SEGEY: Millones al «Señor de las copias»

• Mientras las escuelas públicas siguen pidiendo papel bond a los padres de familia, la Secretaría de Educación del Estado destinó hasta 3.6 millones de pesos a un contrato de fotocopiado que ni siquiera cubre el insumo básico

Redacción/Sol Yucatán

Es inexplicable el gasto millonario que realizó la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (SEGEY) durante 2025 en un rubro tan elemental como las fotocopias. Más grave aún es que la dependencia haya avalado un contrato que, en los hechos, no garantiza materiales gratuitos para los estudiantes, sino que se limita a cubrir el servicio de impresión y el tóner, dejando el papel —el insumo indispensable— en manos de padres y madres de familia.

Según el contrato número SAF/SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO/01/2025, C.04-SEGEY, la SEGEY entregó el servicio de fotocopiado y escaneo a la persona física Juan Gerardo Alcocer Pech, por un monto máximo de 3 millones 600 mil pesos, bajo la figura de contrato abierto. Es decir, un esquema que no fija con precisión el volumen real de copias, que permite crecer el gasto conforme avanza el año y que no exige una justificación pública clara de las necesidades educativas que lo sustentan.

El documento establece precios unitarios aparentemente bajos —33 centavos por copia en blanco y negro, tres pesos por copia a color—, pero la suma final revela un volumen descomunal de impresiones. Millones de hojas que nadie ha explicado para qué sirven, en qué escuelas se utilizan, ni qué impacto pedagógico tienen. Y lo más indignante: el contrato no incluye el papel. En la práctica, el gobierno paga el tóner y el servicio, mientras las comunidades escolares siguen financiando el papel a través de cuotas “voluntarias”, cooperaciones y aportaciones en especie.

Este esquema no es nuevo. Padres de familia de distintos municipios relatan la misma rutina: listas de útiles que incluyen resmas, solicitudes constantes de papel bond y presión indirecta para cubrir gastos que deberían ser absorbidos por el Estado. La contradicción es brutal: millones de pesos en contratos administrativos, pero aulas que dependen de la economía familiar para poder imprimir exámenes, guías y comunicados.

En este contexto aparece una figura que ya es conocida en los pasillos gubernamentales: Juan Gerardo Alcocer Pech, a quien trabajadores y observadores del sector público identifican como “el Señor de las Copias”.

No se trata de un proveedor ocasional, sino de un nombre que se repite en registros administrativos, padrones y contratos de servicios de copiado con distintas dependencias a lo largo de los años. Su modelo de negocio es claro: contratos abiertos, servicios recurrentes, montos que crecen con el volumen y una estructura que le permite mantener presencia constante en el gasto cotidiano del gobierno.

Registros públicos y archivos de transparencia muestran que el nombre de Juan Gerardo Alcocer Pech no es exclusivo de la SEGEY. Aparece vinculado a servicios similares en otras áreas de la administración pública, siempre en el mismo rubro: fotocopiado, escaneo, impresión. Contratos pequeños que se acumulan, servicios que parecen menores pero que, sumados, construyen un flujo constante de recursos públicos hacia un mismo proveedor.

Este tipo de contratación es particularmente rentable porque no genera obras visibles, no deja infraestructura que pueda auditarse fácilmente y se diluye en el gasto corriente. Copias que se hacen y se pierden, hojas que se archivan o se tiran, millones de impresiones sin rostro ni evaluación. Es el negocio perfecto: alto volumen, bajo escrutinio.

Bajo la gestión de Liborio Vidal Aguilar, la SEGEY no solo mantuvo este esquema, sino que lo normalizó a gran escala. En lugar de invertir en digitalización real, plataformas educativas, conectividad o materiales duraderos, se optó por seguir alimentando la maquinaria de las copias, con un contrato que alcanza cifras millonarias y que no alivia la carga económica de las familias.

El mensaje institucional es devastador. A los estudiantes se les habla de valores, equidad y derecho a la educación, mientras en la práctica se les enseña que la educación pública funciona a base de cuotas disfrazadas y de padres que ponen lo que el gobierno no quiere pagar. Y en medio de ese sistema aparece siempre el mismo beneficiario, el mismo proveedor, el mismo negocio.

Juan Gerardo Alcocer Pech no es un personaje aislado, sino el síntoma de un modelo. Un modelo donde el Estado terceriza servicios básicos, paga millones por insumos incompletos y convierte la educación en una cadena de consumo administrativo. Hoy es la SEGEY; mañana puede ser cualquier otra dependencia. El patrón se repite.

Mientras tanto, nadie explica por qué se autoriza un gasto de 3.6 millones de pesos en copias sin papel, por qué no existe un diagnóstico público del volumen requerido, ni por qué el mismo proveedor aparece una y otra vez como solución automática. La rendición de cuentas se diluye entre hojas impresas y facturas mensuales.

En Yucatán, la educación pública parece haber encontrado a su proveedor estrella. No de libros, no de tecnología, no de infraestructura. De copias. Y así, mientras los padres compran resmas y los estudiantes aprenden a normalizar la carencia, el Señor de las Copias sigue haciendo negocio, hoja por hoja, contrato por contrato, con el aval silencioso del gobierno que debería garantizar una educación verdaderamente gratuita.