Mérida
Mérida Desfalco en la alianza por 234 MDP
*Transportistas de la Alianza de Camioneros de Yucatán señalan a su dirigente Arturo Rodríguez Berzunza como responsable del mal manejo de la organización, así como de operaciones económicas, de las cuales no están informados.
Edgar Cárdenas/ Sol Yucatán
Veinte socios disidentes de la Alianza de Camioneros de Yucatán denunciaron el desvió de 200 millones de pesos, que su dirigente Arturo Rodríguez Berzunza ha realizado desde 2014, a través de facturaciones sospechosas, venta ilegal de concesiones, robo de apoyos y subsidios económicos que el gobierno estatal destinó a los camioneros para evitar el alza en el pasaje.
Los trabajadores obtuvieron información oficial del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), mediante una solicitud al Instituto Estatal de Transparencia y Protección de Datos Personales (Inaip), con los que confirmaron que el gobierno del estado entregó a Camioneros Aliados S.C.P., subsidios bajo el concepto de “apoyo al gasto familiar”, desde: 2020, $86 millones; 2021, $86 millones; 2022, $56 millones; y 2023, $6 millones. Es decir, el gobierno de Yucatán entregó dinero público a la Alianza por un monto de más de 234 millones de pesos.
El licenciado Gabriel Ramayo Duarte, quien lleva el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, interpuso dos demandas por los malos manejos de la administración de Arturo Rodríguez Berzunza y su directiva, que empezó en el 2014 con tres periodos al frente de la organización hasta la fecha.
La asociación, en voz del abogado Ramayo Duarte, reveló que la venta de la concesión de la ruta circuito Rojo a Autotransportes del Oriente (ADO) se hizo de manera clandestina y que a la fecha no se les ha informado el monto de la operación ni el destino del pago.
En la segunda demanda, acuso a Arturo Rodríguez Berzunza de justificar en 2023 un gasto de 16 millones de pesos con facturaciones sospechosas por el concepto de asesorías y contratos de cierres de ejercicio y operaciones, así como diversas operaciones fiscales, gastos de los cuales nunca se enteró el pleno de la Asociación.
En su participación, el socio Juan Ramírez Ojeda mencionó la historia de la Alianza de Camioneros y relató el declive que la organización sufrió, dejándola endeudada con el Infonavit y Seguro Social, por los caprichos del directivo.
Por su parte, Karen Ancona Reyes mencionó que tienen 2 años manifestándose, acercándose a sus directivos y a las autoridades correspondientes, para solicitar información que transparente las acciones que Arturo Rodríguez Berzunza lleva a cabo como la venta de concesiones.
Exigió un rendimiento de cuentas que ya fue solicitado oficialmente al Servicio de administración Tributaria (SAT) pero que no han tenido respuesta, así como de las diferentes instancias a las que han acudido como la misma FGE.
Lamentó que en una entrevista con Mauricio Vila Dosal, los socios recibieron una negativa de intervención por parte del gobernador, argumentando que se trataba de una operación entre particulares, expresó que en esa ocasión, “claramente vimos que no se interesó en nuestro problema que perjudica a toda una población de Mérida y el estado”.
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