Así opera la extorsión en la SSY

• Pedro Cruz Marrufo y su bufete “Cruz Marrufo & Asociados” les ofrecen servicios para elaborar cartas poder, contratos, avisos de funcionamiento, cambios de propietarios y gestionar nuevas licencias.
• En un claro conflicto de interés, Cruz Marrufo ofrece una alternativa para solucionar el problema mediante el pago de una fuerte cantidad de dinero.

Redacción/Sol Yucatán

Una investigación de Sol Yucatán dejó al descubierto cómo opera la red de extorsión de la Secretaría de Salud de Yucatán.

Fue denunciada por restauranteros, propietarios de bares y empresarios dedicados al negocio de alimentos y bebidas, quienes señalan la existencia de un esquema de cobros mensuales y pagos a cambio de evitar clausuras durante las visitas de verificación sanitaria.

Una investigación de Sol Yucatán, sustentada en diversas denuncias de afectados, permitió conocer un presunto mecanismo mediante el cual las inspecciones sanitarias habrían dejado de ser exclusivamente procedimientos de vigilancia para convertirse en instrumento de extorsión.

De acuerdo con las acusaciones, los empresarios son colocados en una situación de vulnerabilidad durante las visitas de los verificadores, quienes buscan cualquier irregularidad para amenazar con clausurar los negocios y exigir cantidades que van de los 10 mil a los 50 mil pesos, dependiendo de las características del establecimiento.

Las investigaciones identifican como presuntos operadores de este esquema a Domitilo Carballo Cámara, director de Protección contra Riesgos Sanitarios; Manuel Méndez Sánchez, subdirector de Control y Fomento Sanitario; y Pedro Cruz Marrufo, señalado como asistente de Carballo Cámara.

También se encuentran Jorge Ferral, Hugo Gamboa y Marcos Tamayo; estos últimos serían los encargados de ejecutar las visitas, cobrar las extorsiones o proceder con las clausuras de los establecimientos que se niegan a pagar.

La extorsión inicia desde el despacho de Domitilo Carballo, con la expedición de una orden de verificación sanitaria, con el visto bueno de su subdirector Manuel Méndez Sánchez y de Pedro Cruz Marrufo.

Posteriormente, las órdenes son entregadas a los verificadores Jorge Ferral, Hugo Gamboa y Marcos Tamayo, quienes hacen el trabajo sucio.

Al llegar a los establecimientos, los funcionarios se presentarían, de acuerdo con los afectados, con actitudes prepotentes y buscando cualquier detalle para iniciar un procedimiento de clausura, que puede ser desde una colilla tirada en el piso o un bote de basura sin tapa.

Los empresarios aseguran que, independientemente de las condiciones generales de sus establecimientos, los verificadores buscarían alguna observación para amenazar con la clausura del negocio.

La frase que, según los testimonios, resume esta práctica es directa: “O das una cantidad, o continuamos con la clausura”.

Los montos exigidos oscilarían entre los 10 mil y los 50 mil pesos, dependiendo del tamaño y las características del establecimiento.

El dinero, de acuerdo con las denuncias, sería entregado directamente a los verificadores que realizan las inspecciones.

Sin embargo, quienes se niegan a pagar enfrentarían la clausura del negocio y recibirían instrucciones para comunicarse con el subdirector o con un número telefónico celular que les proporcionan durante la visita.

Al marcar, aseguran los afectados, quien responde es Pedro Cruz Marrufo, quien presuntamente ofrece una alternativa para solucionar el problema mediante el pago de una cantidad menor a la inicialmente exigida.

Al acudir a las instalaciones de los Servicios de Salud de Yucatán para solicitar una entrevista con el subdirector Manuel Méndez Sánchez, generalmente reciben como respuesta que no se encuentra en su oficina o que está ocupado y no puede atenderlos.

Después de largos periodos de espera, quien finalmente los recibe es Pedro Cruz Marrufo.

Para atenderlos, les pide apagar sus teléfonos celulares o entregarlos a su secretaria antes de sostener una conversación con él, con lo cual acuerdan la manera de revertir la clausura.

Por su parte, los denunciantes aseguran que Domitilo Carballo Cámara prácticamente nunca se encuentra en su oficina.

De acuerdo con los señalamientos, el funcionario estaría frecuentemente en el cono sur del estado, acompañando a su presunto íntimo amigo Freddy Poot en Akil o realizando actividades de promoción política relacionadas con sus aspiraciones a una diputación federal por el V Distrito por Morena.

Pero las denuncias no terminan en los presuntos cobros realizados durante las verificaciones sanitarias.

Debido a la existencia de un despacho jurídico particular al que Pedro Cruz Marrufo canalizaría a los usuarios que enfrentan algún procedimiento o situación jurídica relacionada con la Secretaría de Salud.

El establecimiento se encuentra ubicado en la calle 21, entre 18 y 20, de la colonia Itzimná, en Mérida.

Al llegar al lugar, se encuentran con un despacho propiedad de Pedro Cruz Marrufo, es decir, el bufete “Cruz Marrufo & Asociados”, identificado mediante una placa colocada en el exterior.

El funcionario les ofrece servicios para elaborar cartas poder, contratos, avisos de funcionamiento, cambios de propietarios y gestionar nuevas licencias.

Es decir, trámites directamente relacionados con la Secretaría de Salud y con el departamento donde labora y donde tiene una posición de mando.

“Tu trámite durará meses; conmigo, días”, indica a sus clientes.

Lo que significa un claro conflicto de interés y tráfico de influencias estipulados en el Código Penal como formas de corrupción.