DIPUTADOS LOCALES VIOLARON LA LEY

*La Codhey denunció que los diputados violaron la ley y la Constitución al aprobar que el Tribunal Superior de Justicia proponga y designe a los futuros magistrados

Redacción/Sol Yucatán

Los diputados del PAN, PRI y PANAL, como denunció Sol Yucatán, violaron flagrantemente la ley y la propia constitución de Yucatán, al aprobar la modificación de la Constitución, donde le quitaban al Poder Ejecutivo la atribución de proponer una terna que ocuparan el cargo de magistrado y en cambio será el propio Tribunal Superior del Estado, quienes designarán a sus propios magistrados.

Lo anterior viola la autonomía de los Poderes de Yucatán. La iniciativa fue propuesta por la magistrada presidenta María Carolina Silvestre Canto Valdez, por encomienda del propio Mauricio Vila Dosal, cuyo propósito es que, al término de su gestión, continue teniendo total control del Poder Judicial de Yucatán, ya que la abogada María Carolina, le debe su nombramiento a Vila Dosal.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán promovió un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, la cual fue presentada por la Magistrada Presidenta del TSJY y aprobada por el Pleno del Congreso del Estado el pasado jueves 28 de marzo.

 Este mecanismo, se denomina Control Previo de Constitucionalidad y fue presentado ante el propio Tribunal Superior de Justicia, ya que es el mismo Tribunal Superior que se erige para conocer este tipo de asuntos como un Tribunal Constitucional Local de conformidad con la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Yucatán.

 Lo anterior, implica una revisión previa sobre la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el pleno del Congreso, hasta antes de que cobre vida jurídica, es decir, antes de su publicación en el Diario Oficial.

El organismo precisó que se busca obtener la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo, para frenar la publicación del decreto impugnado y posteriormente que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la inconstitucionalidad del mismo, por considerar que el decreto aprobado por el Congreso del Estado adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al principio de división de poderes y de independencia judicial, tal y como lo manifestaron Diputadas y un Diputado en la propia sesión del Pleno del Congreso, el pasado jueves 28 de marzo.