NIEGAN AMPARO A INTEGRANTE DEL CÁRTEL INMOBILIARIO DE YUCATÁN

Protegidos por la Fiscalía del Estado

Shuberth Jesús Baz Durán, acusado de pertenecer al denominado “cartel inmobiliario” en Yucatán, le fue negada una suspensión definitiva contra orden de aprehensión que pudiera ejecutar la Fiscalía de aquella entidad.

Tras ligársele a probables actos de despojo en esa entidad, Baz Durán ha promovido diversas demandas de amparo indirecto en los juzgados federales yucatecos.

Este lunes 21 de octubre, en un acuerdo dictado por el Juzgado Sexto de Distrito, sede Mérida, se dio a conocer que el investigado se le negó una suspensión definitiva contra orden de captura.

Historial 

En Yucatán opera un nuevo cartel inmobiliario, que se dedica a despojar de sus propiedades a personas de escasos recursos, en su mayoría mujeres y personas de la tercera edad.

En la red de estafadores se encuentran abogados, dueños de una empresa de línea blanca que opera bajo la sombra de la ilegalidad, debido a que no cuenta con permisos de la Secretaría de Hacienda, es decir, al no contar con lugar físico para comercializar sus productos no paga impuestos al SAT, ya que no hay control de sus ganancias, por lo que estaría evadiendo impuestos.

Sin embargo, también participaría un notario público, así como personal de la Fiscalía General del Estado, actuarios del Poder Judicial y hasta un juez de lo mercantil, quien acelera los tramites de embargo.

En Mérida, un grupo de 120 personas denunciaron que la red de estafadores y mafiosos con ayuda de los servidores públicos  han despojado de casas habitación, principalmente a personas de la tercera edad y madres solteras.

Cerca de 120 personas del Estado de Yucatán, quienes tiene su domicilio en diferentes puntos de la capital, denunciaron ser víctimas de despojo de sus hogares por un par de agiotistas y el dueño de una tienda en línea llamada «VIVSA».

La red de estafadores, tiene un modus operandi, bien definido, el cual  consiste en prestar dinero o vender un artículo para el hogar a pagos semanales, sin embargo, al principio todo transcurre con normailidad, les comienzan a cobrar los artículos o el aparato, para generar confianza.

Luego el cobratario deja de pasar, por lo que la persona va generando una deuda a través de los intereses ordinarios y moratorios, hasta llegar el punto de una deuda impagable.

Cuando esto ocurre el dueño de la tienda virtual, en conjunto con los agiotistas, acuden al domicilio de los clientes para señalarles que nunca pagaron, por lo que “venderán” la cartera vencida a un buffet de abogados para iniciar procedimientos legales.

En estos actos tramposos se encuentran involucrados trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, así como notarios públicos del Estado. entre ellos se encuentra la licenciada Georgina del Socorro Cámara Ávila, esposa de Juan José González Silva, jefe del supuesto bufete de abogados que se encarga de comprar las carteras vencidas.

Las víctimas indican que toda esta problemática inició en el año 2019 y principios del 2020, durante la pandemia.

Señalan que ante la contingencia sanitaria tuvieron que recurrir a solicitar préstamos en efectivo para solventar gastos, por lo que la mayoría les solicitó a los agiotistas la cantidad de 5 mil pesos.

Los agiotistas son Juan Barona Sánchez, Fanny Góngora Hipo y  Arsenio Irisel Alcocer López, todos ellos se encargan de hacerles firmar un pagaré en blanco a sus víctimas, con la falsa promesa de regresárselos cuando la deuda sea pagada, lo cual está prohibido por la propia ley.

No obstante, tras liquidar la deuda, los agiotistas comenzaron a darles largas en la entrega de los documentos, entre ellos el pagaré.

Otro de los casos que han salido a la luz, fue el de las personas que perdieron sus casas a inicios de año, específicamente en el mes de enero. De acuerdo con sus testimonios, algunos compraron electrodomésticos en la tienda en línea “Vivsa” misma que no cuenta con tienda física.

En esa ocasión, fue el propio dueño, Martín Luciano Vivas, suegro del agiotista Arsenio Irisel Alcocer López, quien le llevó la pantalla hasta su domicilio, donde de igual manera le hizo firmar un pagaré por la venta del mismo.

La víctima terminó de pagar el electrodoméstico dos años después, sin embargo, el pasado 6 de enero del presente año un sujeto, identificado como Sergio Alberto Santa Piña, acudió al domicilio de la víctima con documentos que lo avalan como dueño del predio, acompañado de agentes de la Policía Estatal, quienes ingresaron al predio y mediante empujones sacaron del predio a la mujer que se encontraba viviendo en el domicilio, ubicado en Ciudad Caucel, misma que se encontraba sola en compañía de su hijo menor.

Este cártel, conformado por agiotistas y pseudo vendedores de línea blanca, venden las carteras vencidas al despacho jurídico ubicado en la calle 93 número 516 ,por 71 Diagonal y 56 de la sección Herradura lll, en el fraccionamiento Caucel.

Ahí, sus apoderados legales, identificados como Juan José González Silvan y Sergio Alberto Santana Piña, inician el proceso de embargo con la ayuda de sus parejas sentimentales, Suemi Kep y Georgina del Socorro Cámara Ávila, quienes trabajan en la Fiscalía General del Estado.

También se apoyan de los actuarios de los juzgados mercantiles, ya que estos nunca llegan a los domicilios de las víctimas, en lugar de acudir a los domicilios, estos entregan las notificaciones en el despacho antes mencionado, ya que ahí falsifican las firmas, con ello, los juzgados inician las diligencias correspondientes para exponer ante un juez la “rebeldía” del denunciado.

Este hecho desencadena que los diferentes operadores inicien los trámites de embargo, por lo que, en cuestión de un año y medio, los inmuebles pasan a manos del buffet, mismos que posteriormente son vendidos a empresas constructoras o, en su caso, a inmobiliarias para su reventa.

Dichas empresas venden estos predios a un precio mucho mayor, dependiendo de los metros cuadrados con los que cuenten la construcción, por lo que el valor puede variar entre los 450 mil y 800 mil pesos, respectivamente.

Ante la nula respuesta de las autoridades estatales, los denunciantes decidieron dar a conocer este nuevo cártel inmobiliario que se ha formado en el estado, en donde también se vería involucrada la licenciada Nancy Patricia Cárdenas Quiñones, jueza del Primer Juzgado Mercantil.

Tras investigaciones realizadas por Sol Yucatán, se pudieron averiguar otros nombres de funcionarios, quienes también estarían coludidos con este nuevo cártel, entre ellos: Shuberth Jesús Baz Duran, Rodrigo José Che May, Felipe de Jesús Uc Chan, Leobardo Francisco Pereira, Marco Argenis Chi Pisté, Carlos Arturo Guzmán Martínez, Felipe de Jesús Uc Chan y José Rodrigo Che May, mismos que se encuentran bajo las órdenes de José González Silvan y de Sergio Alberto Santana Piña.

Hoy, la Fiscalía General del Estado de Yucatán averigua tres casos de desalojo en dónde los denunciantes perdieron sus hogares, los cuales quedaron registrados con los siguientes números de averiguación previa:  G9/114/2024, G9/87/2024, y G9/86/2024. Hasta ahora ninguno de ellos ha obtenido una resolución