¿Dónde está el dinero de la SSP?

*Más de mil 200 millones de pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública permanecen bajo un manto de opacidad. Los policías denuncian la suspensión de capacitaciones, la falta de equipo táctico, el deterioro de las instalaciones y la desaparición de incentivos económicos.

Redacción/Sol Yucatán

Más de mil 200 millones de pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública permanecen bajo un manto de opacidad, mientras los policías denuncian la suspensión de capacitaciones, la falta de equipo táctico, el deterioro de las instalaciones y la desaparición de incentivos económicos.

Desde el inicio del actual gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha recibido cuantiosos recursos federales para fortalecer la corporación; sin embargo, en las calles la realidad es distinta. Agentes consultados por Sol Yucatán aseguran que dejaron de entregarse bonos, no se han renovado chalecos antibalas ni armamento, y los dormitorios donde descansan los elementos presentan un marcado deterioro.

Tan sólo entre el último trimestre de 2024, todo 2025 y lo que va de 2026, la administración estatal ha recibido alrededor de mil 200 millones de pesos provenientes de la Federación para fortalecer a la SSP. A ello se sumarán 780 millones de pesos adicionales durante este año, por lo que al cierre de 2026 el gobierno habrá manejado cerca de mil 720 millones de pesos para seguridad, sin que exista claridad sobre el destino de esos recursos.

Estos fondos son independientes del presupuesto ordinario de la corporación, que en 2025 ascendió a 4 mil 172 millones de pesos, destinados a operación, equipamiento, capacitación y mejora de las condiciones laborales del personal.

No obstante, policías estatales aseguran que la capacitación prácticamente desapareció. También fueron cancelados los cursos de especialización que durante años se impartieron con corporaciones internacionales como el FBI, así como con cuerpos policiales de Israel y Colombia, considerados fundamentales para la profesionalización de los elementos.

Mientras tanto, Yucatán enfrenta el peor nivel de certificación policial de su historia reciente. Datos del INEGI revelan que apenas el 14.1 por ciento de los elementos cuenta con el Certificado Único Policial (CUP), requisito que acredita conocimientos, habilidades y controles de confianza para desempeñar funciones de seguridad.

Esto significa que el 85.9 por ciento de la corporación carece de certificación o se desconoce si cumple con los estándares nacionales, ubicando a Yucatán como la tercera entidad con la policía peor certificada del país, únicamente por encima de Guerrero y Oaxaca.

La situación adquiere mayor gravedad porque los altos mandos operativos permanecen exentos de estas evaluaciones de confianza y honestidad, pese a que algunos de ellos han sido señalados públicamente por presuntos vínculos con grupos criminales.

Paralelamente, la corporación enfrenta un creciente desgaste institucional. Durante el primer año del actual gobierno, la SSP concentró 44 de las 131 quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), es decir, uno de cada tres expedientes fue contra policías estatales por presuntas violaciones a derechos humanos.

Además, la dependencia acumula 12 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, convirtiéndose en la institución estatal con el mayor número de querellas.

Mientras los recursos destinados al fortalecimiento policial siguen fluyendo desde la Federación, los agentes denuncian que trabajan con menos capacitación, menos equipo y peores condiciones laborales, lo que alimenta las dudas sobre el manejo de los recursos públicos asignados a la seguridad.

El panorama también coincide con un incremento en la presencia de grupos delictivos en la entidad. De acuerdo con información oficial, Yucatán registra actualmente la mayor presencia de organizaciones criminales de su historia, con al menos siete células de distintos cárteles identificadas operando en territorio estatal.

La creciente percepción de inseguridad también comienza a reflejarse en la economía. Durante el último año, la inversión extranjera directa registró una caída cercana al 40 por ciento, mientras diversos sectores empresariales, como el hotelero y restaurantero, han reportado una disminución en la afluencia de visitantes y consumidores.

Así, mientras los recursos públicos para seguridad continúan incrementándose, persisten las interrogantes sobre su aplicación, en una corporación donde los propios policías denuncian abandono y la ciudadanía observa con preocupación el deterioro de una de las principales fortalezas históricas de Yucatán.