Activistas bajo asedio en Yucatán

• La persecución contra activistas pocas veces ocurre de manera frontal porque el costo político y social es muy alto. No necesita de detenciones prolongadas, expedientes espectaculares o amenazas explícitas para existir.

• Basta algo mucho más sutil y efectivo: el miedo constante, la vigilancia, el desgaste emocional, la exposición pública selectiva y la sensación de que alzar la voz tiene consecuencias.

Por Ericka Contreras Pérez

La persecución contra activistas pocas veces ocurre de manera frontal porque el costo político y social es muy alto. No necesita de detenciones prolongadas, expedientes espectaculares o amenazas explícitas para existir. Basta algo mucho más sutil y efectivo: el miedo constante, la vigilancia, el desgaste emocional, la exposición pública selectiva y la sensación de que alzar la voz tiene consecuencias.

Esa es quizá una de las formas más sofisticadas de violencia contemporánea contra quienes defienden derechos humanos, acompañan víctimas o cuestionan intereses de poder. Una persecución que no siempre deja huellas visibles, pero sí efectos profundos en la vida cotidiana de quienes la enfrentan.

La frase atribuida al activista Javier Sicilia resume con claridad esta realidad: “Hay persecuciones que no necesitan cárceles: basta el miedo, el desgaste y la descalificación pública”.

Los hechos ocurridos recientemente en Yucatán vuelven inevitable esta reflexión.

Por un lado, la detención de la abogada y activista Dariana Quintal dentro de instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Según lo documentado por ella misma en una transmisión en vivo, acudía a realizar una diligencia oficial cuando presuntamente fue agredida por otra mujer. La activista informó a los elementos policiacos que existían medidas de protección vigentes y recíprocas entre ambas partes. Sin embargo, terminó detenida de manera unilateral.

Más allá de las responsabilidades jurídicas específicas, el episodio dejó una imagen profundamente inquietante: una mujer defensora de derechos transmitiendo en vivo para intentar protegerse de la propia autoridad.

Esa escena dice mucho más de lo que parece. Dice que hay activistas que sienten que documentarse a sí mismas es la única garantía mínima de seguridad. Dice que existe una desconfianza creciente hacia la capacidad institucional de actuar con imparcialidad. Dice también que muchas defensoras viven en alerta permanente, conscientes de que cualquier confrontación puede transformarse rápidamente en una situación de vulnerabilidad pública, jurídica y emocional.

El desgaste también es una forma de persecución. El desgaste de explicar constantemente por qué existen medidas cautelares. El desgaste de tener que grabar cada interacción. El desgaste de vivir pendientes del siguiente conflicto, de la siguiente publicación, de la siguiente amenaza o descalificación.

Algo similar ocurre con la denuncia pública emitida por Código Violeta A.C. respecto a actos de intimidación contra la activista Alejandra Poot Maza, integrantes de Fundación Yansa y su equipo legal. De acuerdo con el posicionamiento, fueron perseguidos por una camioneta sin placas en medio de procesos legales relacionados con la defensa territorial y conflictos vinculados a grupos de poder económico en Yucatán.

Aunque muchas veces estos hechos intentan minimizarse como “percepciones”, “malentendidos” o “coincidencias”, la realidad es que para quienes defienden causas sociales la intimidación rara vez se siente aislada. En circunstancias así hay poco espacio para las coincidencias o casualidades.

La persecución moderna funciona precisamente así: generando incertidumbre. No siempre busca encarcelar. Busca cansar. Hacer que la persona dude antes de denunciar, antes de acompañar una causa, antes de acudir a una audiencia o antes de publicar información incómoda. Busca que el activismo tenga un costo emocional tan alto que eventualmente muchas personas prefieran callar.

Eso resulta particularmente grave cuando hablamos de defensoras de derechos humanos y activistas comunitarios.

En medio de esta discusión también apareció recientemente el caso de Sergio Oceransky, quien recuperó su libertad luego de no ser vinculado a proceso en Jalisco. Más allá de las particularidades jurídicas del asunto, el caso abrió nuevamente el debate sobre los efectos irreversibles que puede tener la exposición pública, la condena social anticipada y el desgaste emocional derivado de procesos mediáticos y judiciales.

Incluso cuando una resolución favorece a una persona, el impacto social ya ocurrió. La reputación se erosiona, los vínculos personales cambian, aparecen amenazas, cancelaciones laborales y señalamientos permanentes. La sospecha pública suele sobrevivir incluso a las decisiones judiciales. Y eso conecta con algo peligroso: la facilidad con la que una sociedad puede acostumbrarse a juzgar antes de comprender y condenar antes de investigar.

La intimidación contra activistas nunca afecta únicamente a quien la vive de forma directa. El mensaje también alcanza al resto: “esto puede pasarte si incomodas demasiado”.

La historia de América Latina demuestra que muchas agresiones contra periodistas, defensoras ambientales y activistas comenzaron precisamente con señales aparentemente pequeñas: vigilancia, seguimiento, campañas de desprestigio, hostigamiento digital o intervención irregular de autoridades.

Primero llega el descrédito. Después el aislamiento. Luego el miedo. Y aunque no todos los casos escalen a escenarios extremos, normalizar esos primeros pasos siempre representa un riesgo.

En Yucatán, donde durante años se ha promovido una narrativa de estabilidad y seguridad, estos episodios deberían obligar a una discusión seria sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos.

La defensa del territorio no debería implicar vigilancia intimidatoria. La defensa de víctimas no debería traducirse en hostigamiento. El activismo no debería obligar a vivir en estado de alerta: Se vigilan rutas. Se modifican horarios. Se documentan encuentros. Se comparte ubicación en tiempo real. Se aprende a identificar vehículos sospechosos. Se mide cada palabra pública porque cualquier declaración puede ser utilizada para desacreditar.

Por eso es tan importante que las autoridades comprendan la dimensión de estos hechos y actúen con seriedad, transparencia y perspectiva de derechos humanos y que la sociedad deje de mirar el activismo como una exageración incómoda, un mero chisme o como un conflicto ajeno. Muchas de las libertades y derechos que hoy parecen normales existen precisamente porque alguien estuvo dispuesto a soportar presión, desgaste y persecución para defenderlos.