Incay, millonario contrato a Millet

• En cuestión de días, Ángel Pérez Medrano le adjudicó cuatro contratos cercanos a los 10 millones de pesos a la empresa Asfalsur, cuya injerencia sigue estando en manos de Mario Millet Encalada.

• Millet Encalada opera como el verdadero poder detrás del instituto, a partir de la captura del suministro asfáltico mediante su empresa ASFALSUR.

• El INCAY encargó a ASFALSUR todo el abanico de insumos críticos. Quien controla el suministro controla el ritmo de la obra

Redacción/Sol Yucatán

El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) atraviesa una de sus etapas más cuestionadas tras la revelación de una cadena de contratos que concentró, en cuestión de meses, casi diez millones de pesos, en favor de ASFALSUR, S.A. de C.V., empresa vinculada con el empresario Mario Millet Encalada. La historia no se explica solo con cifras: se explica por quién gana, cómo se fragmenta el gasto y quién firma.

En el papel, el INCAY tiene un director general formal: Ángel Antonio Pérez Medrano, cuya firma aparece en los contratos. En la narrativa pública, sin embargo, medios y analistas locales han sostenido que Mario Millet Encalada opera como el verdadero poder detrás del instituto, a partir de la captura del suministro asfáltico mediante su empresa ASFALSUR.

La afirmación no nace del aire: nace de contratos consecutivos, montos acumulados, anticipos repetidos y una dependencia operativa que coloca a un solo proveedor en el centro del programa carretero estatal.

Los documentos son claros. En 2025, el INCAY adjudicó a ASFALSUR cuatro contratos, GE-INCAY-ADQ-LP-JUR-020-2025, 021-2025, 022-2025 y 023-2025, para suministrar concreto asfáltico en caliente, mezcla asfáltica en frío, material pétreo premezclado y emulsión asfáltica destinados a la “Reconstrucción y Conservación de Carreteras de la Red Estatal”.

Cuatro instrumentos distintos, un mismo proveedor, la misma ventana de ejecución (del 14 de julio al 7 de diciembre de 2025) y la misma firma del funcionario público.

El resultado agregado es contundente: $9,145,440 pesos (IVA incluido). El contrato 020-2025 suma $3,712,000; el 021-2025, $3,340,800, el 022-2025, $631,040, y el 023-2025, $1,461,600.

Para cualquier observador, el patrón es inequívoco: el programa se partió en piezas que, juntas, conforman un solo paquete. Fragmentar para concentrar.

La maniobra administrativa no es ilegal por sí misma, pero sí es políticamente explosiva. Al dividir un mismo programa de suministro en contratos separados, el INCAY reduce la visibilidad del monto real, multiplica anticipos y diluye el escrutinio ciudadano. Tres de los cuatro contratos incluyen anticipos del 30%. Es decir, el Estado adelantó millones a un solo proveedor para garantizar entregas futuras. En un mercado sano, ese riesgo se reparte. Aquí, se acumula.

ASFALSUR, además, no es un actor desconocido. En portales de transparencia municipales aparece como proveedor recurrente, en notas periodísticas se le vincula con Mario Millet Encalada como principal accionista o responsable operativo. Los textos periodísticos no sustituyen a un acta constitutiva, pero sí fijan un contexto: ASFALSUR no es una empresa ocasional, es una pieza estructural del negocio del asfalto en Yucatán.

La crítica se vuelve más dura cuando se observa la dependencia técnica. El INCAY encargó a ASFALSUR todo el abanico de insumos críticos. Quien controla el suministro controla el ritmo de la obra. La carretera no avanza sin mezcla, la mezcla no llega sin el proveedor. En términos prácticos, ASFALSUR se convirtió en el cuello de botella del programa carretero 2025. Cuando eso ocurre, la relación deja de ser contractual y se vuelve política.

