Yucatán: 17 juicios y una sola sentencia

El saldo de la violencia vicaria a cuatro años de su reconocimiento

• A dos años de su tipificación, Yucatán registra apenas 13 denuncias por violencia vicaria ante la FGE.

• Cifras obtenidas vía transparencia revelan un arranque tardío en la persecución del delito. La Fiscalía comenzó a tomar las denuncias por este delito en 2024, dos años después de ser reconocido.

• La impunidad prevalece en el estado: el sistema judicial apenas logra castigar a uno de cada 17 casos procesados.

• La falta de perspectiva de género frena el acceso a la justicia para las madres y sus hijas e hijos.

Por Claudia V. Arriaga Durán.

Diana Mendoza y su hija e hijo fueron víctimas de violencia vicaria en el 2024. Su caso es emblemático para Yucatán, pues fue el primero en lograr la vinculación a proceso y la prisión preventiva como medida cautelar en este tipo penal.

A casi dos años de este avance, hoy la justicia se encuentra en pausa, con la excusa de que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen mucho trabajo. El presunto responsable, Antonio J.H.P., se encuentra en libertad y de nuevo ejerciendo violencia contra su expareja y los menores.

En Yucatán, la violencia vicaria, que se considera exclusiva de género y transversal a la niñez, se tipificó en el 2022. La modificación legislativa de poco sirvió ante la impunidad que existe para quienes cometen este delito. A cuatro años de que se reconoció su existencia, en el estado hay apenas una sentencia. Se trata del caso de Michelle León, cuya hija estuvo 20 días desaparecida a consecuencia de la violencia vicaria.

Información obtenida vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reveló que oficialmente, hasta enero de 2026, no había ninguna persona sentenciada por cometer violencia vicaria.

Un mes después, el 22 de febrero de este mismo año, se dictó la primera sentencia del Estado. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán dio a conocer en un boletín de prensa que un hombre de iniciales J.A.T.Y. fue declarado penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad y violencia vicaria. Se determinó que pasará tres años y cuatro meses de prisión y el pago de ocho días de multa.

Pese a esta sentencia, los datos confirman que no hay castigo para los violentadores vicarios, quienes a su vez lastiman a las infancias: sus hijas e hijos.

El Consejo de la Judicatura detalló que de 2022 a enero de 2026 se han iniciado 17 juicios por violencia vicaria. Los primeros seis procesos legales para llevar ante la justicia a los hombres que ejercieron este tipo de violencia empezaron en 2024. Le siguieron otros 10 en el 2025 y uno más que se sumó en enero de 2026.

Pasaron dos años desde que se tipificó y reconoció la violencia vicaria, de género, en Yucatán para que la FGE asentara las denuncias por este delito.

Vía la PNT, la FGE refirió que, de 2022 a enero de 2026, solo hay 13 denuncias por violencia vicaria. Además de ocho que quedaron como actas circunstanciadas, que por sus características sugieren que podrían configurarse dentro de ese tipo penal.

Al igual que los juicios, las denuncias por violencia vicaria empezaron a registrarse dentro del tipo penal en el 2024. Es decir, dos años después de que se legisló.

En el 2024, la FGE recibió seis denuncias por el tipo penal, siete en 2025 y una hasta enero de 2026.

El abogado en derecho y maestro en amparo que representó a Michelle León, cuyo caso obtuvo la primera sentencia por violencia vicaria en Yucatán, y en entrevista aseguró que la FGE evita llevar los casos de este tipo penal, alegando que son temas entre familia.

“Cuando hay indicios de que hay violencia vicaria, la fiscalía las rebota alegando que es un problema de custodia porque se los lleva el papá o la abuela paterna, eso inhibe el derecho de denunciar y que se investigue”, expresó.

EL CICLO DE LA VIOLENCIA VICARIA: EL USO DEL SISTEMA DE JUSTICIA COMO ARMA

Los casos de Diana y Michelle, el primero en obtener la vinculación a proceso por violencia vicaria y el segundo en una sentencia por este delito, tienen características en común. El abogado en derecho y maestro en amparo, Moisés Velázquez, describió que hay una ruta que siguen los padres violentadores vicarios:

• La Denuncia Instrumental: Aprovechando los días de convivencia, el agresor interpone una denuncia genérica o infundada contra la madre.
• Retención y Sustracción: Bajo el pretexto de dicha denuncia, se niega a reintegrar a los menores a su entorno habitual, rompiendo el vínculo materno-filial de forma abrupta.
• Institucionalización del Conflicto: El agresor solicita formalmente la custodia legal, utilizando la denuncia previa (que él mismo provocó) como «evidencia» ante el juez de lo familiar para justificar la negativa de retorno.
• Abandono Procesal: Una vez logrado el aislamiento de los menores, el agresor no da seguimiento a la denuncia penal, evidenciando que el objetivo no era la justicia, sino el control.
• Obstrucción a la Justicia: Aun ante la activación de protocolos de búsqueda como la Alerta Amber, el agresor mantiene una postura de opacidad, rehusándose a revelar el paradero de los hijos.

