Se adueñan de la casa del crimen

CÁRTEL INMOBILIARIO

Redacción / Sol Yucatán

Lo que comenzó como un horrendo doble homicidio en 2016 se ha transformado una década después en un monumento a la corrupción institucional y al despojo. Mientras Gladis y Melissa, hijas de los asesinados Jesús Manuel y Teresa de Jesús, claman por justicia, el sistema judicial yucateco parece trabajar a favor de los victimarios y de invasores con «padrinos» legales.

​En agosto de 2016, la colonia Los Tamarindos II, en el norte de la ciudad, fue escenario de una tragedia: Jesús Manuel murió por traumatismo craneoencefálico y Teresa de Jesús, por asfixia mecánica, según documentos oficiales de la FGE.

Desde entonces, bajo la gestión inicial de Ariel Francisco Aldecua Kuk, titular de la Fiscalía desde el 2015, y Juan Manuel León León, titular actual, la carpeta de investigación E1/ 879/2016 no registra un solo detenido, a pesar de tener nombres de la pareja sospechosa del presunto doble homicidio.

​Las omisiones son alarmantes. Las hermanas denuncian que la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a recibir pruebas clave, como ropa ensangrentada enterrada en el predio que ellas mismas hallaron. A esto se suma el intento de extorsión por parte de un agente judicial que, años atrás, exigió 20 mil pesos a una de las hijas —entonces recién cumplida su mayoría de edad— para «mover el caso».

​Hoy, la justicia no solo es lenta, sino que retrocede. El predio, que legalmente debe estar bajo resguardo de la FGE, ha sido invadido por un sujeto identificado como Freddy Gabriel, originario del estado de Tabasco. Este individuo no solo rompió los sellos oficiales de aseguramiento, sino que se ha apropiado de la vivienda, pintando su nombre en las paredes y levantando muros, modificando la escena de un crimen que aún no se resuelve.

​Fuentes cercanas al caso señalan que este sujeto y los abogados que lo asesoran operarían bajo el esquema del denominado «Cártel Inmobiliario» en Yucatán, un grupo dedicado a detectar propiedades en disputa o con problemas legales para tomarlas por la fuerza y blanquear su posesión mediante argucias legales.

​¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA VIOLACIÓN DE SELLOS?

​La impunidad en este caso es un desafío directo al estado de Derecho. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Yucatán, en su Artículo 271, «a quien quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad pública se le impondrá una sanción de 6 meses a 2 años de prisión y de 10 a 50 días-multa».

​Tratándose de un inmueble asegurado por un delito grave como el homicidio, la ruptura de sellos es un delito flagrante que obliga a la detención inmediata del responsable por alterar una investigación en curso.  Sin embargo, Freddy Gabriel continúa en libertad y habitando el domicilio.

​LA FISCALÍA «DISFRAZA» EL SILENCIO DEL FISCAL GENERAL

​A pesar de la gravedad del quebrantamiento de sellos oficiales, la FGE está procesando la denuncia de las hermanas únicamente como «invasión de inmueble» (despojo) y no como «violación de sellos de aseguramiento». Esta reclasificación favorece al invasor, pues diluye la responsabilidad penal de haber corrompido una diligencia judicial de homicidio.

​El máximo responsable de que la ley se cumpla y de limpiar la imagen de una institución señalada por omisión y corrupción es el actual Fiscal General Juan Manuel León León, referido contextualmente en la denuncia ciudadana como el titular actual.

Hasta el cierre de esta edición, el Fiscal no ha emitido ninguna postura oficial sobre por qué su institución permite que un sujeto rompa sellos oficiales frente a sus narices sin ser detenido ni por qué el caso de Jesús y Teresa sigue empolvándose en los archivos de la impunidad.