Más de 166 millones el derroche en el Gran Corredor Gastronomico

*Más de 166 millones de pesos es el costo del derroche en el Gran Corredor Turístico Gastronómico en el Centro Histórico de Mérida, obra presumida por el gobernador, Mauricio Vila, y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha

*El jugoso contrato fue entregado a una de las predilectas del sexenio, Terrasur S.A. de C.V., cuyo representante legal es el empresario Manuel Jesús Tugores Almeida, perteneciente al selecto grupo de acaparadores del erario

*Los recursos fueron operados a través del INCCOPY, provenientes de fuentes otorgadas por FONADIN y Banobras para la Segunda Etapa del Proyecto Integral de Transporte Masivo denominado “SIT Mérida”

*En 2021, Terrasur S.A. recibió dos contratos del alcalde Renán Barrera por más de 5.9 millones de pesos, para la compra de materiales asfálticos sin comprobación

*Redacción/Sol Yucatán*

*Mérida. –* Hambrientos por enriquecerse, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida parecen coludidos para beneficiar a los mismos empresarios de siempre, pertenecientes al selecto grupo de acaparadores del erario durante este sexenio panista.

Primero el alcalde Renán Barrera Concha y, ahora, el gobernador Mauricio Vila Dosal, han elegido al empresario Carlos Gabriel Medina Millet, y su empresa Terrasur S.A. de C.V., como su predilecta en el reparto de contratos.

Esta empresa es la actual encargada de la construcción del Gran Corredor Turístico Gastronómico en las calles 60 y 47 del Centro Histórico de Mérida, cobrando más de 166 millones de pesos por su contratación firmada el pasado 21 de junio de 2023.

Fue a través del Instituto para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (INCCOPY), y el representante legal de Terrasur S.A. de C.V., Manuel Jesús Tugores Almeida, que se signó el documento del contrato de licitación pública con expediente OBP23-LP-INCCOPY-2FON-048, por un monto total de 166 millones 153 mil 643 pesos.

El objeto del contrato fue la obra consistente en el “Centro Histórico de Mérida: Habilitación de calle 60 desde la 61 a la 45, y calle 47 desde la calle 60 hasta la 56”.

Los recursos para llevar a cabo los trabajos forman parte de fuentes de origen federal, al provenir del convenio de apoyo financiero de FONADIN y Banobras para la segunda etapa del megaproyecto denominado Sistema Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana de Mérida (SIT MÉRIDA).

Ello quiere decir que, de nueva cuenta, se usan recursos públicos para beneficiar a particulares, pues los trabajos de remodelación del centro histórico constan de la ampliación de calles, nuevas banquetas, ciclovía, postes de baja altura, rampas para personas con discapacidad motriz, zonas de carga y descarga de mercancía, la instalación de mesas afuera de negocios, y lo principal espacios de ascenso y descenso de pasajeros para ser usados por los concesionarios de las nuevas rutas de transporte.

Aunque el contrato establece que Terrasur S.A. de C.V. tiene un plazo de ejecución de 171 días naturales, y debía iniciar la obra el 23 de junio para terminar el próximo 10 de diciembre, el proveedor incurrió en su primer retraso al arrancar hasta el día 28 de junio, pero con tan mala planeación que ha generado seria afectación a los comercios en la zona.

Con bombo y platillo el gobernador Mauricio Vila y el alcalde Renán Barrera presumieron el arranque de la obra, pero torpemente iniciaron justo en temporada vacacional, ocasionando una pésima imagen a los turistas, por la presencia de polvo, bajones de energía eléctrica, escasez de agua potable, cierre de calles y desorganización total, según han denunciado comercios afectados.

La mala planeación en los trabajos de remodelación del centro histórico deja en evidencia la desfachatez de la empresa Terrasur S.A. de C.V., ya que precisamente recibió un 30 por ciento de anticipo por parte del Fideicomiso No. 1936, denominado SIT-Mérida, por un monto de 49.8 millones solo de anticipo para los preparativos de la obra, pero que al parecer fueron embolsados por los socios de esta constructora, al no implementar ninguna medida ante la afectación a terceros.

Pero además de los más de 166 millones de pesos que invierte el gobierno del estado, con dinero ajeno de la Federación, también hay contratos por parte del ayuntamiento de Mérida para el mismo proyecto de remodelación del centro histórico, todo con el supuesto objetivo de “embellecer” esta zona de la capital, pero con el beneficio velado para empresarios y particulares, tanto de la construcción como los concesionarios de las nuevas rutas del IETRAM y “Va y Ven”.

*EMPRESARIO DESALMADO*

La empresa contratada por el INCCOPY para la remodelación de las calles 60 y 47 del Centro Histórico, Terrasur S.A. de C.V., cuenta con un pésimo historial, además de ser de las más beneficiadas por gobiernos priistas y panistas de los últimos 20 años.

Creada a finales de los 90 por el empresario Carlos Gabriel Medina Millet y su esposa María Teresa Martínez Zapata, Terrasur S.A. cuenta con un historial de más de 60 contratos como proveedor del gobierno del estado entre los años 2004 y 2017, acumulando más de 832 millones de pesos en obras con distintas administraciones.

Ha sido con los panistas donde más apapachado ha sido, tan solo en 2021 Terrasur S.A. recibió más de 5 millones 960 mil 317 pesos por parte del Ayuntamiento de Mérida, a través del alcalde Renán Barrera, para la adquisición de materiales asfálticos de los cuales nadie pudo comprobar su ejecución.

El primero de estos contratos fue firmado el 24 de febrero de 2021 por 2 millones 418 mil 495.60 pesos, a través del expediente DALB-ASFALTOS-01-01 para la “adquisición de concreto asfáltico”, que según fue despachado entre el 23 de febrero y el 30 de marzo, pero que jamás fue vertido en las arterias que lo habrían requerido.

Pero no se quedó ahí, Terrasur también cobró 3 millones 541 mil 822 pesos con el Ayuntamiento de Mérida el 14 de mayo de 2021, con el contrato DALB-1-ASFALTOS-03-01, materiales que debió entregar entre el 12 de mayo y el 13 de agosto de ese año, pero que -otra vez- nadie pudo comprobar siquiera la entrega y ya no se diga la ejecución.

Además de la voracidad empresarial detrás de Terrasur S.A. de C.V., también resalta el carácter desalmado de su propietario, quien no ha tenido empacho en cometer actos de injusticia contra sus trabajadores.

De este sucio proceder quedó constancia en lo sucedido en 2011 en esta empresa, cuando el dueño Carlos Medina Millet, acusó a un trabajador identificado como José Gabriel Estrella Aguayo, quien se desempeñaba como volquetero al servicio de Terrasur, del supuesto robo de combustible por la constructora, lo que le valió una condena en la cárcel de 5 años 4 meses en prisión, pero a la postre se descubriría que todo fue una vil mentira.

De acuerdo con notas publicadas en octubre de 2016, el volquetero fue absuelto del delito de robo calificado, ya que se pudo constatar de la acusación era sin fundamento hecha contra el ex trabajador, pues nunca se le pudo comprobar el delito de robo.