Descomposición en el INDEMAYA

• Empleados del instituto denuncian presuntos actos de corrupción, nepotismo, hostigamiento laboral y una lucha interna por el control del organismo.

• Acusan que los programas para las comunidades mayas quedaron relegados por intereses políticos.

Redacción/Sol Yucatán

El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), creado para atender y fortalecer a las comunidades indígenas de la entidad, atraviesa una profunda crisis interna marcada por presuntos actos de corrupción, nepotismo, hostigamiento laboral y una abierta disputa política por el control del organismo. Así lo denunciaron trabajadores de la propia institución, quienes decidieron revelar en exclusiva a Sol Yucatán las irregularidades que, aseguran, se arrastran desde la administración de Fabiola Loeza Novelo y continúan bajo la dirección de Feliciano Moo y Can, mientras los programas en favor del pueblo maya permanecen relegados y sin resultados tangibles.

La administración de Fabiola Loeza Novelo dejó, según los denunciantes, un instituto sumido en el desorden administrativo, con observaciones por la falta de comprobación de gastos en eventos oficiales y una estructura marcada por el nepotismo.

De acuerdo con denuncias públicas, Loeza Novelo arrastra señalamientos por el presunto desvío de 40 millones de pesos durante su gestión como alcaldesa de Teabo, municipio del que es originaria, donde el descontento hacia su familia —que durante años ha conservado influencia política en la demarcación— es ampliamente conocido por los pobladores, quienes la acusan de maltrato y discriminación.

Los trabajadores también denunciaron que durante su paso por el INDEMAYA ejerció un ambiente permanente de hostigamiento y presión laboral contra quienes no se alineaban a sus intereses políticos.

Al asumir la dirección del instituto, afirman, incorporó a familiares directos a la nómina. Como consta en el organigrama institucional, designó a su cuñado, Isidro Napoleón López, como jefe del Departamento de Comunicación Social, además de beneficiar a una prima con cargos administrativos.

Fuentes internas sostienen que su salida para asumir la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Yucatán respondió a acuerdos políticos que le permitieron abandonar el cargo antes de enfrentar posibles responsabilidades derivadas de las anomalías detectadas durante su gestión.

Pasado sindical y denuncias vigentes

Tras la salida de Loeza Novelo, la dirección quedó en manos de Feliciano Moo y Can, cuya llegada tampoco logró revertir la crisis.

Trabajadores recuerdan su trayectoria como dirigente sindical y lo señalan como uno de los personajes más cuestionados por la base campesina, al acusarlo de haber hostigado, traicionado y vulnerado los derechos laborales de numerosos trabajadores del campo.

Quienes actualmente acuden al instituto para solicitar apoyos también denunciaron —según los testimonios recabados por el personal del organismo— que continúan las prácticas de intimidación, maltrato y discriminación hacia los usuarios.

Los propios empleados aseguran que Feliciano Moo mantiene una actitud de desprecio hacia las comunidades indígenas, al afirmar de manera despectiva que «el pueblo maya ya no existe», que «nadie quiere ser maya» y que «es mejor tener dinero en la bolsa y hacer política que defender a un pueblo que, según su visión, ni existe».

Para los denunciantes, esas expresiones reflejan un profundo desconocimiento y desinterés por las comunidades originarias que el instituto tiene la obligación de atender y representar.

Lejos de resolver los problemas heredados, los trabajadores aseguran que la confrontación política al interior del instituto se ha intensificado.

Según revelaron, existe una campaña de boicot impulsada por personas cercanas a Fabiola Loeza contra la administración de Feliciano Moo, derivada de los reacomodos políticos que siguieron a la salida de la exdirectora, quien —afirman— nunca tuvo interés en incorporarse al INPI, pero aceptó el cambio como parte de un acuerdo político tras las irregularidades detectadas durante su gestión.

Para los denunciantes, el saldo de ambas administraciones es devastador: programas sin resultados, comunidades mayas abandonadas, conflictos internos, presunto uso patrimonialista de la institución y una creciente desconfianza entre los propios trabajadores.

Ante ello, exigieron la intervención de las autoridades estatales y federales de fiscalización para auditar el manejo de los recursos públicos, deslindar responsabilidades y rescatar un organismo que, aseguran, ha dejado de servir al pueblo maya para convertirse en un espacio de intereses políticos y personales.

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