Que pida licencia Vila: UIF debe seguirle los pasos

*Piden legisladores a la UIF, INE y SFP estar atentos a gastos electorales de Mauricio Vila utilizando el presupuesto de Yucatán

*Afirman que el gobernador de Yucatán debería pedir licencia para dedicarse a su futuro político y no utilizar recursos públicos

*Si todas las obras importantes yucatecas son del gobierno federal, entonces ¿Qué hace el gobernador con el presupuesto estatal?

*Gloria Islas/Sol Yucatán*

*Mérida. -* En medio de un historial poco claro del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, que incluye acusaciones del uso del erario para sus aspiraciones rumbo al 2024, legisladores federales de Morena y PT llamaron al Instituto Nacional Electoral (INE), a la Secretaría de la Función Pública y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a poner atención en su gobierno que incurren en la simulación.

Desde 2022, Vila Dosal -quien no oculta su abierta intención de ser candidato presidencial de la Alianza Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD- inició giras por varias entidades del país y en el extranjero con cargo a los recursos de los yucatecos, bajo el argumento de promover a la entidad.

Entre las entidades que el mandatario estatal ha recorrido están la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Guanajuato, entre otros, mientras que el año pasado realizó una intensa gira por Europa, en países como Suecia, Alemania, Francia y España.

Para el secretario de la Comisión de Transparencia y Corrupción de la Cámara de Diputados, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, es condenable la simulación para justificar el uso recursos públicos para temas electorales, cuando deben ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para llevar bienestar y desarrollo a los ciudadanos.

*LUCHA VS SIMULADORES COMO VILA*

“Reprobamos eso. Hemos luchado durante mucho tiempo contra la simulación, el que se quiera utilizar recursos públicos para temas electorales”, soltó el parlamentario en entrevista en torno a las denuncias contra Vila.

Explicó que el recurso público tiene que servir para el bienestar y atención de la población, por lo que lamentó que se pretenda usar para fines de promoción personal.

Instó al INE, así como a la Unidad de Inteligencia Financiera, y a la Secretaría de la Función Pública a que revisen la simulación de gobiernos estatales y municipales que, con el pretexto de promover ciertos programas del ámbito estatal, lo quieren hacer en el ámbito nacional.

“Algunos dicen: ¡Es para demostrar lo que estamos haciendo! Se les olvida que el modelo es para los yucatecos, son quienes lo deben aprobar o rechazarlo”.

Por ello, pidió al gobernador yucateco a que los recursos sirvan para el desarrollo, el bienestar y el garantizar servicios a la sociedad, toda vez que la función del Estado es para garantizar la vida, la seguridad, la integridad y el patrimonio de sus gobernados.

“Esa es la función principal del Estado, no se puede permitir la simulación para otros fines”, aseveró el legislador del partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Criticó que Vila Dosal haga “caravana con sombrero ajeno”, en cuanto a las obras que el gobierno federal realiza en la entidad, con el argumento que están contribuyendo en coordinación, pero la ejecución directa y la contratación vienen de los programas de las secretarías de la administración federal.

*¿QUÉ HACE VILA CON EL PRESUPUESTO?*

“Hay que preguntarnos qué ha hecho el Estado con los recursos que le llegan de manera directa vía participaciones y aportaciones”.

Pidió darle puntual seguimiento a estos temas y resaltó la importancia de fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evaluar el desempeño de los programas y proyectos de cada gobierno estatal.

La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, recomendó al gobernador de Yucatán solicitar licencia para separarse de su cargo.

Incluso le puso como ejemplo a Martha Delgado Peralta, quien presentó su renuncia como Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), para integrarse al equipo que coordinará las aspiraciones presidenciales de Marcelo Ebrard, titular de la dependencia.

Dijo que están en su derecho de aspirar, pero lo importante es que renuncien para no usar recursos públicos para fines electorales, porque se trata de un delito grave.

La legisladora oaxaqueña advirtió que el mandatario estatal tendría que actuar con transparencia y dentro del marco de la ley, sin simulaciones.

Agregó que sus promociones con recursos públicos deben ser denunciados por usar el erario yucateco: “Se tiene que denunciar a quien cometa ilícitos, por eso ya reformamos la Constitución. El uso de recursos públicos en materia electoral ya es un delito grave, ya se tipifica como corrupción y se castiga con cárcel”.

Emplazó a los ciudadanos a denunciar a fin de que Fiscalía de Delitos Electorales (FEPADE) abra una carpeta de investigación contra Vila y de existir pruebas deberá ser sancionado como lo establece las leyes.

*CÁRCEL POR DELITOS ELECTORALES*

La también presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas se congratuló de la existencia de sanciones como cárcel, inhabilitación y multas para los funcionarios que vulneren las leyes electorales.

“Ahora sí, no habrá impunidad como antes, funcionarios, gobernadores que incurran en delitos electorales tendrán que responder por ello”.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece diversas sanciones para quienes cometan estos delitos, que van desde la destitución, inhabilitación de 2 a 6 años, hasta la multa de 200 a 400 días y prisión de 2 a 9 años.

Entre los delitos que establece la Ley están el destinar, utilizar, o permitir el de recursos públicos con fines electorales, así como usar su horario laboral para fines proselitistas, abstenerse de entregar, sin causa justificada, la información solicitada por las autoridades electorales.

Además de condicionar cualquier servicio público, trámite o programa gubernamental con fines electorales. Si el programa es de naturaleza social, la pena alcanza hasta 12 años de prisión.