Desprecian derechos humanos

• Con más población que Quintana Roo, pero menos de la mitad del presupuesto por habitante para la defensa de los derechos humanos, Yucatán exhibe una política pública que prioriza la austeridad sobre la protección ciudadana.

• Mientras las denuncias por abusos policiales y fallas institucionales se repiten, la Comisión de Derechos Humanos del Estado opera con recursos limitados y un enfoque que privilegia el diálogo antes que la presión.

• El comparativo peninsular revela una verdad incómoda: en Yucatán, los derechos humanos cuestan menos… y valen menos.

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán hay un desprecio hacia los derechos humanos de sus habitantes que se refleja tanto en la atención que reciben las denuncias ciudadanas como en el dinero que el propio Estado decide destinar a su defensa. No se trata de una acusación lanzada al aire ni de una consigna política: es una conclusión que se desprende de los datos, de los comparativos regionales y del desempeño institucional observado durante 2025.

Cuando Yucatán se coloca frente a Quintana Roo, su vecino inmediato en la península, el contraste resulta tan claro que termina siendo incómodo.

Yucatán es un estado con 2,320,898 habitantes, mientras que Quintana Roo tiene 1,857,985. La diferencia no es menor: casi medio millón de personas más viven en Yucatán y, en teoría, deberían contar con una estructura más robusta para la defensa de sus derechos humanos. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario.

Para 2026, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) contará con 41 millones 102 mil 705 pesos, después de haber ejercido 39 millones 145 mil 433 pesos en 2025. El incremento es de apenas 1 millón 957 mil 272 pesos, alrededor de un cinco por ciento.

En Quintana Roo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEQROO) operará en 2026 con 76 millones 858 mil 458 pesos, tras haber recibido 75 millones 842 mil 327 pesos en 2025. Es decir, aun con un crecimiento menor, el punto de partida es muy superior.

La brecha se vuelve todavía más contundente cuando se observa el presupuesto por habitante. En Yucatán, la defensa institucional de los derechos humanos equivale a 17.7 pesos por persona al año. En Quintana Roo, la cifra alcanza 41.3 pesos por habitante. Más del doble. El mensaje implícito es difícil de ignorar: en términos presupuestales, los derechos humanos valen menos en Yucatán.

Detrás de esas cifras están las personas que encabezan los organismos. En Yucatán, la CODHEY es presidida por María Guadalupe Méndez Correa, quien durante 2025 enfrentó su primer año completo al frente de la institución.

Su gestión ha apostado por un perfil institucional, con énfasis en el diálogo con autoridades, la apertura de “canales de comunicación” y el acompañamiento de casos.

En Quintana Roo, la CDHEQROO está encabezada por María del Carmen Ortegón Villanueva, al frente de un organismo con mayor presupuesto, más personal y mayor capacidad operativa.

El problema no es solo de estilos personales, sino de estructura. Durante 2025, la propia CODHEY reconoció que las principales quejas ciudadanas siguen concentrándose en autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia. En el primer semestre del año se registraron 58 quejas, de las cuales se desprendieron 138 hechos presuntamente violatorios.

Los señalamientos se repiten: detenciones arbitrarias, malos tratos, retenciones ilegales, uso indebido de la fuerza, dilación en carpetas de investigación y prestación indebida del servicio público. No son hechos aislados ni excepcionales, son patrones persistentes.

Al cierre de 2025, la CODHEY había emitido 13 recomendaciones formales. La cifra, por sí sola, puede parecer relevante, pero adquiere otra dimensión cuando se contrasta con el número de quejas y con la reiteración de las mismas conductas por parte de las autoridades señaladas. La distancia entre denunciar y lograr consecuencias efectivas es una de las críticas centrales hacia la Comisión.

Las recomendaciones existen, pero su cumplimiento depende de la voluntad política de quienes son señalados. Cuando no se cumplen, la estrategia institucional ha sido insistir, dialogar e invitar al cumplimiento.

Ese lenguaje, recurrente en la gestión de Méndez Correa, ha generado incomodidad entre activistas, víctimas y observadores. En contextos donde las violaciones provienen de policías, fiscalías y autoridades municipales, la “invitación” suena débil. La percepción que se instala es la de una defensoría que acompaña, documenta y registra, pero que no logra modificar de fondo las prácticas del poder.

