físicas, de discapacidad, identidad cultural, origen étnico, situación migratoria, o bien, por cuestiones de género y preferencia sexual.

“La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General en la materia establecen que los menores tienen derecho a hablar y participar, aunque esto se reduce al mínimo porque vivimos en una sociedad tan controlada que, muchas veces, ni los adultos podemos hablar, aunque algo nos afecte directamente”, acotó Guillermo Alonso.

Con 7 años murió por desnutrición severa en Kanasín

En febrero de 2025, “Pelón”, de apenas 7 años de edad, como era conocido por sus vecinos en el fraccionamiento Cielo Alto de Kanasín, murió por desnutrición severa. A su corta edad, el pequeño no solo vivía con hambre, sino que fue víctima de violencia física y psicológica sistemática en su propio hogar, a manos de su madre y la pareja de esta.

El crimen de “Pelón” se convirtió rápidamente en una cifra más. En los registros de la FGE aparece como un niño fallecido a causa de neumonitis asociada a desnutrición severa, mientras que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial confirmó que las agresoras son juzgadas por el delito de homicidio en razón de parentesco.

La FGE corroboró la versión de los colonos, quienes ya habían alertado sobre el maltrato y los golpes que sufría el menor. Las autoridades lograron la vinculación a proceso y prisión preventiva de la madre, Vilma Concepción M. Y. (35 años), y de su pareja, Liliana Elizabeth H. G. (29 años), por el delito de homicidio, a pesar de que el día de los hechos fueron arrestadas inicialmente solo por agresión a servidor público.

El menor tenía tres hermanos. Ante la indignación de la comunidad, que reclamó la inacción previa de las instituciones, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, declaró el aseguramiento de los demás hijos.

«Inmediatamente se atendió al hermano de este niño, que está en el Hospital O’Horán en una situación crítica de salud por desnutrición. Al parecer eran niños que no tenían la atención debida, pero los otros dos hermanos ya fueron recibidos en la Casa Otoch”, señaló el mandatario en su momento. La situación legal de las y los menores quedó a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodennay).

Actualmente, en el estado se encuentran en proceso 20 juicios por homicidio contra menores de edad, según reveló el Poder Judicial de Yucatán vía transparencia. El homicidio culposo, es decir, cuando la muerte no fue intencional, es la acusación más frecuente. Frente a este universo de delitos, la justicia llega a cuentagotas: apenas existe el 50 por ciento de sentencias condenatorias (10 en total).

Estas 10 personas condenadas a prisión, con penas que oscilan entre 1 y 40 años de cárcel, recibieron sus sentencias entre 2021 y 2025. El resto de las infancias sigue esperando justicia en los archivos del tribunal.

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