MEGA FRAUDE DE 50 MILLONES

*El Gobierno Estatal desapareció un fideicomiso de 50 millones de pesos que se había destinado para la regularización de los terrenos que el ejido de Kanasín que le había vendido a la empresa “Patrimonio Kanasín”, propiedad del grupo Tabasco.

*El Fondo tenía en un primer momento la suma de 50 millones de pesos mediante el cual se apoyaría a familias para legalizar las propiedades, sin embargo, este desapareció y en cambio se le asignó a la afianzadora Sofimex

*Más de 500 familias de San Camilo y Francisco Villa han pagado grandes sumas de dinero a Sofimex, sin embargo, llevan cinco años esperando a la legalización de los terrenos.

Un presunto acto de corrupción se registró en el ejido de Kanasín, el cual se habría cometido entre el sexenio de Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal.

El Gobierno Estatal desapareció un fideicomiso que se había destinado para la regularización de los terrenos que el ejido de Kanasín le había vendido a la empresa “Patrimonio Kanasín”, propiedad del grupo Tabasco.

Por medio del cual las familias podrían regularizar y escriturar las tierras a un bajo costo e incluso a las personas en situación de pobreza extrema se les exentaría del pago.

Sin embargo, los recursos del fideicomiso, simplemente desaparecieron y en la actualidad los dueños de los terrenos tienen que pagar los derechos y todo el trámite.

Tras desaparecer los recursos, una bolsa de unos 50 millones de pesos, el Gobierno del Estado le delegó los trabajos a la empresa Sofimex y al Infonavit, para que a través de ellos se realice la certidumbre de la propiedad.

Sin embargo, al no haber dinero para el subsidio los interesados tienen que absorber los gastos con lo cual se cubre el presunto desvío de recursos.

Por petición de cientos de habitantes, con el entonces mandatario Rolando Zapata Bello, se creó un fideicomiso para darle certeza jurídica a los ciudadanos antes mencionados, permitiendo regularizar y escriturar sus predios a favor de los posesionarios, que son las decenas de familias humildes; de esta manera intervino una la dependencia federal, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que fue la responsable de hacer el proceso de regularización y quien entregó los primeros títulos de propiedad.

La situación se complicó en la actual administración que encabeza Mauricio Vila Dosal, porque el IVEY, encabezado por Carlos Francisco Viñas Heredia, entregó la responsabilidad a Sofimex con la finalidad de continuar regularizando colonias de Kanasín afectadas por la venta de las tierras al grupo de empresarios tabasqueños, cuya propiedad se adquirió con dinero desviado del Gobierno de Tabasco.

José Manuel Saiz Pineda, tesorero del gobierno del exgobernador tabasqueño Andrés Granier Melo, presuntamente lavó más de 246 millones de pesos en esta entidad mediante la compra-venta de 208 hectáreas de tierras en el municipio de Kanasín, en esas operaciones Saiz Pineda actuó en contubernio con la empresa Patrimonio Kanasín, con la que pactó una sociedad a diez años, que es el plazo que establecieron para finiquitar el pago de las transacciones.

En la franja de tierra se encontraban predios particulares, edificios de públicos, parques e incluso centros religiosos.

Ante esta situación y el descontento general, el Gobierno del Estado y Federal, en ese entonces de Enrique Peña Nieto, decidieron intervenir, para ello le pagaron las tierras al grupo Patrimonio Kanasín, y luego crearon el fideicomiso.

En el 2018, el Gobierno, le otorgó el poder a Sofimex, para realizar los trámites de regularización.

Sin embargo, vecinos de Kanasín advierten que podría tratarse de un mega fraude, debido a que en cuatro años la empresa no ha hecho nada para legalizar y dar certidumbre a los más de 500 predios, tan solo de la zona de San Camilo y Francisco Villa.

Desde el 2019, iniciaron los trámites para legalizar las propiedades, les cobraron el derecho, en unos casos hasta más de 127 mil pesos.

Sin embargo, solo les entregaron un escrito simple, sin ningún valor jurídico, ni tampoco los lotes están inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

La oficina de Kanasín, a cargo de Gabriel Vargas y bajo las órdenes de Gustavo Cantón Osalde.

Por un terreno de 300 metros cuadrados, es decir, de 10 por 30, pagan unos 10 mil pesos, si lo multiplicamos por 500 predios, se tendría la suma de al menos 5 millones de pesos.

Uno de los afectados, es Raúl Vargas Villalobos, quien desde el 2019, inició el proceso para la legalización de los terrenos de su familia, sin embargo, ya tiene casi cinco años y no hay ningún avance.

Es decir, no pueden hacer nada con la propiedad, debido a que no tiene certeza jurídica.

En la misma situación, se encontrarían más de 500 familias de Kanasín, quienes han iniciado los trámites correspondientes para la legalización de las tierras vendidas entre los años 2008 a 2010, al grupo Patrimonio Kanasín.

Pidieron una respuesta a las autoridades o que el Tribunal Agrario intervenga y dé soluciones favorables para las familias que habitan en estas colonias. 

Aseguraron que funcionarios del Gobierno Estatal, Federal y hasta municipal, han hecho negocio con este problema.

“Cada tres años nos venden la idea los políticos de que nos ayudarán y luego queda en promesas”, aseguraron.