La figura de Mario Millet Encalada aparece entonces como el eje del relato. No porque exista una resolución judicial que lo nombre “director en la sombra”, sino porque la acumulación de contratos, la sincronía de plazos y la concentración de anticipos sostienen la percepción pública de que el verdadero control del asfalto, y con él, de la infraestructura vial, no pasa por la oficina del director formal, sino por el despacho del empresario beneficiado. Es la lógica del poder fáctico: manda quien suministra.

El INCAY ha intentado blindarse con formalismos. Todos los contratos hablan de bitácoras, de supervisión y de fianzas del 10%. Pero la evidencia pública de cumplimiento es mínima. No hay, en lo que se publica de manera accesible, actas de recepción, reportes de entrega, pruebas de calidad o cierres documentados que permitan verificar si los millones adelantados se tradujeron en material entregado en tiempo y forma. La opacidad no prueba delito, sí prueba desinterés por la rendición de cuentas.

La pregunta política, inevitable, no es si el procedimiento fue legal, sino a quién sirvió. Sirvió a ASFALSUR, que concentró casi diez millones en un solo ejercicio. Sirvió a un modelo que reduce competencia y eleva riesgos. Y sirvió, según han señalado medios, a Mario Millet Encalada, cuyo nombre aparece una y otra vez cuando se habla de asfalto, contratos y cercanía con el poder.

Mientras tanto, el director formal, Ángel Antonio Pérez Medrano, queda como el firmante visible de decisiones que, en la narrativa pública, otros capitalizan. Es el rostro administrativo de una política de compras que favoreció la concentración. En cualquier sistema de pesos y contrapesos, esa situación amerita explicación. Aquí hay silencio.

La infraestructura carretera no es un rubro menor. Impacta seguridad, movilidad y economía. Por eso, capturar el suministro no es un negocio cualquiera: es controlar el pulso del Estado. En Yucatán, el pulso del asfalto late al ritmo de ASFALSUR.

Este reportaje no acusa delitos, documenta patrones. No sentencia culpables, expone concentraciones. La suma de contratos, la repetición de anticipos y la dependencia de un solo proveedor explican por qué en la conversación pública se afirma que el verdadero encargado del INCAY no es quien firma, sino quien factura.

Y hoy, quien factura casi diez millones en asfalto, se llama ASFALSUR y se asocia en medios con Mario Millet Encalada.

En política pública, la percepción también gobierna. Cuando un instituto entrega el corazón de su programa a una sola empresa, la percepción es de captura. Y cuando esa empresa está ligada a un empresario señalado por su influencia, la percepción se vuelve escándalo. El INCAY puede refugiarse en la legalidad mínima, la sociedad exige transparencia máxima.

Porque al final, el asfalto no solo pavimenta carreteras. Pavimenta poder. Y en Yucatán, ese poder, según los contratos y lo que reportan los medios, tiene nombre y apellido.

En Yucatán ya no resulta extraño que, en la conversación política y empresarial, se señale a Mario Millet Encalada como un actor de poder fáctico que influye decisivamente en la asignación de contratos públicos.

De acuerdo con versiones reiteradas en el ámbito empresarial y político, el acceso a obra y suministro gubernamental se ha movido durante años bajo esquemas extraoficiales que incluyen condicionamientos económicos previos, conocidos históricamente como “diezmos” y hoy asumidos, según esos testimonios, como un peaje obligatorio para participar.

A ello se suman prácticas ampliamente denunciadas como la utilización de empresas “carnales”, razones sociales factureras o empresas formalmente constituidas pero operadas mediante prestanombres, mecanismos que permiten simular competencia y diluir responsabilidades.

En ese contexto se inscribe el caso de ASFALSUR, S.A. de C.V., una empresa que, aunque aparece en actas constitutivas y registros, es señalada en el debate público por haber mutado su control operativo hacia figuras interpuestas, mientras concentra contratos estratégicos.

El patrón no es aislado: es parte de un modelo de captura que, según estas versiones, explica por qué el flujo del asfalto, y del dinero público, termina siempre en los mismos circuitos de poder.