Poder Judicial, de rodillas y sin escrúpulos

*Queja Administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra los Magistrados Federales Jorge Enrique Eder Wynter García y Pablo Jesús Hernández Moreno por su falta de imparcialidad en el caso Castilla Roche.

*Ambos Magistrados mantienen relaciones de negocios y familiares con el empresario Fernando García Ponce, accionista fundador de COCA COLA COMPANY en la Península de Yucatán y República Dominicana

* A pesar de eso, los Magistrados han seguido conociendo y resolviendo amparos en revisión en el caso, poniendo en entredicho la debida imparcialidad e independencia que todo órgano juzgador debería tener al momento de decidir cualquier controversia.

*Queda claro que en Yucatán NO existe el estado de derecho, NO aplica el principio jurídico universal del Doble Proceso, NO son válidas ni la Constitución ni los Códigos de Procedimientos Penales, y NO son válidos los Derechos Humanos, si la contraparte son los Ponce de BEPENSA, y su red de complicidades que en este medio hemos expuesto

Redacción /Por-Qué /Voz Libre

La corrupción y el poder de BEPENSA en Yucatán no tiene límites. Las Leyes prevén DOS AÑOS DE PRISION PREVENTIVA COMO MÁXIMO para delitos graves (que no es el caso), pero cuando se trata de servir a Don Fernando Ponce García y familia, HASTA LAS MATEMATICAS SE LES OLVIDAN A LAS AUTORIDADES.
Queda claro que en Yucatán NO existe el estado de derecho, NO aplica el principio jurídico universal del Doble Proceso, NO son válidas ni la Constitución ni los Códigos de Procedimientos Penales, y NO son válidos los Derechos Humanos, si la contraparte son los Ponce de BEPENSA, y su red de complicidades que en este medio hemos expuesto

No se trata defender a Castilla Roche, sino al Estado de Derecho, usando el caso más sonado, descarado y vigente, para desenmascarar a autoridades corruptas

Aquí reproducimos textual la denuncia

Mérida, Yucatán a 07 de marzo de 2023. El día pasado 06 de marzo de 2023, representantes legales de Ermilo Castilla Roche, presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal una Queja Administrativa en contra de los Magistrados Federales Jorge Enrique Eder Wynter García y Pablo Jesús Hernández Moreno, pertenecientes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, por la comisión de actos que afectan la debida imparcialidad e independencia con la que deben actuar todas y todos los juzgadores del Poder Judicial de la Federación.

Como se recordará Ermilo Castilla Roche fue denunciado primero en
Quintana Roo, en el año 2013, por su exsuegro, el empresario
Fernando Ponce García, accionista fundador y consejero de Bepensa,
consorcio empresarial con más de 50 empresas, y conocido
principalmente por ser el franquiciatario de la COCA COLA
COMPANY en la Península de Yucatán y República Dominicana, quien lo acusó del delito de fraude, por haber utilizado un poder irrevocable, sin rendición de cuentas, el cual además de ser irrevocable, nunca le fue cancelado.

A pesar de que en la denuncia presentada, en el año 2013, en
Quintana Roo, se determinó el no ejercicio de la acción penal; en el
año 2015, Fernando Ponce García, a pesar de que dicha acción había
prescrito, denunció de nueva cuenta y por los mismos hechos a Ermilo
Castilla Roche, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Yucatán, y a pesar de que dicha acción había prescrito, el mismo día
de las elecciones a Gobernador en Yucatán, el domingo, 2 de Julio del
2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán determinó
ejercer la acción penal no obstante que los mismos hechos (sucedidos
en Quintana Roo) ya habían sido desestimados por la Fiscalía
Quintanarroense.

Con la complicidad del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en el
Estado de Yucatán, se inició un proceso penal que ha mantenido a
Castilla Roche por más de 4 años en prisión, y en donde se han
violado todas las reglas básicas del debido proceso penal. Frente a las
diversas arbitrariedades cometidas, la defensa legal de Castilla Roche
ha presentado diversos juicios de amparo que, en última instancia, han
sido resueltos por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Décimo Cuarto Circuito el cual se encuentra
integrado por los Magistrados Juan Carlos Moreno López, Jorge
Enrique Eder Wynter García y Pablo Jesús Hernández Moreno, quien
lo preside.

