VIOLENCIA VICARIA

• Mientras el caso de Lucía se dirime en tribunales, su madre, Ericka Contreras, enfrenta otra forma de violencia vicaria: campañas de desinformación y descrédito impulsadas por colectivos y páginas digitales.
• Bajo el discurso de “defender a la infancia”, revictimizan a una mujer y utilizan a una niña como arma narrativa para justificar la sustracción y el incumplimiento de resoluciones judiciales.

Beatriz González/Sol Yucatán

En Yucatán, el caso de Lucía, una niña de seis años sustraída por su padre desde agosto de 2024, no sólo exhibe un proceso judicial complejo. También revela otra dimensión menos visible pero igual de violenta: la operación de descrédito público contra su madre, Ericka Contreras, mediante campañas digitales, desinformación y ataques coordinados que, según ella, buscan legitimar la sustracción bajo un discurso de “protección”.

La menor fue localizada el 29 de junio de 2025 tras una Alerta Amber emitida por la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Su padre fue detenido y vinculado a proceso por delitos como violencia familiar, violencia vicaria, sustracción de menores y desaparición forzada cometida en agravio de particulares. La restitución ocurrió después de meses de búsqueda, diligencias fallidas y una manifestación pacífica de 24 horas que Ericka realizó en el Centro de Justicia Oral de Mérida para exigir que se ejecutara una orden judicial.

Pero mientras el proceso avanzaba en tribunales, otra batalla se libraba en redes sociales.

El uso de la denuncia como herramienta de separación

El argumento central del padre para obtener inicialmente el resguardo provisional de la menor fue una denuncia por un presunto abuso ocurrido —según su versión— en el entorno materno. Ericka sostiene que la acusación es falsa y que colaboró en todo momento con las autoridades.

La investigación fue iniciada en agosto de 2024 y, en abril de 2025, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal al concluir que no existían elementos para proceder. Posteriormente, el padre promovió un recurso ante un juzgado de control para impugnar esa decisión.

La jueza ordenó reabrir la investigación para ampliar diligencias pendientes, pero no imputó delito alguno contra la madre.

Ericka insiste en que no enfrenta cargos ni ha sido vinculada a proceso. Subraya que quien se encuentra privado de la libertad es el padre, por los delitos relacionados con la sustracción y la negativa de restitución.

“El cierre de la investigación no fue una absolución porque nunca hubo imputación. Y su reapertura no significa culpabilidad”, ha reiterado.

Colectivos masculinos y la narrativa de la “madre peligrosa”

En paralelo al proceso judicial, páginas digitales como LaVida Bella difundieron versiones que presentan al padre como “protector” y a la madre como responsable de omisiones graves, asegurando que “sí había pruebas” en su contra. En ese discurso, se sostiene que él fue encarcelado por defender a su hija.

Ericka señala directamente a un colectivo llamado Todoporti —integrado mayoritariamente por hombres con afinidades públicas con el padre— de difundir noticias falsas y versiones dolosas del proceso.

“Llamarse defensores de la infancia mientras se desacredita y se violenta discursivamente a una mujer no es protección, es prejuicio”, respondió públicamente.

La estrategia, explica, no sólo busca posicionar una versión alternativa, sino instalar sospecha social permanente sobre ella, incluso después de que la Fiscalía determinara que no había delito que perseguir.

Violencia vicaria: más allá de la sustracción

La violencia vicaria no se limita a la retención física de un hijo o hija para dañar a la madre. Especialistas la definen también como el uso instrumental de los menores para castigar emocional, legal y socialmente a la mujer.

En este caso, además de la sustracción, la madre denuncia:

• Incumplimiento de pensión alimenticia.
• Litigio estratégico con múltiples recursos y amparos.
• Campañas digitales con perfiles falsos y bots.
• Difusión de información confidencial del proceso.
• Revictimización pública de la menor.

“¿Qué lleva a un hombre a promover campañas de odio en lugar de cumplir con su responsabilidad como padre?”, cuestionó Ericka en un mensaje reciente.

Según la madre, publicaciones con cientos de compartidos provienen de perfiles falsos y páginas recién creadas. Señala que no responderá con ataques, pero sí continuará defendiendo su dignidad.

“No voy a competir en lodo. Pero sí voy a seguir señalando la incoherencia y protegiendo a mi hija.”

El caso evidencia una tendencia creciente: grupos que, bajo la bandera de la “defensa de la infancia”, operan narrativas que colocan automáticamente a la madre como sospechosa cuando existe conflicto parental. En muchos de estos discursos, el encarcelamiento del padre es presentado como persecución, sin considerar que existe una vinculación formal por delitos graves.

La verdad en los tribunales, no en redes

Actualmente, la investigación por la denuncia de abuso continúa abierta para agotar diligencias ordenadas por la jueza. No existe imputación ni vinculación contra la madre. El padre, por su parte, permanece sujeto a proceso por los delitos relacionados con la sustracción.

Mientras tanto, Lucía se encuentra bajo protección institucional y en proceso de restitución y acompañamiento.

El caso no sólo trata de custodia o procesos legales. También expone cómo, en contextos de violencia vicaria, la disputa se traslada al espacio digital, donde la reputación se convierte en otro campo de batalla y los hijos e hijas son utilizados como argumento discursivo.

La pregunta de fondo no es quién grita más fuerte en redes, sino qué versión resiste el análisis judicial y qué modelo de paternidad se está defendiendo cuando el ataque público sustituye la responsabilidad.

Porque proteger a la infancia no implica destruir a la madre. Y defender derechos no debería implicar campañas de odio.