¡JUECES, A PRISIÓN!

PODER JUDICIAL PAGA 60 MILLONES EN ASESORÍAS PARA LOS MAGISTRADOS

*El Consejo de la Judicatura Federal comprobó que siete jueces del Poder Judicial de Yucatán están usurpando funciones al resolver asuntos de índole penal, aun cuando no ha rendido protesta constitucional y podrían ir a la cárcel.

*Tanto ellos como el Consejo de la Judicatura Estatal, encabezada por la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdez, están violando la ley orgánica de Yucatán y podrían enfrentar procesos penales que podrían terminar en su remoción.

* El Tribunal Superior de Justicia dolosamente negó los nombramientos, pero con las pruebas que se ofrecieron se declaró cierto, lo que acredita el dolo con el que se conduce el pleno del Tribunal.

Siete jueces de control de Yucatán podrían enfrentar un proceso penal por la usurpación de funciones debido a que están presidiendo audiencias de índole penal, aun cuando no han rendido protesta constitucional para ejercer la función.

El juzgado Segundo Distrito, dio por cierto que, en el Poder Judicial del Estado, diversos jueces comisionados por el Consejo de la Judicatura están desempeñando funciones como juez sin haber rendido protesta constitucional como lo establece la ley.

Es decir, tanto ellos como el Consejo de la Judicatura Estatal, encabezada por la magistrada María Carolina Silvestre Canto Valdez, están violando la ley orgánica de Yucatán y podrían enfrentar procesos penales que podrían terminar en su remoción.

Debido a que de manera dolosa el Consejo de la judicatura nombró a los jueces, aun cuando estaban impedidos para hacerlo por un amparo que aún no se ha resuelto.

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Distrito emplazó al Poder Judicial de Yucatán, acerca de jueces sin nombramiento que estaban resolviendo asuntos de índole penal, sin embargo, negó esta situación.

Pero se logró comprobar que en realidad siete jueces fueron nombrados en los meses de octubre a diciembre, cuando había una suspensión definitiva para hacerlo.

El Tribunal Superior de Justicia dolosamente negó el acto reclamado, pero con las pruebas que se ofrecieron se declaró cierto, lo que acredita el dolo con el que se conduce el pleno del Tribunal, al negar el acto reclamado de nombrar jueces sin rendir protesta, por ello incurre en un delito especial de la ley de amparo

Lo grave del asunto es que las audiencias que han presidido se podrían caer, debido a que, por ley, no estaban facultados para resolver estos asuntos, ya que legalmente no estaban nombrados como jueces y estarían incurriendo en una ilegalidad y usurpación de funciones, estipulado en el Código de Procedimientos Penales como un delito.

Entre los jueces se encuentra Rodrigo Dajdaj y Silvia Pamela Cetina Bautista, quien han presido importantes litigios, como homicidio, violencia y despojo.

Apenas el martes pasado la Juez Silvia Pamela presidio una polémica audiencia por fraude de unos terrenos en Hunucmá.

Este hecho es inédito en Yucatán, donde los impartidores de justicia están violando la ley orgánica del estado, sin embargo, esta situación se debe al total desconocimiento de las leyes por parte de los magistrados que integran el Poder Judicial, debido a que el 85 por ciento de ellos nunca han litigado y carecen de carrera judicial.

Tan es así, que al año el Poder Judicial paga 60 millones de pesos en asesorías para los magistrados, que, en el papel, deberían de ser los abogados mejor preparados de Yucatán, ya que son la máxima autoridad en la impartición de justicia en el estado, sin embargo, llegaron por imposición del gobernador Mauricio Vila Dosal, para que tenga un total control del sistema de justicia de Yucatán

El Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura de Yucatán, ambos presididos por la magistrada María Carolina Canto Silvestre Valdez, impuesta por el gobernador Mauricio Vila Dosal, se encuentran en medio de un lío legal. 

Debido a que fueron denunciados ante el Conejo de la Judicatura Federal por violar el mandato de un juez federal al nombrar a jueces, aun cuando estaban impedidos para hacerlo, es decir, desacataron y violaron el mandato judicial.

