El RASTRO, EN BANCARROTA

Al interior del Rastro existe una red de complicidades comandadas por su Director, Juan Carlos Lucero Flores, consentido del Oficial Mayor, Mario Alberto Martínez Laviada, que favorece a unos cuantos introductores de reses.

Redacción/Sol Yucatán

En el Rastro municipal de Mérida presuntamente opera una red de corrupción y desvío de dinero que mantiene el aumento de las pérdidas de la dependencia municipal.

Las irregularidades señalan a la cabeza de la organización, el Director de la dependencia municipal, Juan Carlos Lucero Flores en contubernio y aprobación del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Mérida, Mario Alberto Martínez Laviada, conocido popularmente por el sobrenombre de “Chopi”, quienes debido a su mala administración provocan que cada año, Abastos de Mérida tenga menos ingresos y más gastos, lo que ocasiona que el subsidio que se le autoriza para su operación se incremente año con año, además de que el volumen de matanza disminuye.

El rastro municipal es un servicio público de prestación obligatoria por el municipio, y es el único lugar en el municipio de Mérida autorizado para el sacrificio de animales para el consumo humano. De acuerdo con datos de la propia dependencia, al día se sacrifican un promedio de 800 cerdos con un peso superior a los 80 kilogramos, y también 120 reses al mes. La paramunicipal también presta servicio para el procesamiento de ovinos y caprinos, así como de los toros de lidia, cuando se celebra la fiesta brava en su demarcación municipal.

Según el portal del Ayuntamiento de Mérida, en su apartado de servicios de sacrificio de ganado, por la matanza de una res el costo es de 414.96 pesos y por la de un cerdo el costo es de 207.48 pesos por cada animal de 85 a 100 kilogramos.

Los ingresos propios del rastro, es decir aquellos que percibe por la prestación de sus servicios fueron de 28 millones en 2022, pero en 2021 sus ingresos ascendieron a 37 millones de pesos, es decir que de 2021 a 2022 el Rastro sufrió una reducción del 32 por ciento en sus ingresos en un año.

Al año, por la matanza de cerdos y reses la comuna obtiene ingresos en un rango entre los dos y tres millones de pesos, para un ingreso anualizado entre los 24 y 36 millones de pesos, de acuerdo con la cuenta pública de los años 2016 a 2022.

Con los recursos propios que se generan, no serían suficiente para cubrir los sueldos de los más de 120 empleados que laboran en la dependencia, así como los gastos generales, que suman junto con el pago de sueldos, poco más de 50 millones de pesos.

El rastro de Mérida opera en números rojos, pero cada año la brecha entre los recursos que obtiene por su operación y los gastos derivados del funcionamiento del mismo, se va acrecentando, razón por la cual cada vez se le autorizan más recursos públicos vía subsidios, cuando los responsables debieran dedicarse a mejorar su gestión para incrementar ingresos y dejar de ser un pozo sin fondo para los ciudadanos meridanos.

De acuerdo a la cuenta pública del 2022, el rastro municipal recibió un subsidio por parte de la Comuna de casi 23 millones de pesos (base 2023), pero para el 2023 el subsidio se incrementó a casi 26 millones de pesos.

Fuentes de Sol Yucatán aseguraron que el principal motivo por el cual la dependencia está al borde de la quiebra se debe a la fuga del dinero, ya que Lucero Flores estaría malversando los recursos de la dependencia, a través de subsidiar el uso de cuartos fríos para sus socios y conocidos, dinero que no está ingresando a las arcas públicas, además de la contratación de servicios no prioritarios para favorecer a empresarios amigos del “Chopi”.

Asimismo, según declararon personas cercanas al manejo del Rastro, parte del dinero recolectado por los permisos irregulares para la matanza clandestina, presuntamente se estaría utilizando para la campaña del edil panista en su intento de lograr ser gobernador de Yucatán.

Lucero Flores tiene a su servicio un grupo de inspectores que realizan recorridos en colonias y comisarías de Mérida para ubicar los sitios, y en su caso, ofrecer protección oficial a los abastecedores que realizan su matanza en predios particulares, carnicerías o bien, parques.

A cada uno de ellos, indicaron los entrevistados, “les cobran una cuota de 1 mil 500 pesos al mes para dejarlos trabajar y no decomisarles su producto”. Según estimaciones de la Secretaría de Salud, en Mérida y sus 47 comisarías habría al menos 1 mil 200 matanzas mensuales en predios particulares, los cuales serían clandestinos.

Es decir, en extorsiones por las matanzas “clandestinas”, Lucero Flores obtendría 1 millón 800 mil pesos al mes.

De acuerdo a la fuente, tampoco se reportan los ingresos por la utilización extendida de los corrales de los animales que son sacrificados. De acuerdo a la misma Comuna, éstos tienen un costo de 10 pesos por día, en el caso de que los animales permanezcan más del tiempo mínimo recomendado para ser sacrificados, en este caso, el costo por mantener vivo al animal en los corrales, debe ser cubierto por el introductor, cosa que no se realiza, generando un quebranto a la institución. Esta situación sucede también a menudo con las reses sacrificadas, que por ser de amigos del director, permanecen más tiempo del debido en los cuartos fríos de la paramunicipal, sin que se realicen los cobros estipulados para este efecto.

Se solicitó la opinión sobre este tema al regidor panista, Raúl Escalante, quien es titular de la comisión de paramunicipales, es decir, responsable de verificar el correcto funcionamiento del rastro, sin embargo, se negó a comentar al Sol Yucatán sobre el caso.