Agencia de energía, un parásito

• Mientras los apagones provocan bloqueos de calles y protestas ciudadanas en Yucatán, la Agencia opera con apenas 13 millones de pesos y una estructura orientada a la planeación más que a la solución de los problemas que enfrentan los usuarios

• Si bien la operación de la red eléctrica corresponde a la CFE, que papel juega la Agencia de Energía dirigida por Pablo Gamboa Miner y financiada con recursos estatales

Redacción /Sol Yucatán

Cuando el gobierno de Joaquín Díaz Mena impulsó la creación de la Agencia de Energía de Yucatán, la promesa fue construir una nueva institución capaz de acompañar el crecimiento energético de una entidad que enfrenta una demanda cada vez mayor de electricidad. La realidad presupuestal, sin embargo, muestra un organismo cuyos recursos difícilmente alcanzan para algo más que sostener su operación administrativa, es por ello que está convertida en una dependencia parasitaria que consume recursos públicos sin atender las necesidades ciudadanas.

Encabezada por Pablo Gamboa Miner, la Agencia de Energía dispone en 2026 de un presupuesto de apenas 13 millones 54 mil 464 pesos, una cifra que contrasta con los enormes desafíos que enfrenta Yucatán en materia de suministro eléctrico, electrificación y expansión de infraestructura energética.

La cantidad resulta insuficiente para financiar proyectos de gran escala. Con esos recursos no es posible construir subestaciones, ampliar redes de distribución, desarrollar infraestructura estratégica o ejecutar programas masivos de electrificación. En términos prácticos, el presupuesto parece orientado principalmente al sostenimiento de la estructura burocrática del organismo, incluyendo salarios, prestaciones, gastos administrativos y servicios generales.

La situación adquiere relevancia en un momento particularmente complejo para el estado. Colonias populares, fraccionamientos, comunidades rurales y zonas de crecimiento acelerado continúan registrando quejas por apagones, variaciones de voltaje y fallas recurrentes en el suministro eléctrico.

A ello se suma la creciente demanda generada por nuevos desarrollos inmobiliarios, parques industriales, complejos turísticos y la expansión urbana de Mérida y su zona metropolitana.

La inconformidad social ha comenzado incluso a manifestarse en las calles. Durante los últimos años se han multiplicado las protestas vecinales por la falta de energía eléctrica. Habitantes de colonias de Mérida, Kanasín y otros municipios han bloqueado avenidas, cerrado vialidades y realizado manifestaciones para exigir una respuesta ante interrupciones que en algunos casos se prolongan durante horas e incluso días. Los reclamos no se limitan a la falta de electricidad. Los ciudadanos denuncian pérdidas de alimentos, daños a electrodomésticos, afectaciones a negocios y riesgos para personas enfermas o adultos mayores que dependen de equipos eléctricos para su atención.

Las protestas reflejan una realidad que las cifras presupuestales no pueden ocultar. Mientras la demanda energética aumenta y la infraestructura muestra signos de saturación, miles de usuarios perciben que las instituciones responsables no han logrado ofrecer respuestas suficientes. El crecimiento económico y urbano de Yucatán ha sido acompañado por una presión cada vez mayor sobre la red eléctrica, generando un problema que ya no puede ser considerado un hecho aislado.

La respuesta institucional suele ser inmediata: la operación de la red eléctrica corresponde a la Comisión Federal de Electricidad. Técnicamente es cierto. La CFE es la responsable de la generación, transmisión y distribución de la energía. Sin embargo, esa explicación no resuelve una pregunta de interés público: si Yucatán cuenta con una Agencia de Energía financiada con recursos estatales, ¿cuál es el beneficio concreto que recibe la población frente a los problemas energéticos que enfrenta diariamente?

Durante décadas, la Junta de Electrificación de Yucatán tuvo como misión impulsar la llegada de energía eléctrica a comunidades y coordinar proyectos de electrificación. Aunque sus facultades eran limitadas frente a la estructura federal, su razón de ser estaba directamente vinculada a la expansión del servicio. Hoy, la Agencia de Energía ocupa ese espacio institucional, pero con una orientación distinta.

Los propios objetivos oficiales del organismo se concentran en la planeación energética, la atracción de inversiones, la promoción de proyectos estratégicos, las energías renovables y la coordinación institucional. Son funciones relevantes para el desarrollo económico del estado, pero que se perciben lejanas para los ciudadanos que enfrentan interrupciones constantes del servicio eléctrico.

La paradoja es evidente. Mientras miles de usuarios reclaman soluciones inmediatas a problemas que afectan su vida cotidiana, la principal institución energética estatal parece carecer de los recursos necesarios para intervenir de manera significativa en la infraestructura que origina muchas de esas fallas. La Agencia puede planear, coordinar, promover inversiones y elaborar diagnósticos, pero difícilmente puede financiar obras capaces de modificar por sí sola la realidad energética del estado.

La estructura administrativa del organismo refuerza esa percepción. A pesar de su reducido presupuesto, la Agencia cuenta con direcciones, áreas jurídicas, unidades de planeación, oficinas de transición energética y departamentos administrativos. El diseño institucional responde a una lógica de gestión y coordinación gubernamental, no necesariamente a la ejecución de obras o a la atención directa de las necesidades de electrificación.

Por ello, el debate ya no gira únicamente alrededor de la Comisión Federal de Electricidad. También alcanza a la utilidad práctica de una dependencia estatal que consume recursos públicos pero cuya capacidad de incidencia frente a los problemas más visibles del sistema eléctrico parece limitada.

La pregunta que surge es inevitable: ¿puede una agencia con apenas 13 millones de pesos al año convertirse en un actor relevante frente a las necesidades energéticas de una entidad que crece aceleradamente y que enfrenta cada vez mayores presiones sobre su infraestructura eléctrica?

Mientras los apagones continúan apareciendo en distintas regiones del estado, los bloqueos de calles se vuelven una forma recurrente de protesta y las exigencias ciudadanas por un servicio digno siguen acumulándose, la Agencia de Energía de Yucatán encabezada por Pablo Gamboa Miner enfrenta el desafío de demostrar que es algo más que una oficina de planeación. Porque en un estado donde la demanda energética crece a un ritmo acelerado, la diferencia entre una institución estratégica y una estructura burocrática se mide por los resultados que logra entregar a la población.