Un artículo publicado por la socióloga y maestra en Ciencias Penales y Criminológicas, Luisa Leal, explicó que la violencia vicaria es una violencia de género porque, en una sociedad que asigna a las mujeres el rol de cuidadoras primarias de los hijos, se configura un escenario en el que los hombres, al sentirse despojados de su poder sobre el hogar, recurren a la manipulación de los hijos como una forma de recuperar el control.

Los dichos se sostienen con la acción de inconstitucionalidad 57/2024 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que señala que prever una protección especial a las mujeres no implica establecer la superioridad de un género sobre el otro, ni se trata de una medida arbitraria o injustificada.

“Para que se cometa la violencia vicaria, la víctima tiene que ser mujer, aunque él o la imputada puede ser un hombre o una mujer. No viola el principio de igualdad que solo la mujer sea víctima de violencia vicaria”, agregó el abogado Moisés.

A Michelle León las autoridades del Estado se rehusaron a apoyarla en la búsqueda de su hija en un primer momento. Incluso, no querían tomar la denuncia por la sustracción de la menor de seis años, justificaron sus omisiones con que era un asunto familiar.

Con apoyo del abogado Moisés León, promovió un amparo y el juez federal le ordenó a la FGE de Yucatán publicar la Alerta Amber. Aun así, ella realizó gran parte de las búsquedas sola. Acudía a los parques a volantear las fichas de búsqueda de su hija. Repartía los afiches y platicaba con las personas para pedirles apoyo.

Hoy, después de dos años, Michelle y su hija obtuvieron un poco de justicia.

“Siendo este el primer caso de violencia vicaria y tomando en cuenta la situación que pasé, los sentimientos involucrados de miedo, angustia, dolor y coraje y haber vivido por los días separados en que no podía estar cerca de mi hija fueron de pesadillas día a día (…) Sé que hoy por hoy esta ley me permitió tener justicia y paz, una tranquilidad que sentí en un momento no volver a tener, porque esta situación no se la deseo a nadie. Agradezco mucho que al final hubiera justicia”, compartió en entrevista exclusiva.

Hellen pasó 20 días separada de su mamá. Una mujer que nunca dejó de buscarla.

“El amor de madre te da todo el poder para pasar por esta situación y buscar. Buscar por una misma con o sin el apoyo de las autoridades, que no siempre son justas en estos casos. No hay que perder la esperanza y, si es necesario, hay que hacer las cosas por cuenta propia para que nos regresen esa paz que nos roban sin derecho (los agresores)”, acotó.

Diana, el desgaste emocional y psicológico de luchar contra la violencia vicaria

Desde el 2023, Diana Mendoza ha invertido más de 300 mil pesos en abogados para defenderse y salvaguardar los derechos de su hija e hijo, de su expareja y padre de los menores, Antonio J.H.P.

A la par de la lucha por justicia, luego de que su pareja sustrajo a su hija de 6 e hijo de 10 años de edad durante cuatro meses en el 2024, ella también debe ser el soporte emocional y económico de los pequeños.

“El señor me dejó en la calle con mis hijos, además de todo lo que pagué por recuperarlos a nivel legal, pago renta, luz, agua, pago todo lo que corresponde por tenerlos conmigo. La responsabilidad no solo afectiva como mamá de cuidarlos y protegerlos, sino también la parte financiera, ya que él manipuló la parte de la manutención para pagar menos”, declaró en entrevista.

Antonio J.H.P. fue el primer violentador vicario en ser vinculado a proceso por este delito y enviado a prisión preventiva como medida cautelar. Logró salir libre el 2 de agosto, luego que sus abogados presentaron unas supuestas pruebas en las que demostraban que tenía arraigo en México.

Es con un amparo que él aún continúa en libertad.

“Salió un documento el año pasado en donde se revocó la sentencia de salida, lo requieren para que se presente cinco días hábiles al Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM). La idea era que regresara a la cárcel y colocó un amparo, sigue libre y violentándome en muchos aspectos, sobre todo la parte económica”, acotó.

A la fecha, sigue esperando que llegue la justicia y que pueda recuperar la paz (emocional y económica), que al igual que a Michelle le fue robada.