La muerte lenta del INAI y la transparencia…

Golpe de Tecla

Por Noé Zavaleta

El gobierno de la Cuarta Transformación quiere sepultar al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) y, con ello, cualquier herramienta de rendición de cuentas, fiscalización y sobre todo transparencia. Una acción gubernamental que, a todas luces, atenta contra la democracia, contra los avances en fiscalizar los recursos públicos y contra cualquier país que quiera presumir que su clase política es de vanguardia y no tolera la corrupción, ni los tráficos de influencias en el servicio público.

Desde hace 20 años –21 para ser exactos–, el IFAI –abuelito del INAI– se convirtió en una plataforma indispensable para periodistas, académicos, políticos de oposición y ciudadanía en general para fiscalizar al gobierno en turno con lupa, para saber el destino de los recursos públicos, y qué y a quién se compra con el impuesto de los mexicanos.

La semana anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio casi la “estocada final” al INAI, anunció que enviará una iniciativa de ley para desaparecer dicho organismo autónomo, junto con otros, porque –pretextó– no sirven para nada.

La oposición y periodistas que utilizamos dicha plataforma hemos puesto “el grito en el cielo”. Nos costó años y años entender la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin el sistema INFOMEX –hoy Plataforma Nacional de Transparencia–nadie hubiera conocido el “toalla gate” en Los Pinos con Vicente Fox al frente, o los sobrecostos y fuga de recursos de La Estela de Luz con Felipe Calderón como presidente, o la cuestionada Casa Blanca con Peña Nieto y luego la Casa Gris en tiempos de López Obrador.

No podríamos saber, gracias al INAI –como lo sabemos ahora– que este gobierno tiene una debilidad por adjudicar millonarias compras sin licitar, o que es fanático (sic) de comprar patrullas, cubrebocas, insumos de papelería y contratar servicios de seguridad a empresas de reciente creación.

Tampoco hubiéramos podido saber cuál es el número total de armas, fincas y automóviles decomisados al narcotráfico por la Secretaría de la Defensa Nacional o por la Secretaría de Marina. O el número de civiles con perfil criminal abatidos por nuestras fuerzas armadas o el número de militares y marinos que han muerto en el cumplimiento de su deber.

La transparencia –y las solicitudes de información que hacen particulares, periodistas y académicos– también han servido para conocer los excesos de los gobiernos estatales en festivales y carnavales. Saber cuánto cuesta al erario público traer al reguetonero de moda, al cantante regional que la está rompiendo en el extranjero o hasta saber cuánto se invirtió en organizar un partido amistoso con exfutbolistas profesionales que en otros tiempos llenaron las páginas deportivas de gloria.

Gracias a las obligaciones de transparencia, hoy podemos saber quiénes son quién en los sueldos y salarios, y en esas compensaciones ocultas. Cuánto destina cada Ayuntamiento, cada Secretaría de Gobierno de las entidades que administra el PAN, Morena o el PRI a sus altos funcionarios para el pago de servicios personales.

Cuánto ganan nuestros funcionarios federales, cuánto perciben en dietas mensuales los diputados locales y federales, cuánto perciben en bonos, cuánto ganan los choferes de los secretarios de Despacho o de Senadores y Legisladores Federales. Todo esto ya no lo podremos saber si el Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador decide desaparecer al INAI, borrarlo de un “plumazo” o más bien de un decreto legislativo y adscribir las funciones que tenía este organismo a la Secretaría de la Función Pública. Un órgano, que dependiendo el gobierno que esté en turno, obedece y está a los servicios e intereses del PRI, del PAN o, por ejemplo, hoy de Morena.

El INAI hoy agoniza, se encuentra librando sus últimas batallas. Duró más de 150 días sin tener un pleno completo y sobrevivió a un bombardeo mediático y político. Su escenario hoy no es de zozobra, ni de incertidumbre, sino de completa agonía, una muerte lenta, en la que académicos, periodistas y políticos de oposición hoy tratan de hacer frente ante uno de los últimos caprichos presidenciales, antes de que concluya el actual sexenio.