Vila pactó millonarios negocios con la 4T

• El gobierno morenista hace millonarios negocios con empresas ligadas al exgobernador Mauricio Vila y que fueron ampliamente beneficiadas durante  su gobierno panista.

• En el sexenio de Vila Dosal, una de las familias que resultó más beneficiada fue la Abraham, dueña del corporativo Super San Francisco de Asís, donde una pieza clave es Alberto José Abraham Xacur

• En el actual gobierno no solo existe un patrón de continuidad en los programas y estrategias, sino también en prácticas de adjudicación de contratos para favorecer a un pequeño círculo.

Redacción/Sol Yucatán

El gobierno de Joaquín Díaz Mena ha estado marcado por falsas promesas de transformación social, combate a la corrupción y rehabilitación financiera del estado tras la administración panista anterior encabezada por Mauricio Vila Dosal, a quien linchó mediáticamente al asegurar que le dejaron un desastre financiero y plagado de presuntos actos de corrupción y favoritismo.

Sin embargo, a casi 16 meses de iniciado su gobierno, el panorama luce igual y mucho peor a como recibió la actual administración.

Analistas políticos consultados por Sol Yucatán aseguran que existe un patrón de continuidad no solo en los programas y estrategias, sino también en prácticas de adjudicación de contratos que favorecen intereses vinculados a la familia política y allegados del exgobernador.

En el Gobierno de Vila Dosal, agrupaciones de la sociedad civil pudieron documentar que el 80% de los contratos que se dieron en obra pública y servicios fueron a través de adjudicación directa, lo que levanta sospechas de favoritismo, tráfico de influencias y corrupción.

Es decir, más de 100 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, los tratos fueron a través de la adjudicación directa a empresas y particulares.

Aunque estas acusaciones no han tenido repercusiones legales, a pesar de que el actual gobierno aseguró que auditorías externas, por cierto, realizadas en gran parte por el despacho de Jacinto Sosa Novelo, titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, encontraron malas prácticas a lo largo de la gestión estatal, pero del señalamiento público no pasó.

En el gobierno de Vila Dosal, una de las familias que resultó más beneficiada fue la Abraham, dueña del corporativo Super San Francisco de Asís, donde una pieza clave es Alberto José Abraham Xacur, quien funge como apoderado legal y es el encargado de las negociaciones.

El conflicto de interés y tráfico de influencias es más que evidente, debido a que es su familia política y donde su esposa María Eugenia Ortiz Abraham es accionista del corporativo.

De acuerdo con la información disponible (la que el gobierno subió) en la Plataforma Nacional de Transparencia, figuran 188 contratos asignados a las empresas de la familia Abraham, por diferentes montos y servicios.

También los favoreció con permisos a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que encabezó su amiga María Isabel Rodríguez Heredia, para la instalación de granjas San Gerardo y Bachoco.

En el actual Gobierno, Vila Dosal le heredó a la actual administración el negocio con su familia política, debido a que estas empresas figuran como proveedoras de dependencias como DIF Estatal, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Administración Fiscal, entre otras.

Además, se está en negociaciones para que el Gobierno adquiera importantes sumas de dinero en material de construcción a través de la empresa “Procon grupo industrial”, perteneciente al corporativo Abraham.

La actual administración no solo ha mantenido proveedores de la gestión anterior, sino que incluso se ha continuado con grandes contratos de arrendamiento de vehículos y equipo, adquiridos a través de la Secretaría de Seguridad Pública y a cambio reciben un porcentaje de la contratación y hasta vehículos.

Por ejemplo, se ha documentado que contratos de arrendamiento para patrullas y otros vehículos significan cientos de millones de pesos bajo condiciones similares a las de la administración previa.

Díaz Mena llegó al gobierno con la bandera de combatir irregularidades heredadas, pero no ha impulsado denuncias judiciales formales contra figuras de la administración anterior, con lo cual se alimenta la percepción de tolerancia, complicidad o pacto político.

Un caso destacado que ha generado controversia fue la adjudicación de un contrato estatal por más de 70 millones de pesos a la empresa PEMRA, S. de R.L. de C.V., para el mantenimiento de infraestructura ferial en la región de Xmatkuil.

La principal vinculación en este caso es que el accionista Roberto Rosado Sosa tiene participación también en ASFALSUR S.A. de C.V., empresas controladas por Mario Millet Encalada, quien en el gobierno anterior fue ampliamente beneficiado con múltiples contratos en obra pública con cifras superiores a los 800 millones de pesos.

En el actual gobierno, Millet Encalada no solo es favorecido con millonarios contratos, sino que controla la obra pública y es el principal operador del gobierno de la 4T.

Opera el gobierno a través de su peón Dafne López Martínez, quien juega un doble papel en la estructura del gobierno, como coordinador de asesores y director de proyectos estratégicos del Gobierno Estatal.

Emilio Alberto Loret de Mola y Gabriela Cejudo Valencia, esta última presidenta del grupo Nicxa y directora de comunicación institucional en el Gobierno de Vila Dosal, también se vieron beneficiados en la administración del panista y ahora en la morenista.

A través de la Agencia de Transporte de Yucatán, firmaron un contrato de arrendamiento del terreno donde se construyó el Cetram Norte, por un periodo de 15 años y un pago anual de 22.2 millones de pesos.

Es decir, se pagaría 333 millones de pesos por la renta de un terreno. Esta situación fue denunciada por el Gobierno de Díaz Mena, y lo planteó como un robo a los yucatecos para favorecer a un grupo de personas. Se esperaban denuncias, recursos legales, sin embargo, no ocurrió más que el linchamiento mediático, es decir, el Gobierno de la 4T avaló el contrato.

Es más, Alejandra Cejudo se convirtió en benefactora de la Beneficencia Pública y del DIF Estatal, donde le expiden recibos deducibles de impuestos para exentar los respectivos pagos fiscales de sus empresas del grupo Nicxa.

En los pasillos se dice que Millet Encalada tuvo mucho que ver en los amarres para favorecer a la familia y amigos cercanos al exmandatario, donde, de acuerdo a las proyecciones, al término de la administración, las empresas ligadas a Millet Encalada habrían recibido contratos por al menos 12 mil millones de pesos, convirtiéndose tal vez en uno de los empresarios más poderosos de Yucatán.