¡Auto-robos en BOMSSA!

• Colaboradores y excolaboradores de Bomssa aseguran que Liborio Vidal Aguilar, el contador José Carlos Magaña Navarrete y la apoderada legal Susana Alexandra Vidal Cañetas encabezaban un presunto esquema de autorrobos y maniobras financieras para generar beneficios económicos a la empresa.

Redacción/Sol Yucatán

El presunto robo por el que tres excolaboradores de Bomssa fueron detenidos el pasado 5 de mayo, aseguran quienes trabajaron durante años dentro de la empresa, sería apenas una pieza de un esquema mucho más complejo. Según los testimonios recabados por Sol Yucatán, detrás del proceso penal existiría una estructura de autorrobos en la que los propios empleados eran presuntamente obligados a participar para justificar pérdidas económicas y encubrir operaciones que, afirman, beneficiaban a la compañía. Los denunciantes sostienen que ese conocimiento fue el verdadero motivo por el que se buscó apartar y silenciar a quienes hoy enfrentan un proceso judicial.

Los colaboradores y excolaboradores consultados por este medio aseguran que las prácticas irregulares no eran hechos aislados, sino parte de una forma de operar que, afirman, se repetía desde hacía años y era conocida por trabajadores con amplia antigüedad en la empresa. Varios de ellos sostienen que permanecieron más de una década dentro de Bomssa, tiempo suficiente para conocer, según su versión, el funcionamiento interno de un sistema que iba mucho más allá de la venta de electrodomésticos.

«Sabían todo tipo de actividad bajo el agua», relataron los informantes al describir las presuntas operaciones que, aseguran, se realizaban dentro de la empresa. De acuerdo con sus testimonios, en diversas ocasiones los empleados eran instruidos para participar en autorrobos, es decir, montajes donde el supuesto responsable del ilícito no era un tercero, sino la propia estructura interna de la compañía.

Los denunciantes afirman que el objetivo de esos montajes no era únicamente justificar la desaparición de mercancía. Sostienen que existía un trasfondo económico mucho mayor y que los autorrobos constituían apenas el primer paso de un mecanismo mediante el cual posteriormente se obtenían beneficios financieros. Por esa razón, consideran que quienes conocían la operación representaban un riesgo para la empresa.

Según los testimonios recabados por Sol Yucatán, los trabajadores rara vez cuestionaban las instrucciones que recibían. Aseguran que el temor a perder el empleo o enfrentar represalias era suficiente para que muchos aceptaran participar en actividades que hoy describen como irregulares.

Los informantes sostienen que ese ambiente de miedo se mantuvo durante años y que incluso después de la detención de los tres excolaboradores persiste la preocupación entre quienes aún laboran en la empresa. Afirman que existe el temor de que cualquier empleado pueda ser involucrado en una carpeta de investigación si decide denunciar lo que ocurre al interior de Bomssa.

«Ese es el modo de operar», resumieron quienes decidieron compartir su versión de los hechos, al asegurar que varios trabajadores prefirieron guardar silencio para proteger a sus familias y evitar verse involucrados en procesos penales.

«YA SABÍAN DEMASIADO»

Para los denunciantes, el caso iniciado contra los tres excolaboradores no puede entenderse sin tomar en cuenta el conocimiento que, afirman, tenían sobre las operaciones internas de la empresa. Sostienen que, tras años de trabajo, conocían cómo se desarrollaban los presuntos montajes y quiénes participaban en ellos.

De acuerdo con las versiones obtenidas por este medio, la estructura era encabezada por el empresario Liborio Vidal Aguilar, mientras que el contador José Carlos Magaña Navarrete y Susana Alexandra Vidal Cañetas, identificada por los informantes como apoderada legal de la empresa, formaban parte de la administración que, según los denunciantes, conocía el funcionamiento interno de la compañía.

Los colaboradores y excolaboradores consideran que la detención de los tres trabajadores tuvo como finalidad impedir que esa información trascendiera y evitar que otras personas decidieran hablar sobre las presuntas irregularidades.

Para los denunciantes, los presuntos autorrobos no tenían como finalidad apropiarse de la mercancía, sino generar el escenario que justificara operaciones posteriores. Afirman que, en diversas ocasiones, empleados eran instruidos para simular delitos dentro de las sucursales, modificar la escena de los hechos y construir la apariencia de un robo cometido por terceros.

Los testimonios describen que, presuntamente, se dañaban cerraduras, se retiraban cámaras de vigilancia, se realizaban perforaciones en paredes y se alteraba el estado de las bodegas para dar credibilidad al supuesto ilícito. Incluso aseguran que algunos trabajadores eran obligados a averiar productos nuevos para que posteriormente pudieran ser incluidos como parte de las pérdidas reportadas.

Según los denunciantes, el verdadero beneficio no provenía de la desaparición de la mercancía, sino de las operaciones económicas que se realizaban después de documentar el supuesto robo. Afirman que precisamente ese es el mecanismo que conocían los tres excolaboradores hoy procesados y que, sostienen, explica el interés por apartarlos de la empresa mediante un proceso penal.

Pero, según los propios denunciantes, el supuesto autorrobo no era el último paso del esquema. Afirman que, una vez construido el escenario de un robo o una pérdida, comenzaba una segunda etapa que involucraba presuntos autosiniestros, mercancía dañada deliberadamente y reclamaciones económicas.

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