Bienestar con empresas fantasma

• La Secretaría se ha convertido en una ventanilla recurrente para un mismo beneficiario: Mauricio Lara Mezquita, señalado en el ámbito público por esquemas empresariales de alto riesgo fiscal

• Ha tejido una red de razones sociales, algunas de reciente creación que, sin cambiar de manos, sí cambian de nombre.

• El resultado es una secuencia de contratos que se reparten entre Ferromateriales La Principal y Maquiterra del Mayab, con montos que, sumados, superan los 2.7 millones de pesos.

Redacción/Sol Yucatán

Ante los constantes señalamientos sobre la creación de empresas “fantasma” y esquemas de simulación fiscal, el empresario Mauricio Lara Mezquita ha recurrido a una estrategia que se ha vuelto habitual entre proveedores gubernamentales: multiplicar razones sociales para desviar la mirada del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, al mismo tiempo, mantener intacta la llave del dinero público.

En Yucatán, esa estrategia ha encontrado un terreno fértil en la Secretaría del Bienestar, dependencia dirigida por Fátima del Rosario Perera Salazar, donde los contratos fluyen, aunque los nombres de las empresas cambien.

El patrón se repite sin mayor resistencia institucional. Cuando una empresa comienza a generar ruido, aparece otra. Cuando una razón social se desgasta, se estrena una nueva. El beneficiario final permanece. En el caso de Mauricio Lara Mezquita, las sociedades Ferromateriales La Principal, S. de R.L. de C.V. y Maquiterra del Mayab, S. de R.L. de C.V. funcionan como vasos comunicantes: empresas distintas en el papel, pero alineadas en los hechos.

Una de ellas, incluso, de reciente creación, logró incorporarse rápidamente al padrón de proveedores del gobierno estatal bajo la administración de Fátima del Rosario Perera Salazar.

Los números confirman que no se trata de episodios aislados. Al menos cuatro contratos han beneficiado a empresas vinculadas a Mauricio Lara Mezquita. Uno por 437,789.45 pesos, otro por 863,878.53 pesos, un tercero por 198,236.46 pesos y un cuarto por 1,232,954.86 pesos.

En conjunto, los montos superan los 2 millones 700 mil pesos, una cifra relevante para compañías con una presencia limitada fuera del circuito gubernamental. No es un contrato, es una secuencia, y la secuencia ocurre bajo una misma titular: Fátima del Rosario Perera Salazar.

El caso más revelador de este esquema es el contrato SBY/DJ/PS/034/2025, firmado por la Secretaría del Bienestar de Yucatán, bajo la responsabilidad directa de Fátima del Rosario Perera Salazar, con la empresa Maquiterra del Mayab, S. de R.L. de C.V., representada por Mauricio Lara Mezquita.

El convenio establece como objeto la prestación de servicios de mantenimiento, incluyendo trabajos de adecuación en infraestructura, resanes, pintura, luminarias y diversas mejoras en espacios utilizados por la dependencia.

El monto máximo contratado asciende a 1 millón 232 mil 954.86 pesos, con IVA incluido, una cantidad significativa para una empresa de reciente creación, que sin una trayectoria pública consolidada logró colocarse como proveedora directa del Bienestar estatal. La firma de este contrato vuelve a colocar el foco en Fátima del Rosario Perera Salazar, quien encabeza la dependencia que autoriza y valida este tipo de convenios.

Ferromateriales La Principal, otra de las razones sociales vinculadas a Lara Mezquita, ha sido objeto de señalamientos públicos relacionados con alertas fiscales que, si bien no constituyen una sentencia firme, sí forman parte de un contexto de riesgo. Lejos de una revisión exhaustiva o de una depuración visible, el sistema permite la rotación empresarial: si una empresa incomoda, otra ocupa su lugar. El dinero público cambia de cuenta, el beneficiario final no. Y la dependencia que contrata sigue siendo la misma: la Secretaría del Bienestar bajo el mando de Fátima del Rosario Perera Salazar.

Este modelo de contratación no es casual. La dispersión de contratos en varias empresas vinculadas a un mismo actor reduce la visibilidad del patrón, fragmenta montos y diluye responsabilidades.

No es ilegal crear múltiples empresas, pero sí es alarmante cuando todas confluyen en la misma dependencia, con los mismos firmantes y bajo la misma administración. En este caso, la responsabilidad política y administrativa recae una y otra vez en Fátima del Rosario Perera Salazar, quien tiene la obligación de revisar antecedentes, evaluar riesgos y justificar cada contratación.

La Secretaría del Bienestar suele presentarse como una institución enfocada en combatir la desigualdad y fortalecer programas sociales. Sin embargo, en la práctica, opera como una plataforma de contratos recurrentes para un mismo grupo empresarial, aunque este cambie de nombre.

Bajo la gestión de Fátima del Rosario Perera Salazar, no existe información pública suficiente que explique por qué empresas de reciente creación superan los filtros con tanta facilidad, ni qué criterios se utilizan para privilegiarlas frente a otros posibles proveedores.

El impacto va más allá de lo fiscal. Cuando una dependencia concentra contratos en un mismo beneficiario final, debilita la competencia, reduce la pluralidad de proveedores y eleva el riesgo de malas prácticas.

La falta de explicaciones públicas por parte de Fátima del Rosario Perera Salazar refuerza la percepción de permisividad. Y en el ámbito del gasto social, la permisividad tiene consecuencias.

Aquí no se dictan sentencias ni se sustituyen a las autoridades. Se documenta un patrón, se consignan contratos, montos, empresas y firmas, y se señala una constante: todo ocurre bajo la administración de Fátima del Rosario Perera Salazar. Es su Secretaría la que contrata, es su firma la que avala y es su gestión la que debe responder.

La multiplicación de empresas como cortina no elimina el escrutinio, apenas lo aplaza. Cada contrato añade contexto. Cada razón social nueva no borra a la anterior, la acompaña.

En el caso de Mauricio Lara Mezquita, la estrategia de empresas en cascada funciona mientras la autoridad lo permita. Y en Yucatán, quien debe rendir cuentas por esa permisividad es Fátima del Rosario Perera Salazar.

El trayecto del dinero público es claro: la Secretaría del Bienestar contrata, las empresas rotan, los montos se fragmentan y el beneficiario final permanece. Lo que sigue sin claridad es la evaluación de riesgos, la revisión de antecedentes y la rendición de cuentas. Tres responsabilidades que recaen, sin rodeos, en la titular de la dependencia: Fátima del Rosario Perera Salazar.

Mientras no exista una explicación pública y documentada sobre por qué estas empresas fueron elegidas, qué controles se aplicaron y por qué se permitió la recurrencia, el caso seguirá creciendo. No por una acusación penal, sino por algo más corrosivo: la duda razonable. Y cuando se trata de recursos destinados al bienestar social, esa duda no debería existir.