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Polvorín social
- Ante la nula respuesta, ejidatarios de Sierra Papacal lanzaron un ultimátum: el próximo miércoles paralizarán las obras del Tren Maya o bloquearán la carretera Mérida-Progreso, impidiendo el paso de transporte de carga del Puerto de Altura.
Redacción /Sol Yucatán
Un polvorín social se gesta en la comisaría de Sierra Papacal, en el municipio de Mérida. Un grupo de 207 ejidatarios denunció públicamente el abandono del Gobierno del Estado y la invasión de 223 hectáreas por parte del Gobierno Federal y el Ejército Mexicano para la construcción del tramo de carga del Tren Maya que conecta Umán con el puerto de Progreso.
La tarde de ayer domingo, la tensión subió de tono. Los ejidatarios convocaron a una mesa de diálogo a las afueras de la casa ejidal, pero el resultado fue un desplante: las autoridades federales brillaron por su ausencia.
El único enviado estatal confesó no tener facultades para tomar decisiones, limitándose a actuar como oyente, lo que los afectados calificaron como una burla a su demanda de indemnización justa.
El conflicto no es solo externo. Los campesinos realizaron su asamblea en la calle debido a que el comisario Gilberto Pech Tho mantiene secuestrado el edificio ejidal. Sobre él, pesan graves acusaciones de complicidad en la entrega irregular de tierras.
A esta red de presunta corrupción se suma el nombre de Juvencio Valdez, supuesto asesor que habría extorsionado a los 207 ejidatarios con más de 100 mil pesos bajo la promesa de gestionar los pagos que nunca llegaron.
Ante la nula respuesta, los ejidatarios lanzaron un ultimátum: el próximo miércoles paralizarán las obras del Tren Maya o bloquearán la carretera Mérida-Progreso, impidiendo el paso de transporte de carga del Puerto de Altura.
Sostienen que nunca hubo una asamblea oficial para otorgar permisos de paso, por lo que la presencia del Ejército en sus tierras es ilegal.
La actuación del Gobierno Federal y la Sedena en Sierra Papacal contraviene disposiciones fundamentales de la propiedad social en México. De acuerdo con la Ley Agraria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso de expropiación no es un acto arbitrario.
La Ley Agraria en su Artículo 23 establece que la aportación de tierras ejidales para proyectos de infraestructura o el cambio de destino de las tierras debe ser aprobada obligatoriamente por la Asamblea Ejidal. Sin un acta de asamblea válida, el ingreso de maquinaria constituye un despojo.
El Artículo 27 de la Constitución señala que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la Nación, pero las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
La Ley de Expropiación dicta que el pago del monto indemnizatorio debe basarse en un avalúo comercial del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y debe liquidarse de manera previa o simultánea a la ocupación, algo que en Sierra Papacal no ha ocurrido.
«Nos invadieron como si la tierra no tuviera dueño. El C5i sirve para vigilar a los ciudadanos, pero parece que las leyes no sirven para vigilar al gobierno que nos roba”, sentenció uno de los manifestantes.