En esos amparos en revisión, todas las resoluciones han
sido desfavorables a Castilla Roche, a pesar de la evidencia de claras
violaciones procesales y de derechos humanos, situación que podría
tener su origen en los vínculos existentes entre los Magistrados
Wynter García y Hernández Moreno con la empresa Bepensa, de la
que es accionista fundador y consejero Fernando Ponce García,
denunciante de Castilla Roche.

Efectivamente, en el caso del Magistrado Pablo Jesús Hernández
Moreno, es claro que existe una relación y vínculo estrecho de amistad
y parentesco con Fernando Ponce García, denunciante y tercer interesado en los diversos juicios constitucionales conocidos por el
Tribunal al que está adscrito, en virtud de que su hijo Allan de Jesús
Hernández Conde, además de haber sido empleado y respresentante
legal de Bepensa de la que es accionista y consejero Fernando Ponce
García, contrajo matrimonio con Jimena Madero García, sobrina doble
(por Ponce y por García) en segundo grado de Fernando Ponce
Garcia, es decir, su hijo no sólo ha sido empleado y representante
legal de Bepensa de Ponce García, sino que emparentó con él al
casarse con una sobrina nieta.

En el caso del Magistrado Wynter García, existe una relación estrecha
entre este y Tomás Hernández Fuentes, quien de febrero de 2005 a
septiembre de 2018 fungió como director corporativo del consorcio
denominado Bepensa (específicamente Director General de Bepensa
Bebidas), cuyo accionista fundador y consejero lo es el señor
Fernando Ponce García, denunciante y tercero interesado en los
procesos constitucionales dirimidos ante dicho Tribunal Colegiado, y
con quien el Magistrado Wynter adquirió en la Costa Yucateca el
tablaje catastral número 101352, de la localidad y municipio de
Dzemul, Yucatán.

Los vínculos de ambos Magistrados con el empresario Fernando
García Ponce, eran motivo más que suficiente para que, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y ante la evidencia de vínculos que acreditan una
relación entre ambos se excusaran de conocer de los amparos en
revisión en donde se han determinado cuestiones importantes de
constitucionalidad en el caso de Castilla Roche. A pesar de eso, los
Magistrados han seguido conociendo y resolviendo amparos en
revisión en el caso Castilla Roche, poniendo en entredicho la debida
imparcialidad e independencia que todo órgano juzgador debería tener
al momento de decidir cualquier controversia.

En ese sentido resulta preocupante que el poder y la influencia del
empresario Fernando Ponce, demostrado en el inexplicable e ilegal
actuar de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y del Poder
Judicial del Estado de Yucatán, haya trascendido a las instancias del
Poder Judicial de la Federación, último reducto que tienen los
ciudadanos para la defensa de sus derechos fundamentales. Es por
ello que frente a esta actuar arbitrario y antiético se hicieron del
conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal estos hechos para
que, como órgano encargado de la vigilancia y disciplina de las y los
funcionarios del Poder Judicial de la Federación, investigue estas
conductas que ponen en riesgo el prestigio de la Judicatura Federal y
los principios básicos de imparcialidad e independencia.

La vigilancia sobre el actuar de los dos magistrados se hace
fundamental, en virtud de que este próximo jueves 09 de marzo el
Tribunal Colegiado al que pertenecen ambos Magistrados resolverá en
última instancia un amparo en revisión que determinará si opera o no
la prescripción de los delitos denunciados, prescripción que ya ha sido
determinada para una de las coacusadas de Castilla Roche en un
amparo en revisión resuelto por el Tribunal de Circuito del Centro
Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula,
Puebla. Es inconstitucional que para un coacusado en las mismas
demandas y por los mismos hechos se determine la prescripción y
para otro no.

La única base para que el día 09 de marzo el Tribunal Colegiado al
que pertenecen ambos magistrados no resuelvan la Prescripción, tal y
como lo hizo el Tribunal de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda
Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, sería la corrupcion y el influyentismo

Ermilo Castilla Roche
(Redactado por sus Representantes Legales)

Para mayores informes comunicarse con Federico Berrón Autrique. +52-999-900-2056

Jorge Enrique Eder Wynter