Lo anterior, debido a que como dimos a conocer de manera exclusiva, existe la orden de un juez federal donde otorgó la suspensión definitiva del proceso de selección de ingreso de jueces del Poder Judicial de Yucatán, al considerar que se violaron las garantías individuales de los participantes.

A pesar de ello, el Tribunal Superior y el Consejo de la Judicatura de Yucatán, a sabiendas y de manera dolosa, de que no podía nombrar a jueces hasta que se resuelva de manera definitiva el asunto legal en el Consejo de la Judicatura Federal, designó a jueces.

Lo más grave es que jueces espurios están llevando casos judiciales de gran relevancia que podrían venirse abajo sin juzgar la culpabilidad o no de los acusados, esto debido a que fueron nombrados por el Poder Judicial de manera ilegal violando la ley orgánica de Yucatán.

El Consejo de la Judicatura Federal ha emplazado al Tribunal Superior del Estado y al Consejo de la Judicatura de Yucatán, para que responda por las acusaciones de haber nombrado a jueces, cuando por ley estaba impedido por ley, lo que pudiera generar la destitución, no solo de los jueces nombrados como Rodrigo Dajdaj y Silvia Pamela Cetina Bautista, quienes legalmente estarían usurpando funciones, sino también se podría destituir a los magistrados que permitieron estos nombramientos.

También, se les podría fincar daño patrimonial, debido a que desde octubre del año pasado están cobrando como jueces, cuando por ley nunca debieron de ser nombrados al haber un recurso legal sin resolver.

Asuntos como imputaciones y vinculaciones contra el primer caso de violencia vicaria o el homicidio de un hombre a golpes o el intento de despojo de 50 hectáreas de tierras en Hunucmá a un empresario extranjero, litigios que han sido presididos por los jueces Dajdaj Germón y Cetina Bautista, podrían caerse debido a que no tenían atribuciones para juzgar, ya que fueron nombrados de manera ilegal por el Poder Judicial de Yucatán.

El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y el Consejo de la Judicatura Estatal le mintieron de manera dolosa al Poder de Justicia de la Federación.

Las autoridades de impartición de justicia de la entidad negaron que jueces estén resolviendo asuntos legales sin que hubieran rendido protesta, violando la ley orgánica de Yucatán.

Mediante un documento oficial, informaron que ningún juez en Yucatán está trabajando al margen de la ley.

Asimismo, aseguraron que fueron nombrados con las atribuciones legales al hacer falta juzgadores en el sistema de justicia por la carga de trabajo.

Sin embargo, el propio organismo encargado de la impartición de justicia está actuando de manera dolosa, debido a que no solo impusieron a jueces, sino que ahora mintieron a la autoridad federal que está llevando un juicio por este caso.

En octubre pasado, el propio Tribunal Superior de Justicia informó públicamente que los jueces Rodrigo Dajdaj y Silvia Pamela Cetina Bautista, habían sido nombrados como jueces.

Ambos juzgadores se encuentran despachando en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).

El nombramiento se dio cuando ya había una medida cautelar por parte de un Juez de Distrito por el amparo 461/2023 juzgado 5 de distrito.

Mediante el cual desde a mediados del 2023 se suspendía el proceso de selección de jueces en Yucatán hasta que se resuelva de manera definitiva el amparo, sin embargo, a finales de ese año se nombró a jueces, cuando el Tribunal estaba imposibilitado por ley para hacerlo, es decir, violando un mandato judicial federal y pasando por alto la propia ley orgánica de Yucatán.

Los juzgadores legalmente estarían usurpando funciones y los casos que han presidido y emitido resoluciones se podrían venir abajo.

El amparo seguirá su curso y por parte de la defensa meterá recursos para demostrar la falsedad con la que está actuando el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán.

Los magistrados, fueron colocados en ese lugar para proteger a Vila Dosal y a la magia inmobiliaria que se ha apoderado de Yucatán, por ello nombran a jueces a modo sin importar violar la propia ley de Yucatán.

Tal como ha ocurrido con los nombramientos de jueces, los cuales están laborando al margen de la ley.