Alcalde en fraude inmobiliario

Redacción/Sol Yucatán

La Reserva de la Biósfera Ría Celestún, uno de los ecosistemas más importantes de Yucatán, estaría siendo víctima de una invasión de tierras acompañada de destrucción ambiental y fraude inmobiliario, mientras las autoridades permanecen omisas ante las denuncias.

Propietarios de predios dentro de la zona protegida denuncian que grupos organizados han devastado amplias áreas de vegetación para fraccionar terrenos y venderlos ilegalmente, en lo que califican como un ecocidio que avanza sin freno.

Este otro caso salió a la luz cuando una familia propietaria acudió a su terreno como de costumbre en febrero de 2025 y encontró un panorama desolador.

Según el testimonio, la vegetación había sido talada y quemada.

“De ser un paraíso pasó a parecer una zona de guerra, algo apocalíptico”, relataron.

Al detenerse en la calle 12, a la altura de su terreno, la situación se volvió aún más preocupante. Cinco motocicletas rodearon el vehículo de los propietarios.

Los sujetos preguntaron quiénes eran y, tras escuchar que eran dueños del predio, les advirtieron que se retiraran inmediatamente del lugar.

“Más motos van a venir y no podemos garantizar su seguridad”, les dijeron.

Tras abandonar el sitio, los afectados presentaron denuncias ante la Fiscalía de Hunucmá y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañadas de pruebas sobre la devastación ambiental.

Sin embargo, hasta marzo de 2026 no se ha registrado ninguna intervención efectiva que detenga las invasiones.

Las denuncias apuntan a un desmonte masivo y quema de vegetación dentro de un área natural protegida, lo que representa un grave daño a la flora y fauna del ecosistema.

Además, se acusa un cambio ilegal de uso de suelo, ya que los invasores destruyen la vegetación para urbanizar los terrenos.

Posteriormente, las tierras son divididas en pequeños lotes de aproximadamente 8 por 20 metros, que son ofertados en redes sociales, principalmente en Facebook.

Este tipo de fraccionamientos contraviene el programa de manejo de la reserva, ya que incrementa la densidad poblacional, fragmenta el ecosistema y provoca urbanización irregular.

La normativa ambiental establece que solo el 20 por ciento del terreno puede ser utilizado para construcción, mientras que el 80 por ciento debe conservarse para la flora y fauna.

Nada de eso se estaría respetando.

Tras el desmonte y la división de tierras, los lotes son vendidos a particulares que en muchos casos desconocen que se trata de terrenos invadidos o sin títulos legales.

Los compradores reciben certificados sin valor jurídico, que supuestamente acreditan la posesión del terreno.

Estos documentos, denuncian los afectados, estarían firmados por el propio presidente municipal de Celestún, Jesús Germán Cauich Pinto, lo que da apariencia de legalidad a las operaciones.

La red de fraude operaría con tal impunidad que algunos terrenos han sido vendidos hasta en cinco ocasiones.

Los denunciantes también aseguran que los invasores han abierto calles improvisadas sin permisos ni estudios ambientales.

Además, han colocado barricadas en la calle 12, bloqueando el acceso a los propietarios legítimos de los terrenos.

Quienes intentan ingresar reciben amenazas directas de violencia física.

AUTORIDADES INVOLUCRADAS

La situación se agrava con señalamientos de que el propio Ayuntamiento estaría facilitando el fraude al emitir certificados de posesión sin facultades legales.

Mientras tanto, habitantes del puerto denuncian que otras actividades ilícitas también proliferan en el municipio, como la venta de drogas a plena luz del día.

Se estima que al menos 100 puntos de narcomenudeo operarían en Celestún, incluso cerca del parque principal frente al Palacio Municipal.

Cabe recordar que Sol Yucatán ha venido documentando desde hace meses una serie de denuncias sobre despojo, fraude y tráfico de tierras en Celestún, donde presuntamente operaría una red de corrupción vinculada a autoridades municipales actuales y pasadas. Uno de los casos más recientes involucra a la exalcaldesa Rosa Alba Acosta Narváez y a su hijo, el actual secretario municipal Adolfo Manuel García Acosta, quienes enfrentan señalamientos por la presunta venta ilegal de predios y el intento de despojo contra particulares.

De acuerdo con denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado en Hunucmá, ciudadanos afectados aseguran que terrenos habrían sido vendidos a terceros mediante documentos oficiales emitidos por el propio Ayuntamiento, lo que habría permitido simular adjudicaciones para legitimar el despojo de propiedades. Estos casos se suman a otros que también han sido exhibidos públicamente, donde se señala un posible esquema de tráfico de tierras en la franja costera de Celestún, con el presunto respaldo de funcionarios municipales. Las denuncias refuerzan la hipótesis de que el problema de invasiones y venta irregular de terrenos en el puerto no es un hecho aislado, sino parte de una estructura que opera desde hace varios años.

Entre invasiones, ecocidio y fraude inmobiliario, la Reserva de la Biósfera Ría Celestún enfrenta una de las mayores amenazas ambientales de los últimos años.

Un paraíso natural convertido en territorio de saqueo.