Mientras tanto, Quintana Roo muestra otro tipo de dinámica. Los indicadores nacionales comparables revelan que ese estado registra más hechos presuntamente violatorios que Yucatán. Sin embargo, también presenta mayor actividad institucional, más eventos de capacitación, más acciones de difusión y una comisión con mayor presencia pública.

No se trata de afirmar que Quintana Roo tenga menos problemas de derechos humanos, se trata de subrayar que el Estado ha decidido dotar a su comisión de más herramientas para enfrentarlos.

El dinero no resuelve por sí solo las violaciones, pero sí define el alcance de la respuesta. Un organismo con menos presupuesto tiene menos visitadores, menos capacidad para supervisar cárceles municipales, menos margen para acompañar casos complejos y menos fuerza política para presionar a autoridades renuentes.

En Yucatán, esa limitación se arrastra desde hace años y no fue corregida en el presupuesto de 2026. El incremento marginal no compensa el rezago histórico, sobre todo si se considera que el estado tiene más población y una carga constante de denuncias.

El contraste peninsular revela una paradoja. Yucatán suele presumirse como un estado seguro, estable y gobernable. Sin embargo, esa narrativa convive con cifras persistentes de quejas por abusos institucionales y con una inversión baja en la defensa de los derechos humanos. La estabilidad, en este contexto, parece sostenerse más en la contención del conflicto que en la garantía plena de derechos.

Durante 2025, la CODHEY actuó en distintos frentes. Observó protestas, emitió comunicados, abrió quejas de oficio en casos graves, dictó medidas cautelares por violencia institucional y reiteró su papel de acompañamiento. El problema no fue la ausencia de acciones, sino la falta de transformaciones visibles.

Las mismas corporaciones siguen encabezando las quejas. Las mismas prácticas se repiten. Las recomendaciones se acumulan sin que el ciudadano promedio perciba cambios sustantivos.

El presupuesto explica parte de esa inercia. Con 17.7 pesos por habitante, la CODHEY está obligada a priorizar, a administrar la escasez y a operar con límites claros. Frente a los 41.3 pesos por persona que invierte Quintana Roo, la diferencia no es simbólica: es estructural. Implica más personal, más presencia territorial y mayor capacidad de presión.

Los presupuestos son decisiones políticas. No son neutros ni inevitables. Cuando un estado con más habitantes decide destinar menos recursos a su comisión de derechos humanos que un estado vecino con menos población, el mensaje es claro. La defensa de los derechos humanos no ocupa un lugar central en la agenda pública. Se reconoce su importancia en el discurso, pero se le asigna un papel secundario en la práctica.

Ese desprecio no siempre se manifiesta en actos espectaculares. A menudo se expresa de manera silenciosa, burocrática y eficaz: en presupuestos ajustados, en instituciones limitadas y en una tolerancia implícita a que las denuncias se acumulen sin alterar de fondo el comportamiento de las autoridades. No es un desprecio que golpea de inmediato, es uno que erosiona con el tiempo.

Comparar a Yucatán con Quintana Roo no es un ejercicio caprichoso. Es una forma de evidenciar que existen alternativas, que otros estados han decidido invertir más en la defensa de los derechos humanos y que esa decisión se refleja en la capacidad institucional. El contraste no coloca a Quintana Roo como un modelo ideal, pero sí deja a Yucatán en una posición incómoda, expuesto por sus propias cifras.

En 2025, la CODHEY operó como un termómetro que midió y documentó abusos, pero con una capacidad limitada para provocar consecuencias proporcionales. La gestión de María Guadalupe Méndez Correa se movió dentro de un marco institucional prudente, mientras las denuncias continuaban llegando y el presupuesto seguía siendo bajo. En Quintana Roo, María del Carmen Ortegón Villanueva encabezó una comisión con mayor respaldo financiero y mayor margen de acción, en un estado con menos población y problemas igualmente complejos.

La conclusión no es optimista para Yucatán. El desprecio hacia los derechos humanos no se expresa en una sola decisión, sino en una suma de omisiones. Se refleja en cada peso no asignado, en cada recomendación sin consecuencias y en cada ciudadano que denuncia sin ver cambios.

Frente al espejo peninsular, Yucatán no solo queda en desventaja: queda exhibido como un estado que, en términos presupuestales y estructurales, ha decidido que la defensa de los derechos humanos cueste lo menos posible, aun cuando sus habitantes sean más y sus denuncias persistan.